Por: Daisy Castillo Triviños

El pasado 11 de septiembre, dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANFUP), presidido por Patricio Baquedano (quien es de dotación del Complejo Penitenciario de Acha en Arica), junto a Andrés Segovia –vocero, tesorero y de dotación de la Cárcel Concesionada de Santiago 1-, junto a otros dirigentes nacionales y provinciales, intentaron tomarse las dependencias del Ministerio de Justicia, escupiendo a sus pares que, a diario, están apostados en la entrada de la cartera que encabeza el Ministro, Hernán Larraín.

La bataola terminó con varios de los funcionarios detenidos por carabineros, mostrando heridas en sus manos y cortes en la frente que, según ellos, habrían sido ocasionados por la policía uniformada. Desde el Ministerio de Justicia rechazaron el actuar de los dirigentes involucrados y que forman parte de uno de los sindicatos más grande de Gendarmería.

Según un comunicado dado a conocer por los funcionarios que promueven la movilización, indicaron que “resulta inexplicable que el gobierno esté evaluando una presentación al Tribunal Constitucional a objeto de declarar inadmisible por inconstitucionalidad algunas disposiciones de nuestro proyecto de ley aprobadas en la Cámara de Diputados”.

Agregaron que “hacemos un llamado al Ejecutivo a no seguir obstaculizando la tramitación de este proyecto de ley que es tan importante para todo el personal penitenciario”.

¡La enfermedad y el remedio!: Un director “salvador”

Si bien, varios medios de comunicación informaron sobre la acción de protesta protagonizada por los funcionarios penitenciarios de Gendarmería, lo que, hasta ahora, no se ha dicho y a lo que accedió en exclusiva “Cápsula Informativa” es al hecho de que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, en resolución –Rol Nº 289-2018, del 3 de octubre de 2018-, firmada por el Ministro titular, Carlos Gajardo, y los abogados miembros, Luis Merino y Guillermina del Pilar Sánchez, estableció que “… visto lo dispuesto en los artículos 10,14 y 16 al 25 de la Ley Nº 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales y el Auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, de 11 de junio de 2012, se declara: Que se acoge la reclamación deducida en contra de la elección del directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) realizada los días 13 y 14 de marzo del año en curso (2018), declarándose la nulidad de la misma, por lo que deberá realizarse un nuevo proceso eleccionario que se ajuste a los estatutos y reglamentos de la Asociación, dentro del plazo de 90 días, desde que quede ejecutoriada la presente sentencia, con costas”.

¿Y qué es lo que ha pasado luego de esta resolución? Nada, lo cierto es que la directiva de la ANFUP, pese a que se decretó que las elecciones estuvieron marcadas por irregularidades, los funcionarios siguen operando como un sindicato representativo y no lo es.

Algunos de los vicios detectados en el proceso eleccionario que no ha sido nuevamente convocado como correspondería y que se consigna en el fallo del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, son: “en Puente Alto, por ejemplo, no se entregaron los resultados preliminares y no se contabilizaron, porque no llego en original el documento”. A esto se suma que “la comisión electoral encargada de supervigilar el proceso, estuvo compuesta por sólo dos miembros, infringiéndose el Artículo 37 de los Estatutos de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y el Artículo 2 del Reglamento de Elecciones de la misma”.

Y, hay más datos: “la votación en la unidad penal de Alto Hospicio se realizó en días distintos de los fijados para estos efectos, que no se consideraron las votaciones correspondientes a algunas unidades penales por no haber sido remitidas, oportunamente, los antecedentes, lo que significó que parte de la votación no fue escrutada”.

En la resolución se señala que “se trata, sin duda, de hechos que distorsionan el acto eleccionario, lo que cobra especial relevancia si se considera que la elección tiene como propósito la designación de los directivos nacionales de la entidad, cuya legitimidad se alcanza sólo en la medida que sea el resultado de un proceso exento de todo vicio o irregularidad, cuestión que, ciertamente, en el presente caso no acontece”.

En el artículo 7º del documento emitido por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana se establece que “no sólo se trató de una infracción reglamentaria de la mayor relevancia, como es la constitución irregular de la Comisión Electoral, con sólo dos miembros, sino también de irregularidades cometidas en el proceso mismo y que la referida comisión validó, hechos todos que, incuestionablemente, constituyen un vicio que sólo puede subsanarse, mediante la declaración de nulidad de la elección realizada”.

El problema es que la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios  sigue actuando como si fuera representativa de los trabajadores y están operando bajo la ilegalidad, incluso, han sido invitados por parlamentarios junto al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, para hablar sobre la tramitación del proyecto de modernización de la carrera funcionaria.

Uno, debiera preguntarse, ¿por qué el director nacional de Gendarmería acepta negociar con este grupo que está ilegítimamente constituido y que arrastra una elección fraudulenta? Y ¿por qué no instruye los respectivos sumarios administrativos a los funcionarios involucrados en el fraude electoral? La respuesta es una y clara: porque los dirigentes son “cercanos” al director nacional de Gendarmería y, a pesar de que la semana pasada realizaron una manifestación de protesta en el Ministerio de Justicia, lo que habría detrás, señalan a este diario digital fuentes de la institución, es que se trata de un “montaje”, una estrategia comunicacional para levantar un manto de humo y queden en el olvido las denuncias de la existencia de las cárceles vip y la compra de licores, saltándose los reglamentos.

“Marcos” –oficial ®  de Gendarmería de Chile- indica a “Cápsula Informativa” que “hay un grupo de funcionarios que pertenecen a ciertas asociaciones que están haciendo un llamado de alertay acuartelamiento a los funcionarios, frente a lo que ellos llaman demora en el proyecto de modernización de la carrera funcionaria, cuyas negociaciones se hicieron el año pasado y que tuvieron como consecuencia la salida de la ex directora de Gendarmería, Claudia Bendeck. Este proyecto no es mucho lo que va a significar en términos positivos para el personal activo, sino que beneficia, principalmente, a los dirigentes de esas asociaciones, supuestamente, más representativas”.

Agrega que “si uno analiza a estos dirigentes, de acuerdo a la fecha de ingreso al servicio, son ellos o sus promociones los que se ven beneficiados con el incentivo al retiro, que significa varios millones que recibirían. Eso, es lo que le interesa a este grupo, porque para el resto del personal por grado, es poco el aumento de las vacantes que habrá para ascender a los grados superiores e inferiores”.

En conversación con “Cápsula Informativa”, Manuel Catalán, presidente provincial de la ANFUP Santiago (Asociación de Funcionarios de Gendarmería), afirma que “el ánimo que existe al interior de los recintos penales no es del todo bueno, porque este proyecto satisface a ciertas promociones, por ejemplo, la promoción 91 hasta la promoción 98 en cuanto al incentivo a retiro que se traduce en plata, pero para los grados inferiores se mantienen los mismos grados. Estamos hablando de funcionarios que lleva en su grado, hasta 10 ó 15 años, lo que demuestra que no hay carrera funcionaria para los grados inferiores”.

Añade que “estamos en presencia de una estrategia de algunos dirigentes para que su amigo, Christian Alveal aparezca como el salvador del conflicto. Es lo mismo que generar una enfermedad y tener el remedio. Probablemente, las movilizaciones van a seguir y, de repente, el director nacional de Gendarmería va a salir en los medios a hablar y terminar con esta polémica artificial que se ha inventado”.

Catalán plantea que “los dirigentes, quienes actúan de voceros, son los que están llamando a iniciar un estado de alerta, a hacer acuartelamientos, pero son dirigentes que mantienen una sentencia por fraude electoral y que quedó firme y ejecutoriada a contar del 26 de febrero de 2019 y esa sentencia no ha sido cumplida por los dirigentes (debió aplicarse el 6 de marzo de este año) y, por lo tanto, los acuerdos que han establecido con el Ejecutivo, con la Dirección de Presupuestos, con los diputados y senadores, no tienen representatividad y son inválidos”.

El presidente provincial de la ANFUP Santiago, indica que “estas personas actúan por órdenes del director nacional de Gendarmería para llamar la atención y después cuando las cosas se estén escapando de los márgenes, va a aparecer (Christian) Alveal, como sanador del conflicto. Él genera la enfermedad y la cura”.

Manuel Catalán plantea que “el servicio se queja de falta de funcionarios para trabajar al interior de los recintos penales y, claramente, toda esta situación que denunciamos y de la que está informado el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y la Dirección del Trabajo, nos hace preguntarnos, ¿por qué el director nacional no envía a los nueve dirigentes (Patricio Baquedano, Andrés Segovia, Marcos Aburto, Benito Saravia, Guillermo Acuña, Luis Díaz, Patricio Proboste, Felipe Rodríguez y César Padilla), quienes tienen problemas eleccionarios, a cumplir trabajos en su unidad penal de origen, hasta que convoquen a nuevas elecciones y no sigan haciendo desmanes que afectan la credibilidad e imagen de los gendarmes. Asimismo, se daña al gremialismo chileno”.

Catalán señala, además, que “la sede de la ANFUP es un recinto particular y privado, no es recinto penal, por lo que no corresponde que a estas personas que cumplen, netamente, funciones gremiales como es el caso de Patricio Baquedano, Andrés Segovia y Guillermo Acuña, le estén pagando el sueldo, porque no desarrollan funciones en la cárcel. Debe ser el gremio, quien pague sus remuneraciones, de acuerdo al Artículo Nº 32, inciso final sobre Permisos Gremiales de la Ley Nº 19.296 que regula a las asociaciones de funcionarios públicos de la administración del Estado”.

El presidente provincial de la ANFUP Santiago también se cuestiona el desempeño del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de Gendarmería, ya que “todos los meses deposita a las arcas de la ANFUP, aproximadamente $60 millones por concepto de descuentos a los cerca de 7.000 asociados. Esto, no corresponde, porque el directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, tiene a su haber, una elección declara nula, de manera que, en la práctica, no hay directorio nacional y, por lo tanto, no debieran estar recibiendo estipendio de los afiliados”.

¡Testimonio de Gendarme desilusionado!

“Cápsula Informativa” accedió a la red social de la página de los gendarmes en Facebook, donde un funcionario asociado a la AGECH (Asociación de Gendarmes de Chile) escribió lo siguiente, tras la movilización realizada por la ANFUP el 11 de septiembre en dependencias del Ministerio de Justicia. “Pensé mil veces el hacer o no esta publicación, pero el deber me obliga a llamar la atención frente a los lamentables hechos ocurridos en el Ministerio de Justicia el 11 de septiembre, en donde dos de nuestros colegas resultaron heridos, uno de ellos con fractura en la nariz.

Como nunca, no daré mi nombre por temor a mi integridad y el poder ser víctima de la conducta de verdaderos delincuentes que he visto en estos años. Soy socio AGECH y no puedo evitar dirigirme a mis dirigentes que, supuestamente, deben representar mis más profundos principios. Le escribo a mi Suboficial, Pablo Jaque –presidente nacional de AGECH-, a quien conocí y admiré por tantos años. No entiendo, ¿cómo usted puede validar los hechos de ese día en el Ministerio…? o, ¿acaso, no vio lo mismo que todos los gendarmes…? ¿no vio a un ANFUP quebrando un vidrio que le cortó la nariz al colega y que, después, resultó fracturado…? ¿no vio a los que se amarraron y que, después, dicen que iban en forma pacífica a entregar una carta… Entonces, ¿para qué llevaban cadenas?…”.

Agrega en su texto: “Hay tantas cosas que nos debieran unir como gendarmes, pero no estoy y creo que muchos no estamos en condiciones de unirnos para agredir a los nuestros… Mi Suboficial (Pablo) Jaque: Los únicos que casi tuvieron dignidad en todo esto, fueron los de Ansog (Asociación Nacional de Sub Oficiales y Gendarmes) que hasta pidieron perdón a los gendarmes y a las familias… ¿qué espera usted?”.

2 Comentarios

  1. Es importante señalar, que los funcionarios involucrados sabían que él Ministro de Justicia Larraín, no se encontraba en Chile y el Subsecretario, de la misma cartera estaba en sur nadie sabe porque hicieron esos desmanes estos sujetos. Es dable, indicar que ese día había una actividad de los detenidos desaparecidos, donde con lo ocurrido se faltó el respeto a los familiares que reclaman sus deudos hasta el día de hoy.

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