Declaración Pública de la Corporación Chilena de la Madera ante escalada de violencia en la Macrozona Sur

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) condena enérgicamente la escalada de hechos de violencia registrados en los últimos días en la Macrozona Sur, que han afectado a trabajadores y empresarios forestales, agricultores y comunidades rurales en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Estos ataques —el atentado incendiario ocurrido ayer en Contulmo, en el que resultaron destruidas camionetas y maquinaria forestal y los cuatro atentados perpetrados en la zona rural de Carahue durante el fin de semana— confirman que la violencia en el sur de Chile no ha disminuido ni se encuentra bajo control, pese a la vigencia del Estado de Excepción.

En menos de una semana se han registrado cinco ataques incendiarios, con pérdidas superiores a $2.500 millones, que afectan a empresas, contratistas y trabajadores que cumplen un rol clave en el desarrollo de las regiones del sur de Chile. Desde 2014, el sector forestal acumula más de 500 atentados incendiarios, a los que se suman los hechos que han golpeado a la agricultura, el transporte y la salmonicultura. Esta violencia reiterada erosiona la seguridad y el empleo, genera temor entre las comunidades y asfixia las oportunidades de progreso en una zona que necesita estabilidad, no miedo.

La presencia activa de grupos organizados con capacidad de fuego, logística y reivindicaciones ideológicas, evidencia la existencia de estructuras criminales que operan con un alto grado de impunidad. El Estado debe enfrentar y desarticular estas organizaciones, dotando a las policías y al Ministerio Público de herramientas legales y operativas adecuadas para combatir una violencia que ya presenta rasgos propios del crimen organizado.

La situación adquiere un carácter aún más crítico frente al inicio de la temporada de incendios, donde la acción de estos grupos aumenta el riesgo de siniestros intencionales en un contexto de altas temperaturas y déficit hídrico, con posibles consecuencias humanas, ambientales y económicas devastadoras.

La violencia rural –que golpea a todas las actividades productivas sin excepción- representa una amenaza nacional, que socava la paz social, la confianza institucional y el desarrollo regional. Su superación exige respaldo político transversal, coordinación efectiva y visión de Estado, para devolver la tranquilidad a las familias del sur y asegurar condiciones básicas de vida y trabajo.

Chile no puede normalizar la violencia ni aceptar la indiferencia como respuesta. La seguridad es el punto de partida del desarrollo: sin seguridad, no hay futuro para el sur de Chile ni para el país.

Rodrigo O’Ryan Blaitt 

Presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma)