EXCLUSIVO: Denuncian al Ministerio Público por acoso laboral contra fiscal y despedirla injustificadamente

En el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el abogado Fernando Leal, Litigante de Convencionalidad, ingresó la demanda de tutela laboral, causa Barudi/Ministerio Público, (RIT  T-709-2024) (RUC  24-4-558003-5), en representación de Lorena Barudi Labrín, abogada, sobre quien se vulneraron sus derechos fundamentales, aplicándose un despido injustificado.

En el texto de la demanda, se indica que la víctima ha debido enfrentar “hechos arbitrarios e ilegales” que han afectado gravemente sus garantías, al ser vulnerada en su derecho a la integridad psíquica y física, al ser humillada y maltratada en forma constante por su empleador, durante los últimos meses de vínculo laboral.

Hostigamiento

La abogada Barudi, fue designada Fiscal Jefa de la nueva Fiscalía Local Chile Chico – Cochrane desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023. Tiene una amplia trayectoria en el Ministerio Público, la que se resume en las siguientes líneas: ingresó el 1 de octubre de 2004 al Ministerio Público, pasando por la Unidad Especializada de delitos Sexuales y Violentos de la Fiscalía Regional Centro Norte de Santiago.
Luego, tuvo atribuciones de subjefatura entre 2005 a 2010 en la Fiscalía Local de Primeras Diligencias y ACD, desde el 2011 hasta inicios de 2014, también con atribuciones de subjefatura, y por la Fiscalía Local Santiago Norte, como Fiscal preferente para delitos sexuales y violentos, desde 2014 hasta abril de 2019, asumiendo luego la responsabilidad de la Fiscalía Unipersonal de Cochrane hasta agosto de 2022.

En el mismo texto, de la demanda, se expresa que la funcionaria siempre fue bien evaluada en su trabajo, permaneciendo por más de 19 años en la misma institución, incluso, asumiendo responsabilidades mayores a las contratadas. El desempeño profesional de la denunciante durante los períodos 2019, 2020 y 2021 fue evaluado consecutivamente con nota 7.0 por el propio Fiscal Regional.

Empiezan a bajar las calificaciones, sin explicación

Es precisamente, en esta parte del relato donde se comienzan a observar incongruencias en las calificaciones emitidas por el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra, pese al adecuado desempeño de Lorena Barudi.

Al respecto, el abogado querellante, Fernando Leal señala que “cuando la denunciante asumió la jefatura de la nueva Fiscalía Local Unificada Chile Chico-Cochrane, no recibió apoyo ni contó con más personal del que ya existía desde antes. En dicho contexto, ella implementa nuevos sistemas de trabajo, a contrapelo del fiscal Álvaro Sanhueza -fiscal de Chile Chico- y de los demás funcionarios de Chile Chico y, además de las causas de su cartera, también se hizo cargo de la dirección de las causas de UTRAM (Unidad de Tramitación Masiva), tanto de Cochrane como de Chile Chico”.

Abogado, Fernando Leal. 

Leal, agrega que el Fiscal Regional, durante la evaluación correspondiente al año 2022, no aclaró qué aspectos de la gestión de la denunciante “había que mejorar” y que supuestamente justificaban evaluarla con nota 6.9 y no con 7.0. Al respecto, durante la Evaluación de Desempeño, el Fiscal Regional adujo una supuesta “falta de control” que no se condice con el informe de gestión, ya que en 2020 la Fiscalía Unipersonal de Cochrane no cumplió con todas las metas de gestión y aún así el desempeño de la denunciante para ese período fue calificado con nota 7.0, evidenciándose una incongruencia en el criterio aducido por el Fiscal Regional para evaluarla con nota 6.9 para ese período”.

“El que se mete con uno, se mete con todos”

Hay que mencionar que la Fiscalía de Cochrane sólo cuenta con tres funcionarios de punto fijo –un fiscal, un AOC y un funcionario auxiliar –, y su administradora tiene asiento en Chile Chico y visita esporádicamente la oficina de Cochrane. Esto, deja en evidencia la recarga de trabajo existente.

Durante la pandemia, ni la Fiscalía Local de Cochrane, ni la Fiscalía Local de Chile Chico contaron con abogados asistentes, y el Fiscal Sanhueza y la denunciante se turnaban fin de semana por medio para tomar el turno de instrucción para ambas jurisdicciones.

¿Y qué fue ocurriendo después? La profesional empieza a ser víctima de un grave y sistemático acoso laboral, desplegado por el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Alberto Palma Guerra, junto con otros fiscales y jefes de unidades administrativas de la zona. Las consecuencias del acoso laboral se tradujo en un daño grave a su integridad física y psíquica, manifestándose en un cuadro depresivo severo y un incidente cerebrovascular grave, con alzas de presión que derivaron en un aneurisma en su arteria aorta renal e insuficiencia cardíaca.

A la afectada se le hacían llegar frases como “el que se mete con uno, se mete con todos”, en alusión a las jefaturas de las unidades regionales.
Curiosamente, en la evaluación de desempeño 2022, el Fiscal Regional de Aysén la calificó con un 6,9 y la profesional manifestó su disconformidad, considerando que había evidencia de un gran trabajo realizado. Al terminar de hablar, el Fiscal Carlos Palma -según consta en el documento de la demanda-, “el Fiscal Regional reaccionó de forma violenta, descontrolada y déspota. Le alzó la voz – por no decir gritoneó – a la fiscal Barudi, vociferando que no iba a aceptar que le representara su disconformidad con la calificación, que él era el Fiscal Regional y que si quería podría haberla evaluado peor, aludiendo supuestas faltas de respeto a sus jefes administrativos…”.

Cabe mencionar que esas supuestas faltas de respeto, tienen que ver con el hecho de que la fiscal, Lorena Barudi, en ocasiones cuestionó y no aceptó decisiones autoimpuestas por funcionarios que gozan del beneplácito del Fiscal Regional de Aysén y, de ahí, entonces, cobra más sentido la frase “el que se mete con uno, se mete con todos”.

Más abusos y apresurada investigación

La situación de la fiscal, Lorena Barudi al interior del Ministerio Público fue tomando ribetes cada vez más complejos. La historia suma y sigue: la Fiscalía Regional de Aysén, extrañamente, no adoptó ninguna medida de resguardo para proteger a la fiscal, cuando fue víctima de violación de su morada con un deconocido armado. Resulta, a lo menos contradictorio, ya que lo que se espera es proteger y velar por el bienestar de sus propios funcionarios, ¿o no?

Tampoco fue visto con buenos ojos que interviniera, ante la incompetencia de profesionales, en el caso de abuso sexual a un menor de edad, cuyo abusador fue condenado, pero el padre del afectado estuvo a punto de no continuar con el proceso, debido a la inacción del sistema.
En toda esta historia, el tráfico de influencias forma parte de la trama. La fiscal Barudi solicitó que no se le renovara el contrato de un funcionario, debido a su deficiente desempeño. Pero, el Fiscal Regional de Aysén, hizo que a ese trabajador sí se le renovara el contrato. No por nada, en mayo de 2021, el Fiscal Regional fue testigo en el matrimonio civil de este funcionario. Esto demuestra, ausencia de imparcialidad y de objetividad.

El 21 de abril de 2023, se firmó la resolución IA N° 06/2023 que dio inicio a la investigación administrativa efectuada en contra de la fiscal Barudi, debido a la Causa (RUC 2200827970-9), sobre manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Se trata de un caso en el que se habla de la destrucción de las muestras de material biológico extraídas desde la cabina del vehículo siniestrado, originalmente destinadas a realización de peritaje comparativo de ADN para determinar cuál de los dos tripulantes del vehículo iba al volante.

Todo esto, pese a que la propia fiscal Barudi,  el 20 de abril de 2023, informó que los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa evidenciaban la inconducencia del peritaje comparativo de ADN a efectos de establecer la identidad del conductor, y que para tales efectos se iba a instruir la realización de peritaje proyectivo de movimiento en 3D a la SIAT de Santiago.

Un antecedente significativo es que en el Oficio N° 214, del 24 de diciembre de 2022, elaborado por la SIP de la 3ª Comisaría de Chile Chico, en cuyo Nº 4 del apartado V sobre “INSPECCIÓN OCULAR” se indicaba lo siguiente: “Es dable hacer presente a esa Fiscalía que, en el momento de la llegada del personal SIP al sitio del suceso, la cabina del vehículo siniestrado se encontraba alterado, el vehículo se encontraba sin ocupantes, encontrándose en el lugar personal de Bomberos de Chile Chico y personal de Carabineros de servicio de población, quienes habrían atendido y trasladados a las víctimas al servicio de Urgencias de Chile Chico”.

¿Premura o castigo?

El abogado, Fernando Leal afirma que “la premura con que se dio inicio a la investigación administrativa en cuestión, literalmente de un día para otro, del 20 al 21 de abril, no obstante los antecedentes que constaban en la carpeta investigativa de la causa RUC 2200827970-9 y el razonamiento expuesto por la fiscal Barudi, mediante correo electrónico del día previo, evidencian la falta de control de admisibilidad que se desprende del Art. 44 inc. 4° del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, que dispone “El Fiscal Regional, por resolución fundada, podrá no admitir a tramitación las denuncias que adolezca de manifiesta falta de fundamento o verosimilitud”.

Añade que “toda esta situación da cuenta del afán persecutorio de la medida y de que la decisión de iniciar la investigación administrativa fue intempestiva o ya estaba tomada desde antes”.

“Una ayudita entre conocidos”

En esta trama, hay que traer a colación un tema que entrega más señales de que se tenía el interés de sacar de las filas del Ministerio Público a la fiscal, Barudi. Incluso, en el mismo texto de la demanda se indica:  “No es menor el hecho de que ambos tripulantes del vehículo siniestrado sean parientes del marido de la administradora de la Fiscalía Local Chile Chico-Cochrane, quien conoce al señor, Álvaro Sanhueza desde mucho antes que la fiscal Barudi se trasladara a la región de Aysén”.

El 4 de agosto de 2023, Álvaro Sanhueza asumió el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Local Chile Chico-Cochrane. La fiscal Barudi no fue informada previamente que cesaría en ese cargo.

Sólo recibió a su correo electrónico personal, con fecha 7 de agosto de 2023 – tres días después – información relativa a que Sanhueza habría asumido el cargo que antes era de ella.

Los involucrados

Ante las graves irregularidades ocurridas en el contexto de las investigaciones administrativas iniciadas en contra de Lorena Barudi, que daban cuenta de un nivel de parcialidad, odiosidad y ánimo persecutorio manifiesto, sin respetar el debido proceso y sin siquiera comprender su feble y grave estado de salud, la abogada, con fecha 26 de septiembre de 2023, interpuso ante el Fiscal Nacional, una denuncia por acoso laboral, sindicando como responsables del mismo a: Carlos Alberto Palma Guerra, Fiscal Regional de Aysén, Carlos Antonio Soto Barrientos, Jefe de la Unidad de Finanzas de la Fiscalía Regional de Aysén, Jorge Pablo Carrasco Acuña, Fiscal Subrogante Adjunto de la Fiscalía Local Chile Chico-Cochrane, Álvaro Rodrigo Sanhueza Tasso, Fiscal jefe de la Fiscalía Local Chile Chico-Cochrane, Luis Ernesto González Aracena, Fiscal Jefe de la Unidad Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Región de Aysén, y; José Teodoro Moris Ferrando, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Coyhaique, solicitando la aplicación de medidas de protección a su favor.

El Fiscal Nacional dictó Resolución FN/MP N° 1960/2023, que abre investigación administrativa en contra de los denunciados, designando como Fiscal Investigador al Fiscal Regional de Magallanes y Antártica Chilena, estableciendo explícitamente que él debe “proponer las medidas de protección que se estimen necesarias”. Sin embargo, aún no se decretan tales medidas, bajo el argumento de que no sería procedente por encontrarse Barudi con licencia médica, pero el mismo Ministerio Público en las investigaciones administrativas seguidas en su contra, sí pudo citar y acosarla con el consiguiente daño a su integridad.

A la fecha la investigación administrativa por acoso laboral se encuentra en curso y con plazo de investigación hasta el 3 de abril de 2024.