¡Cárceles Vip!: Seis años de sumario administrativo y algunos reos siguen viviendo en el lujo
Por: Daisy Castillo Triviños
Bullado, fue, a decir lo menos, la divulgación de que en algunos recintos penitenciarios del país, los reos, la mayoría narcotraficantes, viven mejor que cualquier otro chileno: con piso flotante, televisores con grandes pantallas, refrigeradores cargados de carne y bebidas. ¡Un lujo que muchos otros presos de Chile quisieran y tienen que acostumbrarse a comer pan y tomar agua, sin lujos, de por medio!
Sin embargo, más allá que desde la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile, se anunciara un proceso sumarial (Resolución exenta Nº 2658 del 15 de octubre de 2013) al que “Cápsula Informativa” tuvo acceso en exclusiva y del que está a cargo el coronel, Sergio Castillo Caro (bajo nueva Resolución exenta Nº 2532 del 29 de abril de 2019) –de dotacion del Departamento de Tecno-vigilancia y Radiocomunicaciones, ni siquiera se nombra a los responsables de permitir que operen estas celdas vip, porque hay responsables de autorizar los ingresos de los lujos del que gozan algunos “privilegiados reos”.
Hay que señalar que este sumario se ordenó luego de que la Subdirección Operativa de Gendarmería en el recinto Colina II, módulo 2 o “Beta”, conocido como “Operación Bisagra”, fueran desalojados 112 reos, entre narcotraficantes y líderes de organizaciones criminales, “encontrándose –se indica, textualmente en el sumario-, una serie de elementos prohibidos por la administración penitenciaria, tales como televisores pantalla plana, frigobar, Play Station, pisos flotantes, armamento hechizo, además de incautar en dicho módulo sustancias psicotrópicas y estupefacientes…”.
En el mismo sumario se da cuenta que “asimismo, se evidenció una grave irregularidad administrativa en cuanto a que los internos podían cerrar sus celdas por dentro, impidiendo que el personal de Gendarmería accediese a ellas”.
¡El mismo gato cuidando la carnicería!
Manuel Catalán, presidente provincial de la ANFUP Santiago (Asociación de Funcionarios de Gendarmería) sostiene a “Cápsula Informativa” que “resulta, a lo menos, cuestionable que el sumario administrativo lleve seis años, sin que se determinen las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el ingreso de artefactos eléctricos y lujos al interior de algunas celdas del Módulo Beta, del penal Colina II”.
Hay que indicar que, de acuerdo, al Artículo Nº 158 de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, la acción disciplinaria de la administración contra el funcionario prescribirá en cuatro años, contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le dé origen. “Esto, significa que todos los funcionarios involucrados desde esa fecha (2013) en adelante, no van a ser sancionados administrativamente ni tampoco desde el ámbito penal, lo que, a claras luces, demuestra impunidad”, dice el dirigente.
Catalán agrega que “la prescripción de la acción disciplinaria priva a la administración de la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad del funcionario por las infracciones en que hubiera incurrido. Gendarmería de Chile se caracteriza por mantener expedientes en el limbo administrativo, precisamente, para que las investigaciones se mantengan en el tiempo, dilatándose, sin que se establezcan las responsabilidades de quienes cometen acciones irregulares. Esto, se traduce, en atentar contra la certeza jurídica de algunos sumariados que no son cercanos al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, por lo que estamos en presencia de sumarios administrativos como si fueran trajes hechos a la medida”.
Según el presidente provincial de la ANFUP Santiago, “dentro de los involucrados en permitir el ingreso de los artefactos eléctricos, en especial en el módulo Beta de Colina II, hay oficiales superiores involucrados, a los que ni siquiera se les ha formulado, a la fecha, ningún cargo. El actual Jefe de Unidad de Colina II, coronel, Víctor Provoste Torres, quien recibió la cárcel por parte del coronel, Juan Navarrete Gamboa, estuvo diez meses sin informar las anomalías suscitadas en este módulo Beta, hasta que se publicó en la prensa el reportaje de la Operación Bisagra que permitió evidenciar los lujos que mantenían los internos de estas celdas”.
Un dato no menor a la causa: el monitoreo que tiene el Módulo Beta en Colina II, es a través de circuito cerrado de televisión que, por años, estuvo a cargo del Departamento de Seguridad y, en la actualidad, depende del Departamento de Tecno-vigilancia y Radiocomunicaciones, en el que, justo trabaja el coronel, Sergio Castillo Caro, quien instruye en su calidad de fiscal, el sumario administrativo por las llamadas celdas vip y que, tras seis años, no se llega a ningún responsable de autorizar el ingreso de los lujos para los reos, la mayoría narcotraficantes y líderes de organizaciones criminales, quienes ostentan un alto poder adquisitivo.
Manuel Catalán, se pregunta “¿por qué a estos funcionarios que están en conocimiento de las ilegalidades que suceden y no las informan de acuerdo a su calidad de empleado público, no les pasa nada? Simplemente, porque tienen el apoyo y el blindaje del director nacional de Gendarmería, Christian Alveal. Estos dos coroneles son uno de los tantos protegidos bajo la administración de Alveal, sobre quienes se deja caer un manto de resguardo para que se mantengan en sus cargos y no sean removidos”.
El dirigente sindical, denuncia, al mismo tiempo que “en esta Operación Bisagra participaron, en términos de monitorear el allanamiento, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín y el Subsecretario de la misma cartera, Juan José Ossa, quienes presenciaron en terreno la mala administración del penal Colina II, donde el director nacional de Gendarmería estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo por años y no fueron capaces de informarle a la autoridad sobre las anomalías que se estaban cometiendo. Alveal, instrumentalizó esta situación para quedar como una autoridad proba ante el Gobierno y seguir con su eslogan de Plan Anticorrupción”.
Cabe indicar que Christian Alveal no es una figura menor en toda esta trama de las llamadas cárceles vip. Y no lo es, porque no olvidemos que fue el jefe máximo de la seguridad nacional de los recintos penales del país, en 2018 y, luego, fue designado en diciembre de ese mismo año, como director nacional de Gendarmería.