Comisión por la Paz y el Entendimiento: Naveillán justifica voto en contra y dice que informe “hipoteca el futuro del país”

El líder de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G., Sebastián Naveillán, explicó los motivos por los que votó en contra de las recomendaciones acordadas por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. De los ocho integrantes del organismo, Naveillán fue el único que rechazó el documento, el cual fue evacuado durante la madrugada de este jueves.

A través de una declaración pública, acusó que hasta ahora no ha recibido el texto oficial por escrito de lo que fue votado y promovido por la comisión, lo que a su juicio “es inaceptable”. “Durante la discusión que se desarrolló pasada la medianoche y fuera del plazo formal para la entrega de la propuesta, se generó un ambiente de tensión en el que algunos comisionados me acusaron de estar defendiendo los intereses del mundo agrícola. Lo digo con total claridad: sí, defiendo esos intereses. Defiendo al pequeño, mediano y gran agricultor, a quienes se sacan la mugre por trabajar la tierra que lleva el pan a las mesas de nuestro país, a quienes dan empleo y sostienen la economía del sur de Chile. No me avergüenzo de eso. Me enorgullece representar a quienes hacen posible el desarrollo productivo de nuestras regiones”, puntualizó.

Naveillán agregó que “voté a favor de todas las medidas que promueven el desarrollo y bienestar del sur de Chile. Apoyé cada propuesta que contemplara mayor presencia del desarrollo, inversión pública, apoyo a víctimas y caminos reales hacia una convivencia más justa. Pero rechacé todo lo relativo a tierras, porque su redacción actual pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria, genera incertidumbre jurídica, y en los hechos hipoteca el futuro del sur y de todo el país”. “El texto impulsado propone entregar 240 mil hectáreas de tierras como reparación territorial. Se afirma que 100 mil hectáreas provendrían de terrenos fiscales, pero no hay ningún documento técnico ni registro oficial que lo respalde. Es más, existe una alta probabilidad de que esas tierras estén ubicadas en parques nacionales, zonas limítrofes con Argentina o sectores estratégicos, lo que representa un riesgo geopolítico”, sostuvo. El dirigente aseguró además que “en el documento se habla de que la tierra disponible por provincia debe ser ‘suficiente’ para que la mayoría de las comunidades puedan optar a reparación. Este concepto, en apariencia razonable, en la práctica impone una obligación directa al Estado: si no se cumple esa suficiencia, se abre la puerta a demandas judiciales y posibles reclamaciones internacionales por no garantizar lo prometido. Se genera así un derecho no declarado, pero sí exigible, que perpetúa el conflicto en lugar de resolverlo”.

BRECHA DE DESIGUALDAD

En su declaración, Naveillán también acusó que “no existe un informe financiero del Ministerio de Hacienda que certifique la viabilidad de lo propuesto. Se calcula que el costo sería cercano a los 4 mil millones de dólares, considerando un mínimo de 10 hectáreas por familia, a un valor promedio de 7 millones de pesos por hectárea. Eso equivale a al menos 70 millones de pesos por familia beneficiada. ¿Y qué pasa con los miles de chilenos sin apellido mapuche que también han sufrido violencia, pobreza y abandono? ¿También recibirán ese nivel de reparación? Esta propuesta abre una peligrosa brecha de desigualdad ante el Estado”.

“A estos montos deben sumarse los gastos derivados de la creación de una nueva Agencia Nacional de Tierras, la instalación de tribunales especiales sin fecha de término, y el capítulo de reparación a víctimas, que tampoco tiene un presupuesto definido. Solo entre 2019 y 2024, según cifras de la Multigremial de La Araucanía, los daños en bienes materiales causados por la violencia ascienden a más de 200 millones de dólares”, complementó.

En cuanto a la inseguridad en la zona, el dirigente indicó que “el documento apenas menciona el terrorismo. Se refiere a ‘violencia rural’ o a ‘actos de carácter terrorista’ de forma ambigua, sin una condena clara ni una propuesta concreta para garantizar justicia. Esta falta de definición es una ofensa para las miles de víctimas del sur de Chile”. Asimismo, afirmó que “el tribunal especial que se propone no tiene fecha de término. Esto impide cerrar jurídicamente el proceso, perpetúa la incertidumbre y mantiene abiertas las puertas para futuras expansiones del conflicto. Además, se incorporaron nuevos grupos y casos, como familias sin títulos en la provincia de Arauco, ampliando aún más las expectativas sin solución clara”. “Por todas estas razones, y con el más profundo compromiso con la paz verdadera, la justicia y el desarrollo sustentable del sur de Chile, no estuve disponible para validar un documento que hipoteca el futuro del país, vulnera la igualdad ante la ley y amenaza gravemente nuestra seguridad territorial y económica”, cerró el representante de los agricultores de Malleco.