EDITORIAL: El enemigo interno
Por: Equipo Cápsula Informativa
Lo que se viene en La Araucanía puede convertirse en una escalada de violencia cada vez más grave y convertirse en una situación en la que el Gobierno de turno no tenga el más mínimo control en la macrozona Sur.
Al deliberado ataque contra la Ministra del Interior, Izkia Siches, hace unos días y que tuvo que salir, tras el recibimiento con disparos que le dieron comuneros activistas, ahora hay otro antecedente preocupante y que da cuenta de que, de seguro, nada bueno se puede venir si no se aplica mano dura a los terroristas, a los activistas, a quienes andan lanzando amenazas.
La werkén territorial de la Asociación Mapuche Autónoma de Recuperación de Tierras de Loncoche, Verónica Cifuentes, dijo que de no haber en los próximos seis meses una intención clara del Gobierno de retirar de dicho sector las empresas forestales, procederán a controlar territorialmente la comuna.
La mujer, ha dicho que estas 10 comunidades le están dando un plazo al Gobierno: un plazo de 6 meses. Hasta lo repitió muy campante frente a los medios de comunicación. “Si el Gobierno no nos responde cómo debe ser, o no responde nuestras demandas, estas comunidades entrarán a hacer control territorial apoyados por todas las ORT con las que tenemos contacto”.
Pero, como si eso fuera poco, hasta afirman que respaldan el uso de armas de fuego por parte de algunos comuneros de Temucuicui para evitar el ingreso de la Ministra, Siches a la zona.
Beneficios carcelarios: Caso Luchsinger Mackay
Durante la jornada de ayer, Gendarmería informó que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay (perpetrado ocurrido en enero de 2013) recibirán a partir del próximo 27 de marzo los beneficios de salida dominical y salida trimestral.
Para algunos, esta medida puede resultar cuestionable, pero se trata de beneficios carcelarios a los que los reos pueden acceder.
Un dato complementario es recordar que ambos Trancal estuvieron recluidos desde fines de febrero de 2019 por sus condenas de incendio con resultado de muerte, luego de estar prófugos.
El otorgamiento de este beneficio generó polémica en el ambiente político, al punto que el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, anunció el envío de oficios al Presidente Gabriel Boric, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y a Gendarmería para que se pronuncien sobre la entrega de los beneficios carcelarios para ambos comuneros.
Schalper dijo que “la decisión de Gendarmería no es un puramente técnica, sino que responde a políticas que vienen dadas desde el Ministerio de Justicia, quien a su vez depende del Presidente de la República”.
