Ex funcionario del Ministerio Público obtiene a su favor sentencia por despido injustificado y acusa falta de control sobre órgano persecutor

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

Martín Silva Lara, hasta marzo de 2016, desarrolló con normalidad sus labores como administrador en la Fiscalía Local de Río Bueno. Sin embargo, el escenario cambió cuando el, entonces, recientemente nombrado Fiscal Regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, propuso desvincularlo aplicando  un artículo de la Ley Orgánica de la institución,  que se asimila al despido por necesidades de la empresa del Código del Trabajo, pero con algunas condicionantes como un efectivo cambio de perfil en el  cargo.

Silva Lara, consciente de haber sufrido una arbitrariedad, llevó el caso al Tribunal Laboral de Río Bueno, donde el 23 de agosto del 2016, obtuvo una sentencia por despido injustificado.

Por su parte, el Ministerio Público, a traves del Consejo de Defensa del Estado, interpuso un recurso de nulidad sobre dicho fallo, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, el 21 de octubre de 2016, quedando así confirmada la sentencia de primera instancia a favor de Silva.

El ex funcionario del Ministerio Público, asegura que “es necesario que se revisen todas las desvinculaciones ejecutadas durante el período del actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Quiero hacer público mi caso, ya que, recurrí, en su momento, al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, esperando anulara esta medida de despido que, en definitiva, además de ser arbitraria, me generó un daño personal y familiar irreparable”.

Martín Silva plantea que “ninguno de mis argumentos fue considerado por el Fiscal Nacional. Esta vez, y a la luz de lo ocurrido al Fiscal Emiliano Arias, esperamos ser oídos y que se conozcan las consecuencias de una autonomía mal entendida que, muchas veces, se convierte en abusos contra los trabajadores”.

Añade que “el Fiscal Regional, Emiliano Arias, tiene razón cuando señala que el Ministerio Público no debe estar ajeno a controles externos. Todos estos abusos, ocurren, principalmente, porque las  autoridades de la Fiscalía  están exentas de una fiscalización objetiva y rigurosa de sus decisiones administrativas, especialmente, en lo laboral y en las finanzas”.

Martín Silva recalca que “esto lo señalo en mi calidad de ex administrador de una Fiscalía. Es impresentable que un Servicio del Estado que ejerce la persecución penal  funcione de esta manera, dando pie a tantas  arbitrariedades, persiguiendo, incluso, a sus propios miembros”.

Cabe mencionar que el denunciante representa a un grupo de ex funcionarios desvinculados del Ministerio Público, quienes a través de un documento que hicieron llegar al Ejecutivo, hicieron ver al actual Gobierno, cuál es  la situación de indefensión  que  viven los trabajadores  al interior de la institución.

“Por un tema económico y  por tener que enfrentarse al Consejo de Defensa del Estado,  no todos los funcionarios pueden llegar a un tribunal a defenderse. Como no podemos reclamar en la Contraloría  General de la República, tenemos que asumir todos los costos, financieros y personales nosotros mismos. Espero que con los cambios que demanda el país se efectúen las reformas  legales que requiere el Ministerio Público”, indica Martín Silva agregando que “ninguna institución puede funcionar, adecuadamente, siendo juez y parte en todos los ámbitos de acción. Una cosa es la persecución penal,  pero, otra muy distinta, son las persecuciones, abusos y maltratos”.