Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur piden al Gobierno terminar con inacción frente a severos problemas en el Ministerio Público

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (AFFREMSUR) llamó al Gobierno y, en particular, al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, a terminar con lo que califican como inacción de parte del Ejecutivo a dar solución, de una vez, a los problemas existentes al interior el Ministerio Público, que encabeza, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

Hay que recordar que la AFFREMSUR, remitió durante el mes de junio,  un petitorio al Presidente, Sebastián Piñera, documento que después de  meses, recepcionado por su Gabinete, sigue sin respuesta. Esto, pese a que las demandas planteadas por los funcionarios, apuntan a la necesidad de mejorar y fortalecer el funcionamiento y modernización del organismo persecutor. 

Uno de los temas que se planteó en el petitorio dirigido al Presidente Piñera, es convocar a un panel de expertos junto a los representantes de los trabajadores,  a fin de analizar la eficacia  de los actuales sistemas de trabajo del Ministerio Publico, evaluando sus efectos, tanto para los ciudadanos como para  quienes los ejecutan al interior del Ministerio Público, ya que los funcionarios han sido sometidos a un permanente aumento de tareas administrativas, sin que aquello se relacione por ejemplo, con la disminución de las tasas de archivo de causas.

Asimismo, que se considere, en forma urgente,  la instalación de  una mesa de trabajo de carácter tripartita que cuente con la presencia de  representantes del Ejecutivo, dirigentes del Ministerio Publico y de la propia institución, a fin de avanzar en las reformas e iniciativas legales señaladas, sin excluir a los trabajadores  del órgano persecutor.

La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, Paulina Ruiz, señala que “han pasado meses y aún no tenemos respuesta de nuestro petitorio, por parte del Gobierno, lo que es una señal de oídos sordos, que en nada  ayuda a mejorar la persecución penal en nuestro país”.

FISCALIZACIÓN  EXTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Paulina Ruiz, presidenta de la AFFREMSUR, indica que “urge implementar un mecanismo de fiscalización laboral externa para los trabajadores del Ministerio Publico, a fin de contar con  la posibilidad de apelar sanciones emanadas  de investigaciones administrativas, reclamar la eventual  disconformidad ante resultados de concursos públicos, desvinculaciones y calificaciones. También es necesario, contar con un  control de legalidad sobre las actuaciones administrativas que se adoptan con los funcionarios, especialmente, en el caso de las desvinculaciones y una regulación  financiera como la de los demás servicios públicos”.

LOS “PARIENTES POBRES”

La dirigente asegura que se precisa,  además, del envío de un proyecto de ley de incentivo al retiro y asignación profesional para los trabajadores del Ministerio Publico,  en igualdad de condiciones con los beneficios que recibe el Poder Judicial, ya que de acuerdo a la propia ley Constitucional del órgano persecutor, se encuentra   asimilado  a esa escala de remuneraciones, incluyendo bonos y asignaciones.

“Los trabajadores del Ministerio Público no somos los parientes pobres del Poder Judicial, es lamentable que el Gobierno no tenga la capacidad de asumir la igualdad ante la ley en este caso, y peor aún, de forma unilateral haya terminado la mesa de negociación que sostuvimos durante este año con el Ministerio de Hacienda”.

DESVINCULACIONES ARBITRARIAS

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, se advierte, que hay que “aumentar  las restricciones para proceder a la desvinculación de un funcionario, dado que existen distintas sentencias judiciales que se refieren a desvinculaciones arbitrarias”.

Cabe mencionar que en el petitorio de la AFFREMSUR, dirigido al Presidente, Sebastián Piñera, se incluyen las siguientes medidas: “La existencia de un mecanismo de denuncias por maltrato laboral y/o acoso laboral o sexual, regulado y supervisado por un organismo independiente del Ministerio Publico para garantizar objetividad en los resultados de las indagatorias.

CARGOS DE “CONFIANZA”

También piden  que “se eliminen los cargos de exclusiva confianza, a lo menos, en las jefaturas nacionales y  regionales de recursos humanos y direcciones ejecutivas, permitiendo  que estos puestos sean concursados por Alta Dirección Pública, asegurando así requisitos básicos.

“Es inverosímil que, en los cargos más relevantes, que dicen directa relación con la gestión institucional, estemos en manos de personas que no han competido en el sistema de Alta Dirección Pública” agrega la dirigente, advirtiendo que “como trabajadores estamos cansados de tener que tolerar jefaturas elegidas a dedo que, en ocasiones, ni siquiera cumplen las competencias mínimas para ejercer sus cargos”, indica Paulina Ruiz.

Fotografía: Biblioteca Congreso Nacional