Adopciones ilegales en Chile: Investigación se ampliaría a Magallanes donde conocido médico sería nexo para facilitar sustracciones de menores

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

La investigación que lleva a cabo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, podría tener una arista nueva y llegar hasta la extrema Región de Magallanes.

Hay que recordar que en mayo de 2019, el ministro Balmaceda asumió con dedicación exclusiva la indagatoria de adopciones irregulares y sustracciones de niños, ocurridas con anterioridad al 11 de septiembre de 1973 y con posterioridad al 10 de marzo de 1990 y, además, las causas del período antes señalado que no tengan relación con represión política de agentes del Estado.

¿Cuál es la arista en la que aparece Punta Arenas y un reconocido médico que habría sido el nexo para materializar adopciones ilegales?

Actualmente, hay una querella criminal por sustracción de menores contra quienes resulten responsables y que fue interpuesta por una mujer que, en la actualidad, tiene 56 años, que fue víctima de una adopción ilegal y vive en Punta Arenas.

La historia es la siguiente. La denunciante nació el 28 de marzo de 1965 en el Hospital Barros Luco en la Región Metropolitana y fue inscrita en el Registro Civil de San Miguel con el número 3999 del libro E1. Sin embargo, a los cuatro meses de vida fue inscrita nuevamente como si se tratara de una recién nacida, quedando registrada con el número 3503 de la circunscripción San Isidro, con fecha de nacimiento 4 de Julio de 1965.

Un matrimonio de Punta Arenas decidió adoptar a una niña y aquí es cuando la trama se complica y surge la figura del médico, Jorge Amarales.

Amarales como nexo de la ilegalidad

El matrimonio conformado por D.S.P. y T.C.L, eran amigos del médico, Jorge Amarales Aspinall, quien según declara la querellante “era hermano masón de T.C.L. y conocido por hacer este tipo de “trámites” así, fue que Amarales le pidió a una pariente de su señora de apellido Osorio que le ayudara a conseguir una adopción irregular, para lo cual D.S.P. se dirigió a Maipú 955, donde ella vivía y que, actualmente corresponde al inmueble donde funciona la unidad de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, no sin antes haberle pagado una importante suma de dinero a Amarales, que era equivalente a comprar un vehículo 0 kilómetros”.

La afectada, afirma en el texto de la querella que “así fue como se coordinó todo. D.S.P., viajó junto con la señora Osorio a Santiago, donde primero fueron a verme y una vez que me eligieron se hizo la inscripción de mi nacimiento, esta vez, con el Nº 3503 de la Circunscripción San Isidro y con fecha de nacimiento 4 de julio de 1965”.

Agrega que “para concretar la entrega, (su madre) firmó un poder que nombraba árbitro arbitrador a don Sergio Peralta Martínez… Con posterioridad, al encontrar la suscrita el poder que le firmaron a Sergio Peralta, mi madre adoptiva, D.S.P., me contó toda la verdad y la forma en que el doctor (Jorge) Amarales tenía montado este negocio de adopciones irregulares”.

Sin duda, esta situación puesta en evidencia, a través de una querella criminal es grave. No hay que olvidar que el Código Penal en su “Artículo 142” señala que “la sustracción de un menor de 18 años será castigada 1.- con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. 2.- Con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos”.