Abogado Dagoberto Rainuava avala dichos de Concejala Stipicic sobre despidos arbitrarios de docentes

El abogado, Dagoberto Reinuava, del Grupo Defensa Magallanes, avaló las declaraciones planteadas por la concejala de RN, Alicia Stipicic, quien ha denunciado que se están ejecutando arbitrariamente despidos de docentes y profesionales de la educación de Punta Arenas, no siendo traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y se han generado situaciones poco claras y en donde se evidencia la falta de coordinación entre los organismos responsables del tema. 

Recordemos que la concejala Stipicic afirmó, recientemente, que “tenemos información corroborada y chequeada, con fuentes vinculadas al tema, de que sí hay docentes titulares -al menos diez- que fueron dejados, arbitrariamente, fuera del SLEP, lo que, en la práctica, significa que serían desvinculados”.

Tras las declaraciones de la concejala de oposición, de parte de las autoridades de educación de la zona, no hay un pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre de los profesores y profesionales ligados al área. Basta recordar que el Director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Mario García, se ha limitado a decir que “no hay una desvinculación de estas personas, de hecho, estamos en un proceso de revisión porque quizás, justamente este número que aparece señalado por algunas autoridades, corresponde más a personas que, en muchos casos, eran reemplazo…”.

Una de las afectadas

Dagoberto Reinuava, es precisamente abogado de una de las afectadas -Beatriz Sánchez-, quien fue excluida de manera arbitraria de sus funciones.

El jurista hace hincapié en la falta de coordinación entre las entidades involucradas, en este caso, CORMUPA y SLEP. Al respecto, comenta que a Sánchez se le siguió un sumario considerado ilegal y arbitrario por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y por la Corte Suprema, dejando sin efecto la destitución que, en dicho procedimiento se adoptó.

Para el litigante, “no hay excusas, puesto que aun cuando los procesos administrativos de traspasos se hayan terminado en cada una de sus etapas, ningún órgano del Estado -ni la CORMUPA, ni el SLEP- pueden desconocer un fallo judicial, más cuando éste beneficia y ordena la reincorporación de una trabajadora que ha sido vulnerada. Los fallos judiciales no pueden quedar sin cumplirse, sino la función de justicia no queda completa y los ciudadanos perciben que ella no existe”.

Según Reinuava, esta situación  “no es algo que debe tomarse a la ligera, porque la obligación de coordinación entre los entes públicos, es una obligación legal y constitucional. Sin embargo, una vez más vemos, cómo estas cuestiones básicas de gestión y cumplimiento de ley parecen no importar a nadie en los órganos estatales, aunque existan perjuicio a los ciudadanos”.