Presentan querella criminal ante actuar gravemente irregular de Gendarmería que sanciona a funcionarios mediante notificaciones “brujas”

Ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de prevaricación, situación que, en la práctica, terminó afectando al funcionario de Gendarmería, Rodrigo Alejandro Orellana Loaus, sobre quien recayó una sanción disciplinaria que nunca le fue notificada.

En la causa (ROL O-7581-2024/RUC 2410030827-0) presentada por el abogado, Fernando Leal, se solicita que varios funcionarios de Gendarmería declaren, entre ellos, el director nacional de la institución, la jefa jurídica y el abogado del servicio que se prestó para inventar una notificación que nunca se efectuó.

LA TRAMA

Rodrigo Orellana trabaja en Gendarmería y fue objeto de un sumario administrativo ordenado por la Dirección Nacional de ese servicio, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 2114, con fecha 21 de marzo de 2017. Hay que señalar que, en el mismo sumario, se le dio la calidad de inculpados a los funcionarios Fernando Rodrigo Campos Gajardo, Gonzalo Segundo Pacheco Avendaño, Yhonson Alfonso Elías Parra González, Rodrigo Alejandro Sepúlveda Baeza, Rafael Antonio Cepeda Valdés y Humberto Orlando Carvajal Cerpa (todos representados por el abogado, Fernando Leal).

¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ?

A estos funcionarios se les sancionó con medidas disciplinarias en mérito de la Resolución Exenta N° 1653, de fecha 12 de mayo de 2023, del Director Regional de Gendarmería de la Región del Maule. “El problema es que ninguno fue válidamente notificado de dicho acto administrativo, actuar malicioso e intencionado realizado por funcionarios de Gendarmería y que en ello contaron con el beneplácito de la Contraloría Regional del Maule. Al no serles notificada la resolución sancionatoria, ninguno de los señalados inculpados pudo hacer uso de los recursos legales que les franquea el Estatuto Administrativo para su defensa”, afirma el abogado, Fernando Leal.

Todos tienen, como decíamos, la calidad de inculpados en el sumario administrativo ordenado instruir en mérito de la Resolución Exenta N° 2114, de fecha 21 de marzo de 2017, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile y, en ese proceso administrativo le otorgaron poder a los abogados, José Luis Andrés Alarcón y Jaime Omar Morales Toledo.

En enero del año pasado, es decir, de 2023, los funcionarios afectados cambiaron de abogado y asumió su representación, Fernando Leal, quien hizo una presentación al Director Nacional de Gendarmería en nombre de su defendido, Rodrigo Alejandro Orellana Loaus, alegando en el proceso administrativo señalado prescripción de la acción disciplinaria, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 158 y 159 del Estatuto Administrativo, ello toda vez que, transcurrió largamente el plazo legal, considerando que el acto administrativo que ordenó el sumario es de fecha 21 de marzo de 2017, es decir, transcurrieron más de 6 años.

En el texto de la querella, el abogado Fernando Leal expresa de manera textual que “el Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, don Víctor R. Provoste Torres, dando respuesta a mi presentación, remitió vía correo electrónico el martes 01 de agosto de 2023, el Oficio Reservado N° 603, de fecha 31 de julio de 2023, en el cual, rechaza mi requerimiento de declarar la extinción de la responsabilidad administrativa de mi representado”. Agrega que, en la respuesta de Provoste, “Asimismo, se destaca que la situación disciplinaria del señor Rodrigo Alejandro Orellana Loaus, quedó definitivamente establecida, a través de la Resolución Exenta N° 1.653, del 12 de mayo del 2023, de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Región del Maule, la cual fue legalmente notificada al entonces patrocinante del señor Orellana Loaus, también por medio del envío de carta certificada del 29 de mayo del 2023. Resulta relevante indicar que la Entidad Fiscalizadora ha considerado que el momento hasta el cual se computa el término prescriptivo, corresponde hasta la emisión del acto terminal”.

Recién el 1 de agosto de 2023, tras la respuesta entregada por Provoste, los afectados se enteraron de que existía un acto terminal del sumario administrativo donde figuraban en calidad de inculpados y, además, tomaron conocimiento de que ese acto les habría sido notificado a su anterior abogado en Santiago. Esto no es menor, porque significa que Gendarmería no habría cumplido con lo señalado en el Artículo 131 del Estatuto Administrativo, al no notificar, ni personalmente, ni por carta certificada previas búsquedas, a cada uno de los inculpados, como corresponde.

El abogado, Fernando Leal asegura que “de manera extraña y sospechosamente, la Dirección Regional del Maule de Gendarmería (instancia administrativa que dicta la resolución sancionatoria), teniendo los domicilios de todos los funcionarios inculpados, los cuales residen en la Región del Maule, no los notificaron en sus domicilios, sino es la Dirección Nacional de Gendarmería, con domicilio en Santiago en calle Rosas 1264, quien envía sendas cartas certificadas al anterior abogado que tenían los inculpados, dejándolos en la total indefensión, quienes no pudieron presentar recursos de reposición, con apelación en subsidio, respecto de las medidas aplicadas”.

 

CONTINÚAN SIN AJUSTARSE A LA VERDAD

La historia no queda ahí, sino que siguen las situaciones anómalas. El abogado, Fernando Leal se contactó el 1 de agosto de 2023 con el jurista que, en un comienzo llevaba la causa (Jaime Omar Morales Toledo -que actuaba con delegación de Poder del abogado José Luis Andrés Alarcón), quien le informó que, desde fines de julio de 2021, ellos ya no tenían la oficina ubicada en Ahumada 312, oficina 424, en Santiago.

Leal sostiene que “resulta imposible que Gendarmería les hubiera notificado el acto terminal del sumario en mayo de 2023, y si es que realizaron efectivamente las búsquedas antes de remitir la carta certificada, es de claridad meridiana que faltaron a la verdad en la narración de los hechos sustanciales en el estampado respectivo que da cuenta de las búsquedas”.

En el texto de la querella se manifiesta en forma textual que “Gendarmería de Chile, por su parte, para validar su actuar malicioso, insistió en que la antes mencionada Resolución Exenta N° 1.653, del 12 de mayo del 2023, de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Región del Maule, que le aplica sanciones administrativas a los defendidos, fue válidamente notificada en los domicilios registrados por el anterior abogado de los inculpados, don José Luis Andrés Alarcón, y que dichas notificaciones se habrían practicado tanto en el domicilio de Ahumada 312, oficina 424, Santiago, como en el de Avenida Apoquindo N° 3669, Piso 17, de la comuna de Las Condes. La Contraloría Regional del Maule, por su parte, haciéndose eco de la falsedad construida por Gendarmería desestimó nuestro reclamo de ilegalidad, mediante Folio: E444576/2024, de fecha 29 de enero de 2024, del Contralor Regional del Maule, don Carlos Rodrigo Basáez Valdebenito, quien, junto a su equipo jurídico y pese a sus deberes legales, soslayó que, en la realidad, los mandantes nunca fueron notificados y se les dejó en total indefensión”.

El abogado, Fernando Leal indica en la querella que “dado que Gendarmería insistió en que practicó las notificaciones al anterior abogado de mis representados por carta certificada, esta parte pudo corroborar que ya el  1 de diciembre de 2021, y como consta en Minuta 1817/2021 del Encargado (S) de la Oficina de Responsabilidad Funcionaria de Gendarmería de Chile, dirigido a la Encargada de la Oficina de Procedimientos Disciplinarios, se sabía que el domicilio de Ahumada 312, oficina 424, Santiago, ya no correspondía al del abogado José Luis Andrés Alarcón, toda vez que como señala dicho documento “adjunto remito a Ud., Carta Certificada devuelta por la Oficina de Correos de Chile, sucursal Plaza de Armas, la cual fue enviada al abogado José Luis Andrés Alarcón”.

Cabe señalar que las cartas certificadas enviadas a los domicilios de Ahumada 312, oficina 424, Santiago y de Avenida Apoquindo N° 3669, Piso 17 en Las Condes, con las cuales se notificó, supuestamente la Resolución Exenta N° 1.653, del 12 de mayo del 2023, de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Región del Maule, que le aplica sanciones administrativas a los funcionarios, de acuerdo con los registros de Correos de Chile, fueron devueltas a la sucursal Plaza de Armas. ¿Y por qué? Porque en dichos domicilios no había moradores. Además, ambas cartas fueron retiradas el 30 de junio y 11 de agosto (de 2023) retiro que hizo Luis Ortega, identificado en Correos con el código CL84, quien es Estafeta de Gendarmería de Chile.

Leal de manera categórica comenta que “Gendarmería hace creer que notificó las sanciones por cartas certificadas enviadas al abogado anterior que tenían mis representados, cuando esas mismas cartas nunca llegaron a destino y ellos mismos terminan retirándolas de las oficinas de Correos de Chile, por lo que sabían y saben que en los hechos la notificación nunca se produjo. Esta es la falsedad manifiesta en que han incurrido funcionarios de Gendarmería de Chile, con el aval de la Contraloría Regional del Maule”.