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Por: Equipo “Cápsula Informativa”

La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA), golpeó la mesa ante la polémica generada por convenios firmados en materia de Medioambiente.

Esto, a raíz del documento enviado a la Cámara de Diputados por 70 Organizaciones Medio Ambientales, en el que solicitan la constitución de una comisión investigadora a la Cámara de Diputados.

¿Por qué?

El punto está en los convenios de colaboración suscritos por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) dependiente del Ministerio de Economía y el Servicio de Evaluación Ambiental, durante 2019 y 2020.

La declaración pública

A través de una declaración pública, desde ANFUSEA se indica:Los funcionarios y funcionarias del SEA estamos comprometidos con el país y tenemos un profundo sentido del deber con las labores que desempeñamos.

Evaluación objetiva

Teniendo plena conciencia que una tarea tan relevante como es la evaluación ambiental de los proyectos sometidos a evaluación ambiental, la realizamos de forma objetiva, imparcial y técnica, velando siempre por los derechos de todos los actores que intervienen en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Rechazo a intervenciones

Como es de conocimiento público, la suscripción de este tipo de convenios es una decisión de las autoridades del gobierno de turno y no involucra de modo alguno la voluntad o visión de los servidores públicos de carrera del Servicio de Evaluación Ambiental.

Como organización sindical manifestamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier tipo de intervención en nuestras labores y funciones, tanto públicas como privadas, y en especial, de aquellas que atenten contra el procedimiento de evaluación y transparencia de nuestra labor.

Mejoras de procesos

Los funcionarios/as creemos firmemente en las mejoras y la perfectividad de los procesos y procedimientos que desarrollamos, pero éstos deben estar siempre enfocados y con miras a criterios ambientales y de sustentabilidad, con apertura a la discusión de todos los actores involucrados en el SEIA.

Y en el marco de lo que la normativa ambiental nos ha mandatado, por ende, rechazamos cualquier intención de relevar otro criterio al interior del Servicio de Evaluación Ambiental que no sea el expresamente ambiental.

Pericia técnica

Desde la visión técnica hemos defendido constantemente como organización sindical que la evaluación ambiental de proyectos, y por ende sus impactos, debe desarrollarse por profesionales con pericia técnica y con experiencia al interior del Servicio.

Esto, en razón de la trascendencia de nuestra labor en la calidad de vida de las comunidades, sumado a la continuidad y progresividad con que deben abordarse los criterios ambientales, que se van incorporando a la evaluación en razón del estudio constante y permanente que desarrollan los profesionales de carrera al interior del Servicio.

En el escenario actual, donde existe una crisis de desconfianza y un cuestionamiento generalizado a las instituciones y sus autoridades, nos parece imprudente desatender el alcance en términos de credibilidad y fiabilidad que genera la suscripción de este tipo de convenios por parte de las autoridades, donde se desestima, una vez más, la opinión del mundo social y sindical.

Sostenemos, rotundamente, que no es oportuno suscribir este tipo de convenios, que de ninguna forma colaboran con la construcción de confianzas entre los intervinientes del Sistema de Evaluación Ambiental.

Considerando que éste es un procedimiento reglado, donde cada actor debe ejecutar su rol con el mayor grado de transparencia en una evaluación ambiental que tiene el carácter de pública.

Hacemos un llamado a la autoridad a no suscribir este tipo de convenios y a trabajar en la búsqueda de recursos para el Servicio de forma ordinaria, a través de fundamentos sólidos en las propuestas presupuestarias que se realizan todos los años ante el organismo pertinente.

Y defender dicho presupuesto en la discusión particular o general que se desarrolla ante las comisiones en el Parlamento y no con convenios que, en nada, colaboran en la imagen de credibilidad, transparencia y confianza que debe proyectar este servicio público.