Por: Daisy Castillo Triviños
Diego Ancalao, dirigente mapuche, fue el primer privado de libertad en la arista Kimün del “Caso Convenios”. Permaneció 18 meses en prisión preventiva. Hoy sostiene su inocencia y denuncia que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer dirigió una persecución política, ocultó pruebas y protegió a actores de poder local.
El polémico nombramiento y ascenso de Carmen Gloria Wittwer —marcado por las sombras de los cuestionamientos en el Caso Convenios— pone en entredicho la credibilidad institucional y desvía el foco de lo que verdaderamente debe ser la brújula del Ministerio Público: un organismo consagrado implacablemente a la búsqueda de la justicia, a través de procedimientos estrictamente objetivos. Lejos de operar bajo sesgos o intereses orientados a beneficiar a ciertos sectores, la labor fiscal debiera centrarse con rigor en rescatar y levantar pruebas sólidas que, peligrosamente, se han ido desvaneciendo, en lugar de fabricar o sostener un persistente hostigamiento investigativo en contra de una persona en particular.
Cápsula Informativa entrevistó a Diego Ancalao para conocer en profundidad cuáles son las acusaciones que lanza contra la fiscal, Carmen Gloria Wittwer y el precedente que, a su juicio, se está estableciendo con la actuación de la persecutora que se espera fuera imparcial.
Usted cuestiona a la fiscal Wittwer de persecución política. La Fiscalía dice que sólo siguió la ruta del dinero. ¿Cómo explica los más de 1.200 millones de pesos públicos vinculados a operaciones con instituciones educativas?
-Si la Fiscalía hubiera seguido realmente la ruta del dinero, habría visto lo que dicen los peritajes de la Brigada de Lavado de Activos y de la Brigada de Delitos Económicos de Los Lagos: ningún peso entró a mis cuentas personales. Nunca cometí lavado de activos.
Un ejemplo claro de manipulación es la omisión del depósito de 33 millones de pesos que hizo Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün, en el Banco BCI. Ese depósito fue confesado ante el fiscal el 10 de agosto de 2023, cinco días después de mi prisión preventiva. También se ocultó el certificado laboral de la ministra de Bienes Nacionales del 8 de agosto de 2023, que acredita mi experiencia de más de cuatro años en saneamiento de propiedades. Ambas pruebas demuestran que mi trabajo fue lícito.
Se me persigue por mi condición política y étnica, no por hechos. La Fiscalía construyó un relato ocultando pruebas y vulnerando el principio de objetividad. Esto es derecho penal de autor: se condena a la persona por quién es, no por lo que hizo.
Se le atribuye el desvío de parte de esos 1.200 millones, a través de operaciones con el Instituto Profesional y el CFT Los Lagos. ¿Qué responde?
-La idea de que yo era dueño de Kimün es una falacia instalada por el senador, Fidel Espinoza y replicada por la fiscalía. Además, jamás se perfeccionó la adquisición del Instituto Profesional ni del CFT Los Lagos. No hubo acto jurídico válido ni transferencia de recursos. Se me atribuye el control de una institución que nunca administré. Por lo tanto, nunca recibí esos 1.200 millones. Los fondos entraron a la Corporación Kimün, presidida por Jaime Huincahue. Yo nunca pertenecí a esa entidad.
El senador Fidel Espinoza (PS) se querelló contra usted. ¿Cómo interpreta eso?
-Es una operación política que usa el poder del Estado para proteger intereses privados en la Región de Los Lagos. Si se hubiera seguido la verdadera ruta del dinero, otros estarían formalizados. A mí me mantuvieron casi dos años en prisión preventiva, mientras se filtraba información reservada para blindar a actores políticos. Esto no es justicia. Es persecución.
¿Por qué el monto del Gobierno Regional subió de 600 a 1.200 millones de pesos?
-Fue una decisión del entonces gobernador, Patricio Vallespín, con apoyo de algunos consejeros regionales.
Entonces,¿ por qué aparece usted en la causa?
-Porque era el blanco comunicacionalmente más útil. Resultaba más fácil culparme sin pruebas y condenarme por la prensa antes de un juicio. Fui contratado por Jaime Huincahue como coordinador técnico del programa de saneamiento de tenencia irregular. El programa estaba contemplado para 24 meses. Se cortó a los cinco.
¿Por qué se cortó el programa?, ¿cuál es la explicación?
-Por una operación política llamada “Chao Kimün”, organizada por Patricio Vallespín, Fidel Espinoza y la Fiscalía de Los Lagos.
¿Hasta qué punto la fiscal, Carmen Gloria Wittwer, a su juicio, propició un juicio paralelo en los medios?
-Desde el inicio hubo filtraciones de la carpeta y un despliegue mediático que legitimó la prisión preventiva antes de cualquier pronunciamiento judicial. Eso anuló de facto la presunción de inocencia. Se recurrió al populismo penal: acusar públicamente sin pruebas, usando el origen étnico como agravante. Eso vulnera el Pacto de San José y el Código Procesal Penal.
Primero me encarcelaron por exigencia política, después buscaron cómo justificarlo. La investigación obligó a eliminar siete delitos. Quedó sólo uno: lavado de activos. Cumplí dos de los cuatro años solicitados. Usaron la prisión preventiva como condena anticipada.
El trato fue desproporcionado. Fui el primer formalizado, el que más tiempo estuvo preso, el único con caución de diez millones,y todo bajo el argumento de “peligro de fuga” por ser mapuche. Eso contradice el Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena, que establecen que la condición indígena sólo puede operar como atenuante, nunca como agravante.
Además, se entregó información reservada a actores políticos como Patricio Vallespín y Fidel Espinoza. Eso viola el principio de objetividad.
La crisis de credibilidad institucional: cómo las sombras sobre la actuación fiscal socavan la legitimidad y la fe en el Ministerio Público
¿Cómo erosiona esto la confianza en el Ministerio Público?
-La fiscal Wittwer ha difundido afirmaciones falsas desde 2023: que yo representaba a Kimün, que recibí 30 millones, que postulé a fondos del GORE, que cometí fraude. Ninguna tiene sustento en la carpeta. Documentamos más de 30 falsedades.
Eso erosiona la confianza por tres razones: viola el principio de legalidad, sustituye a los tribunales con juicios mediáticos y aplica un doble estándar. El 9 de agosto de 2026, declaró inocente al imputado Patricio Vallespín sin rigor, mientras a otros se nos acusaba sin pruebas.
Caso “Muñeca Bielorrusa“
Hay que recordar que la fiscal, Carmen Gloria Wittwer asumió la investigación del Caso “Muñeca Bielorrusa” (también denominado trama bielorrusa) considerado uno de los escándalos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias más graves en la historia reciente del Poder Judicial chileno. La indagatoria ha puesto bajo la lupa a figuras de alto rango, incluida la destituida ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, además de otros magistrados y operadores políticos, indagando delitos como cohecho, soborno y lavado de activos.
El caso gira en torno a presuntas irregularidades y prevaricación en fallos judiciales del máximo tribunal del país, vinculados a redes de poder político y económico.
La fiscal Wittwer también investiga el caso de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. ¿Qué opina de su designación?
-Resulta inverosímil. Es una funcionaria que ya demostró irregularidades, filtró información y protegió a políticos en causas previas. Su nombramiento no parece un acto de confianza institucional, sino una decisión política. Se interpreta como un premio a la obediencia mostrada en el caso Kimün.
¿Usted sostiene que la fiscal Wittwer actuó como vocera del ex gobernador, Patricio Vallespín?
-Sí. Existe un patrón: ocultamiento de pruebas, filtraciones y presiones. Los chats de la carpeta investigativa —peritajes de la PDI incluidos— muestran reuniones secretas entre Espinoza, Vallespín y fiscales. Hay un acuerdo de impunidad documentado.
La fiscal descartó públicamente delitos penales respecto de Patricio Vallespín. Eso excede sus atribuciones. Corresponde a los jueces, no a la Fiscalía, anticipar un veredicto.
El peligro de utilizar causas de alta connotación pública para fabricar un chivo expiatorio institucional
¿Se conidera en todo este proceso una suerte de chivo expiatorio?
-Sí. La operación “Chao Kimün”, documentada en informes del 17 de julio de 2023, necesitaba un rostro visible. Yo era el más útil. Mientras tanto, las responsabilidades del gobernador regional y de los administradores de Kimün se diluyeron.
Está acreditado en audio que un fiscal dijo que yo debía permanecer preso “por sus particulares nexos con la causa indígena”. Convertir la identidad mapuche en factor de criminalidad vulnera la igualdad ante la ley.
Las consecuencias fueron concretas: mi esposa fue detenida en Frutillar por otra causa y mis hijos menores quedaron abandonados en un sector rural, mientras yo estaba preso. Empecé con ocho cargos. Quedó uno solo, por mis honorarios.
Lo más grave es que la fiscalía tenía desde el 10 de agosto de 2023 la declaración de Huincahue y el comprobante de que los 33 millones volvieron a las cuentas de la institución. Renovó el secreto de la investigación para impedir que mi defensa accediera a esa prueba. Mantuvieron mi prisión de forma arbitraria. Fui el símbolo punitivo que el sistema necesitaba mostrar. El poder local quedó impune.