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Carta de Amnistía Internacional al Estado chileno por personas privadas de libertad ante Covid-19

Fuente: Amnistía Internacional

“Frente a la Pandemia del COVID-19, Amnistía Internacional expresa su preocupación sobre la situación de precariedad que viven las personas privadas de la libertad en todas las Américas.

El hacinamiento generalizado que presentan las cárceles en esta Región, imposibilita a las personas privadas de su libertad poder tomar medidas para prevenir el contagio, incluyendo el distanciamiento físico y el aislamiento de personas que pudiesen ya haber contraído el virus. A ello, se suman condiciones limitadas de acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, falta de higiene y/o falta de acceso al agua. Todo ello, aumenta los riesgos de exposición al virus y limita las posibilidades de recuperación en caso de contagio.

Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas privadas de su libertad (ya sea en cárceles u otros centros de reclusión), y asegurar que tengan acceso a los mismos estándares de atención sanitaria que aquellos disponibles en la comunidad sin discriminación alguna. Esta preocupación, que abarca todo el continente, es también aplicable a Chile.

Hace menos de un año, en su Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos identificaba graves falencias como las antes indicadas: casi la mitad de las cárceles se encontraban rebasadas sobre su capacidad, 11 de ellas, en nivel crítico y era notoria la falta de camas y de condiciones materiales básicas para la población privada de su libertad.

Muchas instalaciones tenían problemas de iluminación y electricidad, de calefacción y aislamiento, de ventilación, de humedad y de falta de higiene. Además, se denunciaban casos de privación del acceso al agua durante 24 horas, insuficiencia de servicios de limpieza de forma permanente, y escasez de profesionales de la salud disponibles. Esta situación de hacinamiento y precariedad la sufren por igual personas condenadas por diversos delitos – incluyendo delitos menores – y personas en prisión preventiva, dentro de las cuales existe población de riesgo en caso de contraer el COVID-19.

En todos los casos, es imprescindible que el Estado Chileno adopte una estrategia urgente para la prevención del contagio de la población privada de la libertad, incluyendo, la reducción del hacinamiento en centros carcelarios. Esto, implica tomar todas las medidas a su alcance para evitar la transmisión del COVID-19 dentro de estos centros y, en caso de contagio, asegurar que las personas recluidas puedan aislarse y acceder a atención médica especializada sin restricciones innecesarias…”.

LEA AQUÍ LA CARTA COMPLETA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL