Gobierno de Boric se trata de desmarcar de Ley Naín-Retamal: cuando no les conviene retroceden
El intento de desmarque del gobierno de Gabriel Boric respecto a la Ley Naín-Retamal responde a una profunda crisis política dentro de su coalición, gatillada principalmente por el fallo judicial del caso Gustavo Gatica en enero de 2026.
Aunque el Ejecutivo promulgó la ley en 2023, hoy busca marcar distancia. ¿Por qué?
La reciente absolución de Claudio Crespo, el excarabinero acusado de disparar los proyectiles que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019, ha provocado una ola de indignación en la base de apoyo del gobierno.
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El dilema judicial: Aunque el tribunal argumentó falta de pruebas, sectores del oficialismo y organismos de DD.HH. sostienen que la Ley Naín-Retamal ha creado un ambiente de impunidad al fortalecer la tesis de la “legítima defensa privilegiada”.
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La reacción de Boric: El Presidente calificó el fallo como un “desgarro” y cuestionó la proporcionalidad de la fuerza, intentando empatizar con las víctimas de trauma ocular y distanciarse de una ley que ahora es vista como un obstáculo para la justicia en casos del estallido social.
La ley ha generado un quiebre histórico entre las dos almas del gobierno:
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Frente Amplio (FA) y Partido Comunista (PC): Han endurecido su discurso, calificando la ley de “irresponsable” y afirmando que el gobierno no debió promulgarla. Buscan recuperar su identidad ligada a la defensa de los derechos humanos.
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Socialismo Democrático (PS y PPD): Ministros como Carolina Tohá han defendido la gestión de seguridad, acusando al FA y al PC de “deslealtad” y de “no haber aprendido nada” sobre la responsabilidad de gobernar.
Al inicio de su mandato, el gobierno giró hacia una agenda de seguridad más dura para responder a la crisis de delincuencia, lo que incluyó el apoyo a esta ley. Sin embargo, al acercarse el fin de su período (marzo de 2026), el Ejecutivo enfrenta el costo político de ser asociado con una normativa que sus propios partidarios consideran una “ley de gatillo fácil”.
