EXCLUSIVO: Ex persecutor interpone tutela laboral por maltrato, acoso, discriminación, trato vejatorio contra el Fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto

Por: Daisy Castillo Triviños

El abogado, Litigante de Convencionalidad, Fernando Leal, que representa al ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren, presentó una demanda de tutela laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas,  en contra del Ministerio Público Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, representada por el fiscal regional, Cristian Luciano Crisosto Rifo.

Con fecha 3 de septiembre de 2025, el Juzgado de Letras de Punta Arenas fijó la audiencia preparatoria para el 8 de octubre de 2025, a las 09:30 horas.

El abogado, Fernando Leal sostiene que “los hechos que han dado lugar a la interposición de esta acción, han ocasionado en mi mandante una afectación en su salud física y mental, han afectado su honra y han dañado a todo su núcleo familiar. El ánimo persecutorio en su contra, la discriminación y la revancha han podido más que el respeto por garantías básicas y mínimas para con un fiscal destacado y con una trayectoria intachable, lo que no es presentable, máxime cuando quienes actuando y provocando tales afectaciones y vulneraciones son miembros de un órgano del Estado que debe, primeramente, respetar la ley, la Constitución y los tratados internacionales, lo que desde luego, en este caso, no ha ocurrido pudiendo existir inclusive hechos que revisten caracteres de delito en los involucrados en esta verdadera caza de brujas”.

El jurista plantea que “se hace evidente el grave nivel de discriminación sufrido por mi representado. Es cosa de hacer una comparación básica con lo ocurrido con el ex Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, a quien le iniciaron una investigación administrativa en la cual -y pese a la gravedad de los hechos que se le imputan, que son de conocimiento público- nunca se pidió la remoción de su cargo y, por el contrario, esperaron que terminara su período y siguiera percibiendo una remuneración millonaria sentado en su casa”.

Fernando Leal indica que “en el caso del fiscal Soto, con la mayor urgencia tramitaron cuatro investigaciones administrativas en su contra en 8 meses y pese a que él denunció el acoso laboral de que era objeto, ello no fue considerado y, peor aún, esa investigación hasta la fecha no tiene resultado”.

Hay que mencionar que el denunciante fue removido de su cargo en mérito de la Resolución FN/MP N° 1464/2025, de fecha 23 de junio de 2025, del Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien, resolviendo el recurso de apelación interpuesto en contra de medida disciplinaria, resolvió rechazarlo confirmando la sanción de remoción. Dicha resolución le fue notificada por correo electrónico el 24 de junio de 2025.

UNA CONSTANTE PERSECUCIÓN

En la demanda, documento al que accedió en exclusiva “Cápsula Informativa”, se denuncia todo un proceso de arbitrariedad y menoscabo en contra del ahora ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren. Esto, se advierte en el texto del líbelo al ejemplificarse una serie de prácticas que vulneraron su derecho a la integridad psíquica y física, al ser humillado y mal tratado de manera constante por su empleador durante los últimos meses del vínculo laboral, y también, al sufrir directa discriminación, afectación de su derecho a la honra y su derecho de indemnidad.

En el relato manifestado por el ex fiscal, Manuel Antonio Soto, Basauren en su calidad de víctima plantea: “Quiero manifestar, que soy un Fiscal Adjunto, con 17 años en la institución. Desde mis inicios, como Abogado Asistente, luego Fiscal Adjunto y también como Fiscal Adjunto Jefe, me he desempeñado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Durante todos estos años, he realizado mi trabajo de manera responsable y profesional, teniendo una conducta intachable. Mis funciones como Fiscal Adjunto, comienzan en 2016, primeramente, con la especialidad en Responsabilidad Penal Adolescente y, posteriormente, hasta la fecha con la especialidad en investigaciones por delitos de la Ley N°20.000 (Ley de Drogas). En marzo de 2023, el Fiscal Nacional don Ángel Valencia Vásquez me designó Fiscal Regional Suplente en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, hasta mayo del mismo año, fecha en que asumió el nuevo Fiscal Regional”.

Agrega que “cuando asume como Fiscal Regional don Cristian Crisosto Rifo, ha existido en mi contra una animadversión notoria que, en un comienzo, se expresaba en un trato mínimo y distante hacia mi persona y que, lamentablemente, con el transcurso del tiempo, se fue extendiendo a mis funciones como Fiscal Adjunto”.

Ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren.

Sobre esta situación, el ex fiscal detalla que, en las primeras reuniones con la nueva jefatura (Fiscal Regional y Directora Ejecutiva Regional, Camila Fernández), particularmente en junio y julio de 2023, y él cumpliendo funciones como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Punta Arenas y Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, se informó acerca de sus funciones y, especialmente, la labor de Fiscal concurrente a la Fiscalía de Tierra del Fuego, como siempre ha sido el procedimiento de operar en dicha Fiscalía. Sin embargo, aquí surgió una primera alerta, relata Soto. “En esa oportunidad, les llamó poderosamente la atención, incluso, señalando expresiones tales como “creemos que se trata de un actuar irregular al borde de la ilegalidad”, “tendremos que estudiar el caso”, “se debe definir, si eres Fiscal de Punta Arenas o de Porvenir, pero no ambos a la vez”.

Frente a ese hecho, el ahora ex fiscal plantea que “esta situación fue bien incómoda en un comienzo, ya que ambos conversaban y me ignoraban acerca de lo que yo trataba de explicarles sobre el funcionamiento de la Fiscalía. Es decir, estaba presente en la reunión, sin embargo, el Fiscal Regional y la Directora Ejecutiva Regional me invisibilizaban. Se refirieron y realizaron expresiones de ilegalidad, como si yo estuviera actuando al margen de la ley, en circunstancias que sólo cumplía funciones en Punta Arenas y en Porvenir como Fiscal concurrente”.

El ex persecutor indica que “en esa misma época, el Fiscal Regional don Cristian Crisosto Rifo, como la Directora Ejecutiva Regional, doña Camila Fernández Rodríguez, hacían referencia discursivamente que uno de sus principales objetivos era mejorar el clima laboral en la Fiscalía Regional de Magallanes y readecuar los modelos de trabajo”.

Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto.

¿SOBRECARGA INTENCIONADA?

En agosto de 2023, señala el ex fiscal en su demanda, comenzaron oficialmente las nuevas unidades de trabajo en la Fiscalía Local de Punta Arenas, quedando a cargo de la Unidad de Drogas, delitos contra la propiedad y delitos sobre control de armas, la que estaba compuesta por un Fiscal Adjunto, un ayudante de Fiscal (contratado a honorarios) sin posibilidad de subrogarlo, y dos gestores. “Precisamente, poco antes de iniciar el funcionamiento de dicha Unidad, fueron los propios compañeros de trabajo que me representaron las dificultades que se nos presentarían en el ejercicio de nuestras funciones, toda vez que éramos la unidad con menos abogados y con un alto número de ingresos, más de algún colega me señaló “te perjudicaron”, “es imposible tener esa carga de trabajo”, “no podrás tener el control de toda la Unidad, por la cantidad de causas que te asignarán y el poco personal”.

Hay que mencionar que, en esa fecha, Soto cumplía funciones como Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego (doble función). Esta recarga nunca se consideró por parte de la Jefatura Directa (Fiscal Regional y Directora Ejecutiva Regional).

A los pocos meses, la Unidad encabezada por el ex fiscal Soto Basauren estaba sobrepasada en la carga de trabajo. “Nuestras autoridades (Fiscal Regional y Directora Ejecutiva Regional) sólo nos representaban pública y privadamente que nuestro trabajo estaba mal realizado, que toda este incremento laboral sólo se debía a una mala gestión nuestra. Hago presente que, durante agosto de 2023 a agosto de 2024, tuve un ingreso de 1.800 causas aproximadamente, en relación a los otros fiscales adjuntos, quienes en el mismo período, en algunos casos apenas superaban las 550 causas, 600 y 700 respectivamente”.

La escasez de personal se veía afectada considerando que las causas investigadas por dicha Unidad, eran complejas y demandantes, porque se trataba de delitos de drogas, con alta incidencia en agrupaciones criminales, medidas intrusivas, prisiones preventivas, juicios orales. Además, de eso, tenía que ver con delitos contra la propiedad (todo lo relacionado a la propiedad, robos violentos y no violentos, hurtos, daños, incendios, usurpaciones, apropiaciones indebidas, etc.) y delitos sobre control de armas.

MALTRATO Y OFENSAS

En la demanda, queda en evidencia que las jefaturas tenían un trato distinto y, al mismo tiempo, despectivo hacia el entonces fiscal. “Además, cumplía funciones en la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, y era una práctica desde hace muchos años que el Fiscal Adjunto de Tierra del Fuego (Fiscal concurrente), en la Fiscalía Local de Punta Arenas, debían asignarle menos causas (por la doble función), sin embargo, mi jefatura actuaba deliberadamente, omitiendo esa regla, y asignándome una sobrecarga de trabajo. Con posterioridad, asumió en el cargo de Fiscal Jefe de Tierra del Fuego, el fiscal Sebastián González, quien ya había sido nombrado Fiscal Adjunto Jefe de Punta Arenas, logrando estar apenas dos meses en dicho cargo (no podía mantener dos jefaturas a la vez), para luego asumir la Fiscal, Johanna Irribarra Alarcón, a quien, precisamente una vez asumida la doble función, la jefatura dispuso inmediatamente el traspaso de causas a otros fiscales de Punta Arenas, para compensar su doble función”.

Según manifiesta Soto Basauren -en el texto de la demanda-, la suma de estas situaciones, de este escenario poco favorable para él, “me obligó a pensar que lo único que se pretendía era perjudicarme, de esta manera era más factible que pudiera cometer algún error que implicaría alguna sanción administrativa, o eventualmente un cansancio, desgano que me permitiera hacer abandono de mi trabajo, lo que en definitiva creo que ha buscado la máxima autoridad regional de la Fiscalía…”.

También el ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren denuncia haber sido tratado en forma despectiva. “Desde la llegada del Fiscal Regional don Cristian Crisosto Rifo junto a su equipo de directores y jefaturas, siempre se mostró distante en el trato hacia mi persona, lo que en un principio, sólo parecía extraño, rápidamente denotaba sentimientos de animadversión, por ejemplo, en reuniones con otros jefes se refería a mi persona como ”El Soto”, de manera peyorativa, en circunstancias que al resto de los fiscales, se refería como fiscal y su respectivo nombre o apellido”.

El ex persecutor también da cuenta de que, a pesar de que históricamente, en la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, la resolución de subrogancia para Fiscal Regional y para Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Punta Arenas, correspondía a todos los Fiscales de la Región, según orden de prelación (normalmente desde el más antiguo en el cargo al más reciente), la jefatura actual dicta las Resoluciones de subrogancia, para Fiscal Regional y para Fiscal Adjunto Jefe de Punta Arenas, correspondiente a la Resolución FR N°001/2024 de fecha 2 de enero de 2024, dejándome a mí como el único Fiscal de la Fiscalía Local de Punta Arenas sin subrogancia (excluido), es decir, la jefatura determinó que todos los fiscales adjuntos (menos yo) lo podía subrogar”. Añade que “es cierto, que estas resoluciones son propias y exclusivas de la potestad de la Jefatura denunciada. Sin embargo, grafica potencialmente el desprecio a mi persona. Esta decisión de la subrogancia, la cual se me excluye no está motivada, lo que conlleva una cierta arbitrariedad, o más bien se interpreta como una humillación, menosprecio a mi persona”.

Otra de las situaciones manifestadas por el ahora ex fiscal, dice relación con la sobrecarga de trabajo en la designación de los turnos. “En junio de 2024, la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se sumó con los Fiscales de la Región a los turnos Bitácora Web de flagrancia de la Macrozona Sur que incluye a las Regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Se nos informa en una reunión la modalidad de dichos turnos y que estos ya estaban diseñados. Curiosamente, yo tenía que asumir el primer turno dentro de los Fiscales de la Región, y además estaba asignado para el turno de las fiestas patrias y de fin de año. Es decir, en ese momento de los tres feriados más importantes que restaban (Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo) yo estaba asignado en dos de ellos. Sintiéndome nuevamente perjudicado”.

Hay que incluir otra situación en toda esta historia y es lo ocurrido en 2024, en el marco del inicio de uno de los juicios orales más importantes que se han realizado en la Región de Magallanes, causa Ruc N°2100137590-0 denominada causa CONFEDERACIÓN, por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, uso malicioso de instrumento público falsificado, y asociación ilícita. ¿Y que pasó? Al estar a cargo de la Unidad de Drogas, de delitos contra la propiedad y delitos sobre control de armas, Manuel Antonio Soto Basauren solicitó ayuda, en reiteradas oportunidades a su Jefatura, “ya que justo en ese período estaría con feriado legal el único abogado asistente de la respectiva Unidad. Por lo que no tendríamos en gran parte de la jornada abogado en dicha Unidad (el abogado asistente con vacaciones, y yo como Fiscal Adjunto en Juicio Oral), juicio oral inicialmente programado para tres semanas. Además, hago presente, que, junto al gran número de causas asignadas, mantenía una causa ECI (equipo conjunto de investigación), la cual requería de atención preferente por la magnitud de dicha investigación. En esas circunstancias, justo el día que comienza el juicio oral de la causa CONFEDERACIÓN (21 de junio de 2024), dirijo un correo electrónico a los integrantes de la unidad de alta complejidad de la Región (encabezada por el Fiscal Regional y por la Directora Ejecutiva Regional) explicando de la importancia de ambas causas (CONFEDERACIÓN y ECI) del inicio del juicio oral en causa CONFEDERACIÓN, del escaso personal de mi Unidad, y de la tramitación de la causa ECI (actualmente vigente) y que forma parte de la unidad de alta complejidad de la Región, con el único objetivo de que pudieran prestar ayuda en su tramitación, audiencias”, y preparación de acusación en su caso.

El ex persecutor relata que, a los pocos días de la solicitud de apoyo, fue citado de manera urgente al despacho del Fiscal Regional, estando en dicho lugar el Fiscal Regional, la Directora Ejecutiva Regional, y el Fiscal Jefe de Punta Arenas. “En ese contexto, el Fiscal Regional don Cristian Crisosto Rifo, me señala de manera agresiva “como se te ocurre enviar un correo electrónico solicitando ayuda… Esa actitud tuya es poco solidaria, tú no tienes ninguna consideración con el resto de las personas”. “Como es posible que pienses que alguien te haría la acusación”. Asimismo, dice Soto, “continúa recriminándome en términos autoritarios, “tú debes trabajar desde ahora mismo en el proyecto de acusación, y me debes enviar reportes directamente a mí, nadie más te ayudará en aquellas tareas”.

Según Soto Basauren, Crisosto siguió con su ofensa, manifestándole en forma degradante: “No me interesa que te encuentres en un juicio oral, todos los fiscales hacen lo mismo, por lo que comienzas ahora mismo a trabajar en la acusación, tú sabrás como lo haces, ya no tendrás ningún tipo de ayuda, olvídate que las asesoras verán esta causa”.

La víctima plantea que “de esta reunión, pude percibir y ratificar el malestar del Fiscal Regional y de la Directora Ejecutiva Regional hacia mi persona, me hicieron sentirme humillado, y que en ningún caso era posible justificar dicho trato degradante, por el sólo hecho de solicitar ayuda para la Unidad de la cual formo parte, y para dos causas de alta complejidad para la Región. Lo que debiera ser considerado, naturalmente por la Jefatura, quienes se deben preocupar de realizar una gestión acorde a los lineamientos institucionales, que permitan un excelente desarrollo en las funciones de cada uno de los Fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Pero lejos de recibir ayuda o consideración a una posible reestructuración en la sobrecarga laboral que mantenía, mis jefes extrañamente no pensaban en el bien institucional, sino más bien se esforzaban en perjudicarme”.

A pesar de las humillaciones, el entonces fiscal, continuó realizando su trabajo, principalmente porque recién comenzaba el juicio oral de la causa CONFEDERACIÓN, el cual tuvo una duración de siete semanas y con excelentes resultados, pero no recibió de parte de su jefatura ningún reconocimiento escrito y/o verbal. Sin embargo, después de los resultados, fue el propio Fiscal Regional, Cristian Crisosto Rifo, el que se encargó de utilizar la plataforma de Instagram de la Fiscalía Regional, para publicitar y vanagloriarse sobre el éxito de la causa.

Además de las complejas situaciones de mal trato que experimentó Manuel Antonio Soto Basauren, se sumó el que fuera sometido a una sanción administrativa, cuya consecuencia implicó que fuera  el único Fiscal Adjunto y funcionario de la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que no pudiera recibir un bono institucional en marzo de 2025. “Para el ex persecutor, se trató de un castigo injusto y arbitrario por parte de la jefatura de la institución”, dice el ex fiscal.

En diciembre de 2023, se le pidió extender sus funciones en Tierra del Fuego hasta marzo de 2024 y que, además, conversara con la Unidad de Drogas, delitos contra la propiedad y delitos sobre control de armas, de Punta Arenas, para que también pudieran viajar y asumir más responsabilidades ahora en Porvenir (Tierra del Fuego). El ex fiscal, Soto revela que “durante el período que cumplí funciones en Porvenir, la Jefatura Regional, realizó cambios de funciones, contratación de personal, y desvinculaciones y, en ninguna oportunidad, fui advertido, tampoco partícipe de procesos de selección, ni siquiera me pidieron la opinión, aun cuando era el Jefe de dicha Fiscalía Local. Con ello, presumiblemente buscaban invisibilizarme, toda vez que, en dichas decisiones, era evidente que no contaba con la confianza de mi jefatura, que sólo se encargaba de ignorarme”.

INVESTIGACIONES AL ACECHO

El año pasado, el entonces fiscal fue notificado de una investigación administrativa, correspondiente a la N°02/2024, por denuncia realizada por la Administradora de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, Lorena Ovando, denuncia acogida por la Directora Ejecutiva Regional, Camila Fernández, “abiertamente tendenciosa, denuncia claramente artificial, de la cual sólo con la mera declaración de un funcionario mencionado (supuestamente un abogado que hace pocos días había dejado de pertenecer a la institución), había dado instrucciones vía telefónica a Carabineros), aun cuando existía plena vigencia de una bitácora Web, que operaba en situaciones de flagrancia”, explica Soto, respecto del origen de la investigación en su contra.

Si bien, la investigación administrativa podría haber finalizado, no fue así. En la demanda, el ex persecutor afirma que “extrañamente cambia de giro y se transforma en una verdadera auditoria de causas, de las cuales hago presente que nunca tuve acceso al contenido de dichas causas. Estas causas fueron selectivamente recogidas por la Administradora de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego (doña Lorena Ovando Torres) sin ningún sentido o criterio definido (en su mayoría se trataba de causas terminadas) manifestando en resumen la tardanza en decisiones de archivo provisional, de formalización de la investigación, y causas sin mayor actividad investigativa. Lo curioso es que la jefatura levanta esta investigación administrativa, (abogado que no pertenecía a la institución supuestamente dio instrucciones a Carabineros) fue aclarado el hecho, y al no vislumbrar algún tipo de responsabilidad, suspicazmente la jefatura, luego decide ampliar el objeto de la investigación, en pleno proceso de acoso laboral del cual estaba siendo víctima, se realiza un sumario administrativo arbitrario y que vulnera los principios básicos de un debido proceso, para finalmente terminar siendo sancionado con la suspensión de funciones con goce de media remuneración por dos meses, por graves infracciones al Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, incluso por falta a la probidad, en circunstancias que ni siquiera en la formulación de cargos se me había notificado dicha infracción. Modus operandi, que la Jefatura Regional del Ministerio Público, ya estaba utilizando en esos momentos con otra colega, de la Fiscalía Local de Puerto Natales. En resumen, me responsabilizan por una especie de responsabilidad de mando, al ser el Fiscal Jefe de Tierra del Fuego, debía mantener un mayor control y fiscalización de los subalternos, pero curiosamente, al momento de la selección de personal de dicha Fiscalía, los cambios de personas, funciones y las desvinculaciones, jamás me las informaban o me hacían parte de la toma de decisiones, ni siquiera consultaban, ignorándome, a pesar de que tenía la calidad de jefe. Sin embargo, me sancionan, instrumentalizan normas y personas, para terminar, responsabilizándome de manera exclusiva por ser el jefe. Mi jefatura, sólo buscaba sancionarme, sin importar a qué costo, vulnerando principios básicos de un debido proceso”.

LA AFECTACIÓN EN LA SALUD

Cabe señalar que tras esta seguidilla de hechos, el ex fiscal vio afectada su salud y recibió atención médica, lo que significó que, por primera vez en su vida laboral, tuviera una licencia por 15 días y, luego, por 30 días. “Aún encontrándome con licencia médica por enfermedad psiquiátrica originada por la abusiva persecución laboral de mi jefatura, se me notifica la resolución de una nueva investigación administrativa, correspondiente a la N°03/2024, esta vez por una denuncia realizada nuevamente por la Administradora de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, quien le informa a la Directora Ejecutiva Regional, un supuesto acoso sexual”. Sobre este punto, el ex persecutor afirma que se trata de “una denuncia completamente falsa, injuriosa y calumniosa. Se han instrumentalizado normas legales y personas para denostar mi honor y familia, sin ningún escrúpulo, motivados por actos de desconsideración y abuso. Nuevamente, el Fiscal Regional y la Directora Ejecutiva Regional, utilizan términos que buscan responsabilizarme, porque yo era el Jefe de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego (ahora como presumiblemente acosador)”.

A mediados de octubre de 2024, el ex fiscal hizo una denuncia ante la Fiscalía Nacional, por acoso y persecución laboral en contra del Fiscal Regional, Cristian Crisosto Rifo, la Directora Ejecutiva Regional, Camila Fernández Rodríguez y la Administradora de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, Lorena Ovando Torres. Sin embargo, dice Soto -en el texto de la demanda- “lejos de aminorar esta lamentable persecución en mi contra, y de una manera casi burda, mi jefatura fuera de todo contexto y respeto a los principios de un debido proceso e imparcialidad, me notifica con posterioridad dos investigaciones administrativas, iniciadas a partir de la denuncia que yo había realizado contra mi jefatura. Asimismo, me notifican la suspensión de mis funciones, ahora como medida de protección, por la causa denunciada por acoso sexual, causa completamente artificiada en falsedades”.

Hay que consignar que dos meses después, el 3 de diciembre de 2024, el ex fiscal Soto Basauren fue notificado de una investigación administrativa, correspondiente a la N°06/2024, ahora por causas de la Fiscalía Local de Punta Arenas. “Lo extraño que supuestamente se realizaron auditorías detectando ciertas irregularidades en la tramitación de algunas causas. Esta auditoría era encabezada por la Directora Ejecutiva Regional, doña Camila Fernández Rodríguez (quien precisamente es una de las personas que yo terminé denunciando por acoso laboral junto con el Fiscal Regional, ante la Fiscalía Nacional). Sin embargo, en circunstancias que debieran haberse adoptado las medidas de protección a mi favor, estas personas han continuado con la evidente persecución laboral en mi contra. Con fecha 31 de diciembre de 2024 fui notificado de una nueva investigación administrativa, correspondiente a la N°04/2024, esta vez por la causa Ruc N° 2100760035-3, conocida como causa ECI (Equipo Conjunto de Investigación), causa altamente compleja, que se radicó en la Fiscalía Local de Punta Arenas, luego en la Fiscalía Local de Puerto Natales y, finalmente, en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Magallanes (esta última Unidad, creada por la actual Jefatura Regional), donde precisamente recurrí para solicitar ayuda en su oportunidad, en razón a la sobrecarga de trabajo que estaba experimentando, con la agravante de tener una Unidad reducida en abogados, y del tipo de investigaciones que estaba desarrollando”.

El ex persecutor afirma -en el texto de la demanda- que “las investigaciones administrativas que me abrieron, avanzaron, vulnerando normas básicas a los principios de objetividad, e imparcialidad, con claras infracciones a un debido proceso, y en dos de ellas, la Fiscalía Regional de Magallanes dictaminó como sanción, la más gravosa de todas cual es la remoción del cargo. En otra, la suspensión de funciones por dos meses y en otra la suspensión de funciones por un mes. En estas investigaciones administrativas se recurrieron a la instancia superior, por lo que el Fiscal Nacional, don Ángel Valencia Vásquez, ha tenido conocimiento de toda esta problemática suscitada en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

¿Cómo se resume el vía crucis del ex fiscal, Manuel Antonio Soto Basauren? Él mismo, lo detalla: “Un Fiscal Adjunto que, en ocho meses, ha tenido cuatro investigaciones administrativas, y se abrió una causa penal. Un Fiscal Adjunto, que solicitó en dos oportunidades una entrevista personal con el Fiscal Nacional, pero éste ignoró. Un Fiscal Adjunto que sufre de enfermedad profesional. Un Fiscal Nacional que ratifica sanciones administrativas, y, además, se producen varias desvinculaciones en un período de dos años, y el Fiscal Regional, y su jefatura a la luz de su actuación, cuentan con todo el respaldo del Fiscal Nacional”.

Agrega que “la sobrecarga laboral, de la cual di cuenta desde hace tiempo a mi Jefatura, estaba acompañada de una persecución o acoso laboral, que, evidentemente, buscaban provocar en mí un desgaste, cansancio y eventual renuncia a mi trabajo. Todo esto, lo circunscribo a la existencia de una operación para destituirme, liderada por mi jefatura (Fiscal Regional de Magallanes y Antártica Chilena, don Cristian Crisosto Rifo, la Directora Ejecutiva Regional, doña Camila Fernández Rodríguez, y otros funcionarios de la mencionada Fiscalía Regional, quienes participaron activamente en la operación para destituirme, basados en arbitrariedades, mentiras, omisiones injustificadas, injurias y calumnias”.

SU HISTORIA EN LA FISCALÍA

Manuel Antonio Soto  Basauren ingresó el 26 de mayo de 2008 a trabajar al Ministerio Público, en calidad de abogado asistente de Fiscal, en la Fiscalía Local de Punta Arenas.  Se mantuvo como abogado asistente entre 2008 y 2015 correspondiéndole dentro de sus funciones ser coordinador de la TCMC por un período de 3 a 4 años, hasta el 2015.

Con fecha 23 de noviembre de 2015, fue designado como Asesor Jurídico Suplente de la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica chilena, funciones que cumplió hasta el 13 de marzo de 2016.

El 14 de marzo de 2016, asumió como Fiscal Adjunto de Punta Arenas, y desde el 1 de enero de 2022, asume, además, como Fiscal Adjunto Jefe de Porvenir, manteniendo dicha doble función de Fiscal en Punta Arenas y Porvenir.

En el desempeño de sus funciones como Fiscal Adjunto, primeramente, partió con la especialidad en Responsabilidad Penal Adolescente, y posteriormente, con la especialidad en investigaciones por delitos de la Ley 20.000.

En marzo de 2023, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, lo designó como Fiscal Regional Suplente en la Región de Magallanes y Antártica chilena, cargo en el que permaneció hasta mayo de ese mismo año, cuando asume como Fiscal Regional, Cristian Crisosto Rifo.

Desde la fecha de su ingreso a la institución, Soto Basauren siempre fue bien evaluado en su trabajo, prueba de ello es la cantidad de años que permaneció en tal institución y el hecho que el Fiscal Nacional lo dejara como Fiscal Regional Suplente, es decir, aparece de toda obviedad que su empleador confiaba en su trabajo y capacidades y, por lo mismo, le dio mayores responsabilidades.