Falsificación de resolución y encubrimiento estatal: la trama tras destitución de los capitanes de Gendarmería Leandro Tegler y Rodrigo Luna
Una investigación judicial y múltiples denuncias internas revelan una compleja red de irregularidades al interior de Gendarmería de Chile, donde altos funcionarios habrían manipulado procedimientos administrativos para fabricar la destitución de dos dirigentes gremiales: los capitanes Leandro Tegler Aguilera y Rodrigo Luna Luna, reconocidos por denunciar actos de corrupción y malas prácticas institucionales dentro del sistema penitenciario.
La funcionaria Elizabeth Ubilla Contreras, imputada actualmente por violación de secretos (artículos 246, 246 bis y 247 del Código Penal), es señalada como la autora material de una resolución administrativa falsificada, documento que sirvió de base para concretar la expulsión irregular de los oficiales.
UNA DESTITUCIÓN FABRICADA
De acuerdo con los antecedentes que se manejan de la causa, ElizabethUbilla tenía prohibición legal expresa de intervenir en el sumario administrativo que afectaba a los capitanes Tegler y Luna. Pese a ello, influyó directamente en el proceso, redactando la resolución final y gestionando su tramitación, sin contar con competencia para hacerlo. Todo esto, bajo las directrices del coronel, Renán Sepúlveda Aldunate, quien —según consta en la investigación— reconoció conocer dichas prohibiciones legales y aun así ordenó su participación.
Durante el desarrollo del proceso se acreditó que la firma contenida en el acto administrativo —supuestamente del entonces Director Nacional de Gendarmería— fue falsificada. El propio Director Nacional de la época negó haber firmado el documento en cuestión, lo que permitió confirmar que la resolución que ordenó la destitución de los dirigentes no tenía validez, ni origen legítimo.
Asimismo, se estableció que la abogada Elizabeth Ubilla Contreras, quien confeccionó la resolución, se negó a que en el texto aparecieran sus iniciales o marca de responsabilidad administrativa, con el fin de ocultar su participación directa en la falsificación del documento.
Fuentes institucionales sostienen que este acto no fue aislado, sino parte de una maniobra coordinada de encubrimiento y persecución gremial, dirigida a neutralizar a los funcionarios que denunciaron corrupción, tráfico de influencias y manipulación administrativa dentro de Gendarmería.
EL RECHAZO AL SOBRESEIMIENTO
El pasado 10 de octubre de 2025, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago celebró una audiencia de sobreseimiento en la causa RUC 2010046953-8, RIT 17036-2020, donde Ubilla figura imputada junto a otros funcionarios. La audiencia fue presidida por el magistrado Ponciano Sallés, quien rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa, representada por el abogado Matías Bustos, considerando que subsisten antecedentes graves que ameritan mantener abierta la investigación.
La fiscal del caso, Eugenia Duffau, advirtió que los hechos “involucran la utilización indebida de información reservada, la falsificación de actos públicos y la ejecución de actos administrativos carentes de legitimidad”.
ROBO DE PRUEBAS Y ENCUBRIMIENTO ESTATAL
Además de la falsificación de la resolución, distintas declaraciones y registros apuntan a que Ubilla habría participado en la sustracción o manipulación de pruebas judiciales vinculadas a denuncias por corrupción al interior de la institución. Estas acciones, sumadas al encubrimiento de altos mandos, configurarían un patrón de persecución y ocultamiento estatal orientado a proteger a funcionarios con poder jerárquico.
“El objetivo fue silenciar a quienes denunciamos corrupción dentro de Gendarmería. Manipularon sumarios, destruyeron evidencias y falsificaron resoluciones con total impunidad”, declaró el ex capitán Leandro Tegler Aguilera, quien junto a su colega Rodrigo Luna Luna continúa impulsando acciones judiciales y gremiales para esclarecer los hechos y restablecer la verdad.
IMPACTO INSTITUCIONAL Y SILENCIO OFICIAL
Hasta ahora, Gendarmería de Chile no ha emitido declaración oficial sobre las acusaciones ni sobre la autenticidad del documento falsificado. Tampoco se han informado sanciones disciplinarias internas hacia los funcionarios implicados en la confección o ejecución del acto administrativo adulterado.
Expertos en derecho administrativo consultados señalan que, de confirmarse judicialmente la falsificación y las órdenes irregulares del coronel Sepúlveda, se configuraría un delito de falsificación de instrumento público y abuso de poder, con posibles responsabilidades penales y administrativas para todos los involucrados, tanto autores materiales como encubridores.
Diversas organizaciones sindicales y de derechos laborales han solicitado la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Justicia, para revisar la legalidad de los actos administrativos derivados del documento falsificado y determinar si existió una cadena de mando que avaló la maniobra.
UNA CAUSA QUE SIGUE ABIERTA
A más de tres años de los hechos, la causa continúa bajo investigación penal en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Los dirigentes afectados recalcan que su lucha no es sólo por justicia individual, sino por la transparencia institucional y la defensa de los derechos gremiales en el Estado.
“Lo que está en juego no es sólo nuestra honra, sino la integridad del sistema público. Si se permite falsificar una resolución para eliminar dirigentes, nadie dentro del Estado está seguro”, advirtió Tegler.
El caso se ha transformado en un símbolo del uso indebido del poder administrativo como herramienta de persecución interna, revelando las falencias de control y responsabilidad en las instituciones públicas chilenas.
