“El festín de los vivos: Los fantasmas que cobran pensiones de honor en Chile”

Un agujero negro en las arcas fiscales revela cómo certificados emitidos por parlamentarios convirtieron favores políticos en pensiones vitalicias, ignorando las alertas de Contraloría por más de una década.

Este reportaje fue publicado originalmente en medios como Cápsula Informativa y hace referencia a reportajes previos de la autoríade la periodista, Daisy Castillo Triviños, (en medios como El Muro). En este texto, la periodista expone lo siguiente:

• El caso de Bernarda Vera: Castillo utiliza este caso como punto de partida, señalando que Vera estuvo inscrita por décadas en la lista oficial de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, a pesar de encontrarse viva en Argentina.   

• Cifras del fraude: Menciona que, de un universo de 74.000 exonerados políticos, cerca de 3.000 casos no cumplirían con los requisitos legales. Esto representaría un desembolso para el Estado de aproximadamente 900 millones de pesos mensuales.

• Responsabilidad política: El artículo denuncia el “hermetismo” del Gobierno y la inacción ante informes de la Contraloría y de la Ministra en Visita, Mireya López. Además, apunta a parlamentarios que habrían firmado certificados de exoneración con fines electorales para personas que nunca tuvieron dicha calidad (menores de edad a la fecha de la exoneración o trabajadores de empresas no intervenidas).

• Crítica a la impunidad: La autora cuestiona por qué se permite que el abuso se mantenga en el tiempo sin que se adopten medidas judiciales o administrativas para detener los pagos fraudulentos.

Este reportaje es parte de una serie de investigaciones que Daisy Castillo ha realizado sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la probidad en organismos gremiales y estatales.

Políticos en la mira

El caso de los falsos exonerados políticos en Chile ha sido una de las investigaciones por fraude al Fisco más extensas de los últimos años. En esta causa, la justicia investigó la entrega de pensiones a personas que no cumplían con los requisitos legales, basándose en certificados emitidos por parlamentarios.

Es importante distinguir entre dos grupos: los políticos que perciben pensiones de exonerados (que en su mayoría son legales) y aquellos que fueron investigados por certificar a terceros que resultaron ser “falsos” exonerados.

Políticos que emitieron certificados (Investigados)

En 2013, un informe del Ministerio del Interior identificó a 32 parlamentarios (activos y retirados en ese momento) que firmaron certificados para personas cuyas pensiones presentaban irregularidades. En 2016, la ministra en visita Mireya López sobreseyó a 54 parlamentarios, indicando que, aunque hubo “laxitud” y falta de rigurosidad, no se pudo acreditar un dolo penal o un delito de falsificació

Entre los nombres que más figuraron en la investigación por volumen de certificados emitidos se encuentran:

• Isabel Allende (PS): El informe señaló que fue la parlamentaria que más certificados firmó (más de 1.100). Ella defendió su actuar indicando que se basó en la buena fe de los solicitantes.

• Sergio Ojeda (DC): También figuró con un alto número de acreditaciones.

• Andrés Chadwick (UDI): Fue mencionado en la controversia por haber enviado una carta en favor de trabajadores de una empresa en Rancagua, aunque él aclaró que su gestión fue para que las autoridades evaluaran el caso y no una certificación automática.

2. Políticos que reciben pensión de exonerados

Existen autoridades y exautoridades que reciben pensiones por haber sido exonerados reales durante la dictadura. Aunque estas pensiones suelen ser cuestionadas políticamente en redes sociales, la justicia no ha determinado que sean ilegales en estos casos específicos:   

• Carlos Montes (PS): Actual Ministro de Vivienda.

• Guillermo Teillier (PC): Expresidente del PC (fallecido en 2023).

• Denise Pascal (PS): Exdiputada.

• Adriana Muñoz (PPD): Exsenadora.

• Marcelo Schilling (PS): Exdiputado.