Abogado, Martín Vila sobre retails y Ley de Protección al Empleo: “La culpa no es del chancho, sino del que les da de comer”

Por: Daisy Castillo Triviños

31 de marzo de 2020. Ese día, se despachó a ley el proyecto de protección al empleo que empezó a regir el 6 de abril. La Ministra del Trabajo, María José Zaldívar y el Subsecretario de la misma cartera, Fernando Arab, indicaron que entre el 8 y 15 de abril, un total de 56.986 empresas se acogieron a los beneficios de esta ley, abarcando a 786.790 trabajadores que pueden acceder al seguro de cesantía.

El punto en que se debe hacer hincapié es que este beneficio que tendría que estar dirigido a las pymes, está siendo aprovechado por los retails que de Pyme no tienen nada, como es el caso de La Polar, Ripley, Hites y París.

Ante esta situación, la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, no se dio tiempo para repudiar la decisión de los grandes empresarios, al hacer uso de la ley, sino que, por el contrario, señaló en la prensa que “se podían acoger todas las empresas que se vieran en la necesidad de hacerlo”.

El abogado, Martín Vila, en entrevista con “Cápsula Informativa” sostiene que “más que el número de empresas que se acogen, efectivamente, cuando se habla de protección al empleo, es una protección de corto y mediano plazo. Especialmente, considerando que los emprendimientos, las Pymes representan más del 50% del empleo en Chile y la posibilidad de que en el actual escenario quiebren, significa destruir un empleo o varios empleos no sólo en lo inmediato, sino que, a mediano y largo plazo, porque la posibilidad de que se vuelvan a instalar o rearmar es baja, si quedaste con muchas deudas”.

Agrega que “desde el punto de vista económico me parece adecuada la medida. Se demoró bastante en salir y, eso hacía pensar que iba a ser una medida bien pensada, bien regulada, porque significa una serie de restricciones y un traspaso de muchos de los costos a los trabajadores con este tema de las suspensiones laborales, en vez del término del contrato de trabajo. Sin embargo, lo mínimo que uno podría esperar es que estuviera enfocada, justamente, a aquellos que son más débiles financieramente y no que se abriera una puerta para que los pillos de siempre aprovecharan para abusar de la Ley, con fines que no son los propios ni los anunciados en la Ley. ¿Cómo no poner una restricción a las grandes empresas? Son las que están usando la Ley en forma indiscriminada para ahorrarse costos que tenemos que pagar entre todos y traspasándolas a los trabajadores.

Con la aplicación de esta Ley, los trabajadores pueden hacer uso del Seguro de Cesantía que se paga en tres cuotas, ¿qué pasa después?

-El Seguro de Cesantía que se da en tres cuotas o que puede pasarse, incluso, si la relación laboral continúa una vez acabadas las cuotas a una cesantía efectiva y hacer uso, para estos efectos, del seguro solidario, pero esa plata bajo la causal de necesidad de la empresa que es la única causal invocable en el evento que la empresa esté en una mala situación financiera, ya era de ellos, entonces, simplemente, se les está adelantando un dinero que ya era del trabajador.

La empresa que se acogió a la Ley de Protección al Empleo, después de los tres meses en que el trabajador cobró su seguro de cesantía, podría argumentar que no está en condiciones de continuar y finiquita los contratos, ¿puede eso suceder?

-En ese momento, si no está en condiciones podría aplicar la causal de necesidad de la empresa y no va a existir fondos para el seguro de cesantía. Ahí, más que pillería, hay un daño mayor. La pillería está en que una gran empresa ocupe esta ley que está pensada en protección del empleo, siendo que esa gran empresa, en la práctica, no va a desaparecer, tiene otros medios, a diferencia de las Pymes, para poder subsistir en el tiempo, porque si el negocio es bueno, siempre va a tener financiamiento para reestructurarse. Entonces, que ocupen, hoy día, esta Ley, es porque desde el Gobierno central nadie se preocupó de limitar este tema.

Uno no puede esperar que los grandes empresarios sean unos santos, en todo ámbito de cosas. Habrá gente buena a cargo de algunas empresas, probablemente, pero las empresas grandes están pensadas como ellos dicen para maximizar sus beneficios, o sea, aumentar las utilidades y reducir los costos. Les entregaron desde el Gobierno una legislación que les permita reducir costos e hicieron lo que saben hacer: reducir sus costos, en base a una norma que no está pensada para ellos. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer.

A raíz de las críticas que han surgido por la decisión de las grandes empresas de acogerse a esta Ley, se está pensando en el Congreso, discutir un proyecto de ley que fije restricciones, ¿es una demostración más de que se legisla “rápidito” y que no se previó esta situación?

Esto, no se legisló rápido, porque se presentó hace bastante tiempo y se demoró bastante en salir, por lo tanto, no pensaría en una legislatura rápida, sino que pensaría en la legislatura desprolija, derechamente, porque ¿cómo no saber que si yo abro esta ventana, todos van a querer pasar por ahí? Entonces, yo mismo tengo que poner el control para que pasen los que yo quiero que pasen, no todos.

¿Qué se debió hacer, desde un comienzo?

-Establecer que las empresas que se pueden acoger a esta normativa es bajo determinadas circunstancias, entre ellas, los mismos márgenes de venta que tienen las Pymes. Normalmente, las Pymes están definidas y están establecidas con distintos criterios, entre ellos, el volumen anual de ventas, el capital propio tributario, cosa de poder definir qué es, efectivamente, una Pyme. Tú puedes agregar eso en la Ley e, inmediatamente, impides que las empresas del tamaño de Ripley o Hites se cuelguen de un beneficio que establece esta Ley, pensando en un mal mayor. Esta Ley, hace que los trabajadores paguen un costo, pensando que, de lo contrario, el costo eventualmente del desempleo podría ser mucho mayor, sólo por eso se justifica.

Si la idea de este proyecto se discute y aprueba, ¿en qué situación quedan las empresas que ya aplicaron la Ley?

Lo que se debiera instaurar es una Ley interpretativa del mensaje para que tuviera efecto desde el inicio de la aplicación de la Ley, porque si se aplica la restricción hoy, las empresas grandes que ya se acogieron no pueden ver vulnerado el derecho que les dio la Ley que se promulgó. Esta nueva ley no va a poder tener efecto retroactivo para dejar sin efecto que las grandes empresas que ya se están acogiendo, deban salir del sistema. Sólo impediría que otras empresas grandes se incorporaran o acogieran a la Ley de Protección al Empleo.

En la práctica, aunque se llegara a aprobar el proyecto que introduciría restricciones, no se les puede privar de ese beneficio a las empresas que ya están haciendo uso de él…

-Exactamente. Ya no les puedes quitar ese beneficio, porque significaría que esas empresas van a demandar al Estado y el Estado va a tener que indemnizarlos igual, se traspasarían los costos del trabajador al Estado y, seguramente, sobre tazados en cuanto a los beneficios que significaba para las grandes empresas. Ya llegaste tarde.

O sea, la restricción operaría sólo para las nuevas grandes empresas que busquen acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

-Así es. De lo contrario, insisto, ponerle efecto retroactivo a la Ley significaría regalarle ahora una demanda contra el Estado y, eso, ¿quién lo paga? Se paga con fondos públicos que son de todos.

¿Estamos ante una burla, entonces?

-Este anuncio de restricción lo que está haciendo es decirle a todas las empresas que no se han acogido ¡oiga, piénselo rápido y acójase antes que salga la nueva norma! Yo creo que es un despropósito. Este error en la Ley de Protección al Empleo huele a intenciones ocultas. Me pregunto, un político que está en el Congreso, ¿cómo no va a ver el efecto que tienen las leyes desde antes de ser dictadas? Si no establecieron la limitación, ellos saben, perfectamente, que el universo de beneficiados iba a ser la totalidad de las empresas. Se tomaron todo el tiempo del mundo para aprobar este proyecto que, ahora, es Ley, entonces, la verdad es que, en este caso, esto es mucho más que un error, hay una doble intencionalidad en la aprobación de esta Ley sin limitaciones.

¿Qué se hace, ahora, entonces?

-Lo que hay que hacer cuando pase la crisis del Coronavirus es seguir reclamando para que este sistema cambie, porque todo esto se produce sobre una estructura a la que ya estamos bastante acostumbrados, si no abusan por un lado, abusan por otro.

¿Y, eso, pasa por un cambio de la Constitución o, incluso, sobrepasa ese cambio a la Constitución?

-Creo que pasa por un cambio de la clase política, por una renovación de la clase política. No basta con la Constitución, porque la gente no va a perder sus malas costumbres por decreto. El cambio constitucional parece ser necesario, pero aquí hay más que un mero cambio constitucional, porque cuando un conjunto de actores se acostumbró a actuar de una forma, no hay ningún decreto que les vaya a hacer cambiar el corazón, como se requiere, ni la decencia. Y, lo peor de todo, es que ellos piensan que están actuando bien.