De vándalos y ciudadanos

Por: María Gabriela Huidobro, historiadora y académica de la U. Andrés Bello.

El listado de conductas calificadas como actos vandálicos e incivilidades propuesto por el gobierno ha dado que hablar. Mientras unos cuestionan la dispar gravedad de los actos incluidos, otros acusan clasismo y hay quienes sugieren que la lista debería incluir otras acciones, como colusión y evasión de impuestos.

El dilema es complejo, porque nos habla de los valores y bienes que una sociedad quiere resguardar, y se hace aún más complicado cuando la discusión se tiñe de posturas ideológicas e intereses políticos.

La preocupación, sin embargo, es antigua y la definición de lo que se ha entendido como vandalismo e incivilidad nos invita a mirar nuestra propia historia. Sólo así podremos comprender que no todo delito cabe, en estricto rigor, en estas categorías y que éstas han acompañado a toda sociedad que ha buscado legitimar su identidad cultural y sus escalas de valor para fortalecer la vida en comunidad.

¿Qué se ha entendido históricamente por vandalismo? Su origen nos remite al año 455, cuando el pueblo germánico de los vándalos saqueó Roma. Aunque no fue el primero ni más destructivo ataque a la ciudad, la memoria convirtió a sus protagonistas en símbolo de barbarie y destrucción. Para ser exactos, durante la Revolución Francesa, el obispo H. Gregoire recurrió a su recuerdo para compararlo con la destrucción e incendio de iglesias y monumentos en el París de su tiempo. Así, el nombre de los vándalos se transformó en una categoría moral que, tal como el término barbarie, representa lo opuesto a la civilización.

Esta última también tiene larga historia. Para griegos y romanos, la civilización distinguía a quienes compartían formas de vida, instituciones y valores. Esa convicción alimentó una percepción de superioridad cultural que legitimó muchas veces la expansión de su poder desde la necesidad de resguardar el orden y la paz, tal como ellos lo entendían. La civilitas romana era la capacidad de convivir con respeto, moderación y consideración. Cicerón, en De Officiis, o Plutarco con sus preceptos morales contribuyeron a definirla y su ejemplo fue retomado por toda sociedad que quiso validarse como civilizada y moderna.

Así ocurrió en el Siglo XIX con las nuevas repúblicas de América Latina, para las cuales, la construcción de una nación moderna requería más que códigos legales: era necesario educar comportamientos. Por eso, manuales de urbanidad como el famoso Carreño alcanzaron amplia difusión. No eran sólo un catálogo de buenos modales, sino textos pedagógicos para educar a ciudadanos aptos para la vida republicana.

Muchas de las normas entonces contenidas hoy serían objeto de risa. En ellos, se condenaba llevar una barba crecida, caminar con las manos en los bolsillos, silbar en la vía pública o tener mascotas que no fueran útiles. Sin embargo, detrás de ellas existía una preocupación aún reconocible: la necesidad de establecer acuerdos básicos para compartir los espacios comunes.

También las autoridades chilenas del siglo XIX persiguieron lo que entonces consideraban incivilidades o una amenaza al orden. Los serenos y policías urbanos detenían a quienes alteraban el descanso nocturno, protagonizaban escándalos, perturbaban a los vecinos o faltaban el respeto a las autoridades.

La preocupación ha existido siempre, pero las conductas sancionadas cambian con el tiempo. Ya no nos parece importar un sombrero mal usado, las carcajadas o el corte de pelo, pero sí inquietan los daños al mobiliario urbano, el deterioro del patrimonio, el acoso digital o la toma de espacios compartidos.

A fin de cuentas, toda comunidad ha buscado mecanismos para proteger lo que considera indispensable para convivir, pero el desafío nunca ha sido simplemente castigar, sino educar para promover un tipo de ciudadanía. Es probable que la tarea no esté completa si no atendemos a esto último. La educación cívica no consiste sólo en aprender en qué consiste una democracia, sino en cómo vivirla y
cuidarla.