Abogado Juan José Srdanovic califica como “impresentable” el incumplimiento del Ministerio de Justicia en pagos a víctimas de DD.HH.

El abogado, Juan José Srdanovic Arcos -quien lleva causas en materia de violaciones a los DD.HH.- cuestionó al Ministerio de Justicia por lo que está sucediendo con la situación de los pagos de indemnizaciones a víctimas de Derechos Humanos en Chile, un tema complejo y delicado.

En tal sentido, señaló que “lamentamos informar que, en los últimos meses, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado retrasos inéditos en la emisión de los decretos de pago destinados a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, incumpliendo los plazos legales establecidos para la ejecución de sentencias firmes dictadas por los tribunales de la República”.

El jurista detalla que estos retrasos que, en algunos casos superan los 30 días, “es una situación que nunca había ocurrido en gobiernos anteriores, generan una profunda preocupación, pues afectan directamente a personas que fueron violentadas en sus derechos fundamentales y que, tras años de litigación, finalmente, obtuvieron un pronunciamiento judicial que reconoce su sufrimiento y ordena su reparación”.

Hay que mencionar que la Corte Suprema ha reconocido la obligación del Estado de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero el proceso, tal como lo advierte Srdanovic Arcos es lento y ha enfrentado obstáculos.

¿Dónde están los recursos?

El abogado, afirma que “resulta incomprensible que, tratándose de víctimas de esta naturaleza, el Ministerio incurra en demoras que evidencian una grave falta de servicio, especialmente, cuando los antecedentes fueron remitidos oportunamente por los tribunales y sólo está pendiente la emisión del decreto de pago”.

Frente a esta situación, Srdanovic Arcos se refiere a un escenario que no se puede descartar: “Si las demoras responden a que el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones. De ser ése el caso, lo que hasta ahora no ha sido aclarado por la autoridad, es inaceptable que sean justamente las víctimas quienes deban asumir las consecuencias de una eventual falta de disponibilidad presupuestaria o de una deficiente gestión administrativa”.

Según el jurista, “estas demoras revictimizan nuevamente a personas que ya soportaron graves vulneraciones a sus derechos y que han debido esperar, en algunos casos, más de 10 años de tramitación judicial, incluyendo recursos ante la Corte Suprema, para finalmente obtener justicia. Es lamentable que, después de un camino tan extenso y doloroso, la reparación reconocida por los tribunales se vea hoy frenada por trabas administrativas que no encuentran justificación en la normativa vigente ni en el deber de diligencia que corresponde al Estado”.

Agrega que “exhortamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cumplir con la ley, regularizar de inmediato los decretos pendientes, y entregar una explicación pública que despeje cualquier duda, respecto de la disponibilidad presupuestaria y de los procedimientos actuales de tramitación. Las víctimas no pueden seguir esperando. No pueden, nuevamente, ser invisibilizadas. No pueden seguir siendo revictimizadas”.