Josué Ormazábal, abogado de Familia y candidato a diputado: “Urge terminar con la corrupción y la violación de D.D.H.H. detrás del Sistema chileno de Protección de la Infancia”

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

Josué Ormazábal, es abogado de familia, especializado en Derechos Humanos de la Infancia, ex candidato a Defensor de la Niñez y actual candidato a diputado por el distrito 13 (La Cisterna, San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque), por Unión Patriótica (UPA) y en la papeleta figura con el código AM – 89. Uno de los temas que, particularmente le preocupan, es la urgente necesidad de implementar medidas de Justicia Transicional en beneficio de la niñez en nuestro país.

De seguro, usted se preguntará, ¿de qué estamos hablando? “Cápsula Informativa” conversó con el candidato Ormazábal para conocer más detalles y profundizar en torno a sus planteamientos ligados a los derechos de la infancia, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Al respecto Ormazábal señala que “Si podemos resumir la deficiencia que tiene el sistema de protección de la infancia en Chile, pasa por la mirada que se le da a la intervención, es por eso, que para poder avanzar hacia una verdadera protección general y especial de la niñez, es imprescindible reconocer que el actual sistema consiste en una violación de los D.D.H.H. de los niños institucionalizados por la vía de su secuestro institucional con fines de lucro”.

¿Y cómo es, a su juicio, esa mirada?

– En el diseño mismo del Sistema de Protección que incluye al nuevo servicio “Mejor Niñez” sigue operando un enfoque autoritario y mercantilista, caracterizado por la violencia simbólica, donde el Estado elude hacerse cargo del hecho de que, en la mayoría de los  casos de familias que son denunciadas por vulnerar los derechos de sus hijos, dichas vulneraciones suelen ser falsas, o si son reales, en realidad son una consecuencia directa de la desigualdad social y falta de acceso de esas familias a derechos económicos y sociales, como trabajos dignos, educación, salud, habitación, etc. Así es como, cuando los organismos denuncian e intervienen a esas familias, atribuyéndoles toda la responsabilidad por los eventuales hechos de  vulneración de los derechos de los niños que están a su cargo, lo que en el fondo está haciendo el Estado, es no hacerse responsable de que esas vulneraciones son consecuencia de un modelo social desigual, arbitrario y que instrumentaliza  la protección infantil.

Al respecto, el abogado, Josué Ormazábal señala que existe la necesidad  urgente de que se cree una instancia especial para investigar las denuncias de violación de D.D.H.H. de la niñez, realizadas por familias que dicen haber sido víctimas de sustracción de sus hijos o niños a su cargo y que apuntan al ex Servicio Nacional de Menores, hoy bajo el nombre de “Mejor niñez”  y su red de colaboradores, como los principales responsables de estas violaciones de derechos.

Explíquenos, ¿en qué consiste esta propuesta en términos concretos?

Como en mi opinión, lo que opera  detrás de la forma en que intervienen los tribunales de familia, la Red de Colaboradores del ex  Sename y las residencias, en realidad es una forma de secuestro institucional que, además, permite la generación de lucro por parte de los organismos que lo integran,  pues, en vez de aplicar medidas tan extremas como la internación o, incluso, la adopción de un niño, en muchos de esos casos, habría bastado con invertir en la reparación de esa familia y con darles acompañamiento y  acceso  especial a ciertos derechos económicos y sociales, para superar la crisis específica que  generó la vulneración  denunciada. Es, desde esa perspectiva, que exigimos que el Estado ponga freno inmediato a la situación de secuestro institucional que afecta  a esos niños internos en residencias, para lo cual debe crear una comisión que permita a las familias que han sido víctimas, interponer las respectivas denuncias en contra el sistema, se las investigue y busque soluciones colaborativas entre los tribunales de familia, los organismos colaboradores y las propias familias afectadas por estas violaciones de D.D.H.H. y del debido proceso y, así, poder modificar la medida de protección al corto plazo, sustituyéndolas por otras de menor intensidad y evaluando la des – internación de los niños que no ameriten estar separados de sus familias de manera permanente.

¿Qué ocurriría, si en un caso determinado la familia efectivamente no estuviera en condiciones de poder brindar protección y cuidados al niño que se encuentra institucionalizado?, ¿debería ser dado en adopción?

– Tanto la internación de un niño en residencias y, con mayor razón aún, la adopción, son de alguna forma violaciones del derecho de un niño a la protección de la continuidad de sus relaciones afectivas con sus adultos responsables, así es como, paralelamente a la creación de la comisión de des-internación, el Estado debería adecuar su normativa a lo que, hoy en día, exigen los Estándares Internacionales de D.D.H.H. de la infancia y con este objetivo, debería crear un programa  que permita a las familias chilenas, que deseen participar en la des-internación, protección y crianza de niños institucionalizados, y  solicitar a los Tribunales de Familia que un determinado niño, les sea entregado para asumir su cuidado y representación legal de forma permanente, ya sea, con o sin la intención de, más delante, adoptar a ese menor de edad. Un gran desafío será entender que la adopción, sólo es recomendable, como última alternativa, pues lo que hay que privilegiar es que el niño conserve en la medida de lo posible, sus vínculos afectivos más relevantes, aun cuando no viva con su familia de origen.

En estos casos, dichas familias alternativas deberían acreditar su idoneidad mediante exámenes psicosociales. Y, en la eventualidad que las circunstancias lo ameriten y/o permitan, se podrá mantener respecto de la familia de origen del niño, una relación de contacto que proteja la continuidad de sus relaciones afectivas y podrán también sus progenitores, resultar obligados a sufragar o contribuir con los gastos de manutención de dichos niños. Esta medida es posible de conformidad a nuestra legislación común, sin necesidad de promulgación de nuevas leyes.

En concreto, la idea es que toda familia chilena pueda postular si desea asumir la guarda de un niño y hacer con ello posible su egreso de una residencia. Esto, con aporte económico del Estado para subsidiar los gastos de mantención de ese niño.

Propuesta de programa de orientación pública en DD.HH. de la Niñez

Usted propone que exista un programa especializado en Derechos de la Niñez, en los principales Ministerios, como es el caso del Ministerio de Justicia, de Educación, de Salud, del Interior, por ejemplo. También en las policías, los municipios y en las gobernaciones.

-Así es.  Como ya señalé, lo más importante es que seamos conscientes de que en Chile, estamos aun pensando en los niños, con las mismas lógicas que operaban hace cien años o más, es decir, que aún son vistos, como sujetos secundarios, pasivos, dependientes y a los que no les queda más que resignarse a lo que los adultos decidan, aun cuando la vida de la que estamos hablando sea la de ellos y no la nuestra. Es por eso, que para fortalecer una nueva cultura centrada en los Derechos Humanos de la Niñez, es fundamental la implementación de un programa de promoción de esos derechos, cuya  principal función sería dar orientación a los funcionarios públicos y/o particulares, respecto de cómo proceder ante situaciones que, aparentemente, pudieran constituir amenaza o vulneración de derechos de las personas menores de edad. Así, esta instancia permitiría ir filtrando las denuncias, y evitar, en todo cuanto sea posible, que éstas sean judicializadas y al mismo tiempo buscar, en su reemplazo, derivaciones a programas sociales u otro tipo de intervenciones más acordes al caso particular.