¿Falla institucional? Informe revela el mal manejo del gobierno de Boric ante el megaincendio de 2024 en Viña del Mar y Quilpué

Un informe del Instituto Libertad analizó el cumplimiento del FET y apuntó a una “falla institucional”, mientras que desde la cartera acusaron “falta de rigurosidad”.

Un nforme elaborado por Pablo Pérez, economista e investigador del Instituto Libertad, da cuenta sobre el megaincendio de 2024 en Valparaíso y Quilpué, y que causó la muerte de 138 personas, da cuenta de una “aceleración tardía del gasto”, “rezagos críticos en las soluciones habitacionales definitivas” y una “falla institucional en la conducción, coordinación y sentido de urgencia del proceso de reconstrucción”.

A agosto de 2025, 18 meses después del siniestro, el FET presentó una ejecución acumulada de solo 14,6%, cerca de $8.340 millones de un total de $57.033 millones.

El Informe de Ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio (FET), particularmente el análisis al cierre de 2024 y las actualizaciones a enero de 2026, revela un panorama crítico respecto a la reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué tras el megaincendio de febrero de 2024.

Los puntos centrales de los informes (elaborados por organismos como la Dipres, el Serviu y centros de estudio como el Instituto Libertad) señalan lo siguiente:

Ejecución Presupuestaria “Tardía” y Baja

A diciembre de 2024, la ejecución del presupuesto vigente para el FET fue de $2.558 millones, lo que representó un 72,8% del monto que se encontraba vigente en ese momento ($3.513 millones).   

Sin embargo, la crítica principal radica en que el fondo total autorizado por ley es de $800.000 millones para el período 2024-2026. Al comparar lo gastado con el total disponible para la catástrofe, la ejecución apenas rozaba el 1,09% hacia mediados de 2025, lo que se califica en los informes como una “falla institucional”.   

El informe desglosa la inversión en programas clave del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), mostrando cifras alarmantes de lentitud:

• Fondo Solidario de Elección de Vivienda: Solo un 8,4% de ejecución.   

• Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios: Apenas un 1,8% o 1,9% (según el corte del informe).

• Proyectos de Inversión (Subtítulo 31): Alcanzaron un 51,8% de ejecución sobre los montos asignados específicamente para 2024.  

Principales Obstáculos Identificados

Los informes señalan tres factores que han frenado el avance:

• Complejidad de los terrenos: La geografía de las zonas afectadas (quebradas y pendientes en Viña del Mar y Quilpué) ha dificultado la instalación de viviendas definitivas.

• Falta de coordinación: Se reporta una baja sincronía entre los municipios, el Serviu y el Gobierno central de Gabriel Boric, lo que ha retrasado demoliciones y la asignación de proyectos.   

• Nuevos requisitos normativos: La burocracia en la entrega de subsidios y la verificación de la propiedad de los terrenos han actuado como un cuello de botella.

Conclusión del Informe (Balance a 2026)

A casi dos años del siniestro, los informes más recientes (enero 2026) hablan de una “aceleración tardía”. Si bien, el gasto aumentó considerablemente en el último año, el retraso inicial dejó a miles de familias en soluciones transitorias por mucho más tiempo del proyectado originalmente.

El Gobierno lanzando la pelota al que “caiga”

La seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, Belén Paredes, expresó su preocupación por el informe, apuntando a una falta de rigurosidad en sus conclusiones. “Más que un informe técnico o investigativo, el documento se asemeja a una opinión política, respecto de un proceso altamente complejo, utilizando conceptos valorativos, propios del debate público, pero insuficientes cuando se pretende construir un análisis con pretensión técnica o científica”.

Asimismo, agregó que “esta debilidad metodológica se vuelve especialmente problemática cuando el informe aborda materias normativas y jurídicas sin explicitar sus fundamentos. Un ejemplo claro es el tratamiento de la causal de inhabilidad para acceder a subsidios habitacionales en el caso de familias que poseen más de una vivienda”.

La funcionaria de gobierno, aseguró que “el informe critica dicha restricción, sin explicar, y omite, que esta no responde a un criterio discrecional ni a una falta de voluntad política, sino a un marco legal y reglamentario que sustenta la política habitacional subsidiaria en Chile. La focalización de recursos públicos en quienes carecen efectivamente de una solución habitacional no es una opción ideológica, sino un principio estructural del sistema que ha estado inalterable en todos los procesos reconstrucción de los últimos 20 años”,