Funcionarios del Ministerio Público exigen urgencia en aprobación de proyecto que fortalece la institución frente al avance del crimen organizado

En el marco de la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, la presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público, Paulina Ruíz Tapia, y el tesorero de AFFREMSUR, Cristián Vivallos, expusieron la urgente necesidad de aprobar el proyecto de ley que busca fortalecer la dotación y condiciones laborales dentro del Ministerio Público.

Ambos dirigentes destacaron la crítica sobrecarga laboral que enfrentan los funcionarios, especialmente en un contexto de creciente criminalidad y delitos de alta connotación. “Este proyecto es vital para mejorar la atención a víctimas y testigos, y reforzar la persecución penal. No podemos seguir funcionando con la misma dotación mientras aumentan las exigencias del sistema penal”, subrayó Paulina Ruíz.

Vivallos complementó señalando que el 82% de la planta institucional está compuesta por funcionarios profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, quienes han debido absorber los efectos de múltiples reformas legales sin un aumento proporcional en los recursos humanos. “Agradecemos la urgencia otorgada por el Ejecutivo a este proyecto, pero advertimos que hay demandas históricas que aún no están resueltas”, añadió.

Entre las principales solicitudes destacan:

La implementación universal de la asignación profesional, actualmente restringida a ciertos estamentos, lo cual ha generado desmotivación entre trabajadores calificados.

El establecimiento de un incentivo al retiro equiparable al del Poder Judicial, tanto para fiscales como para funcionarios.

La revisión de la carrera funcionaria, especialmente en el caso de los abogados asistentes, quienes hoy tienen su ascenso limitado por reformas previas, pese a su alto nivel de especialización.

Ambos expositores hicieron un llamado a la autoridad a conformar a la brevedad una mesa de trabajo tripartita, entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Nacional y las asociaciones de funcionarios, para abordar las materias que quedaron fuera del proyecto en tramitación.

“El combate contra la delincuencia y el crimen organizado no puede ser eficaz si no fortalecemos desde dentro al Ministerio Público. Esto no es solo una demanda laboral: es una demanda ciudadana por justicia y seguridad”.