Funcionarios del Ministerio Público exigen al Fiscal Nacional investigar las denuncias contra fiscal regional Pérez Calaf

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (FENAMIP) declaró que “actualmente, es de conocimiento público, la investigación penal y administrativa que debió enfrentar durante meses el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias y que concluyó con una solicitud de remoción.  Sin embargo, al interior de la organización, los funcionarios acusan falta de igualdad en el trato que el Fiscal Nacional,  Jorge Abott, otorga a las denuncias que pesan sobre los fiscales que están bajo su cargo.

Tal es el caso del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, sobre quien recaen una serie de denuncias relacionadas “con faltas graves a la probidad administrativa, prácticas antisindicales,  discriminación de género y omisiones en las investigaciones relacionadas con prácticas de nepotismo”.

La Federación afirma que, hace meses, se realizaron las denuncias a la autoridad nacional. Sin embargo, a la fecha desconocemos que se haya iniciado alguna indagatoria dentro del Ministerio Público. Todas estas situaciones  han quedado sin sanción y, en algunos casos, se evidencia la clara negativa  a investigar las mismas, lo que consideramos un claro abandono de sus funciones.

Es por ello, que los funcionarios ratifican la necesidad de contar con un mecanismo de control externo para el Ministerio Público, cuya fiscalización garantice una investigación objetiva, ante las denuncias realizadas por miembros de la propia organización.

Esta petición ha sido realizada por los trabajadores de la entidad en innumerables ocasiones, reuniéndose, incluso, en julio con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien no fue capaz de entregarles una respuesta clara y definitiva.

Esta situación de autonomía que goza el Ministerio Público, provoca, además, que las denuncias realizadas por los dirigentes de la Institución, tengan menos valor que una efectuada por un fiscal adjunto, como es el caso del denominado “desastre de Rancagua””, señala Fabio Trujillo, presidente de FENAMIP, quien además enfatiza que “el no  acoger las denuncias de las asociaciones, evidencia una desigualdad en el trato y una desvalorización del rol sindical”.

En la actualidad, es el Fiscal Nacional quien decide desestimar el inicio de una investigación administrativa contra un fiscal regional cercano, sin importar la naturaleza ni la gravedad de los hechos denunciados, es por ello que los trabajadores hacen un llamado urgente al Gobierno, para que exista una regulación en esta materia.

Por su parte, Paulina Ruiz, vicepresidenta de la FENAMIP indica que “estamos en conocimiento como directorio de una serie de denuncias y de cómo éstas se han transmitido a la autoridad nacional, en cuanto a situaciones anómalas que están ocurriendo en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente”.

La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (AFFREMSUR) plantea que “la falta de controles externos en el Ministerio Público ha generado que, las decisiones sean discrecionales. No hay un pronunciamiento sobre la legalidad de ciertas decisiones administrativas y, por lo tanto, se ve favorecida la asimetría en el trato”.

Paulina Ruiz advierte que, por ejemplo, “se puede constatar la fuerza y dedicación con la que se está investigando a un fiscal regional, lo que nos parece bien, porque evidentemente todas las denuncias deben ser investigadas con celo, pero también está la situación del fiscal Pérez Calaf (con graves denuncias de parte de su directorio regional y sobre las cuales no se ha iniciado ninguna indagatoria y tampoco tenemos respuesta, a la fecha, de cuál será la posición de la autoridad nacional sobre la dinámica que está denunciando la respectiva asociación de base y, eso, nos parece complicado, porque el Ministerio Público es un organismo del Estado y debe ser fiscalizado externamente para que se eviten este tipo de situaciones donde, al final, son las autoridades de turno son las que definen qué es lo que se investiga y qué no”.