Gobierno ingresa rejuste con el polémico punto “de amarre”: ¿Insisten en dejar a sus “amigos apitutados”

A pesar de las críticas que se levantaron al reajuste del sector público, el gobierno ingresó en la noche del lunes, el proyecto. Bien poco le importó a la administración de Gabriel Boric los cuestionamientos que se hicieron y, ahora, será el Congreso quién decida y si da luz verde a esta iniciativa que el oficialismo aplaude. Hay que indicar que, incluso, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que existía la posibilidad de que no se apruebe, añadiendo que de todos modos es importante que se discuta.

EL “AMARRE”

La polémica del “amarre” en el Reajuste del Sector Público 2026 se refiere a una serie de normas incluidas por el gobierno saliente de Gabriel Boric que buscan limitar la capacidad del próximo gobierno (de José Antonio Kast) para desvincular a funcionarios públicos, especialmente a aquellos bajo la modalidad de “contrata”.

La controversia central gira en torno a un artículo que establece que la no renovación de un contrato debe ser un “acto fundado”. Esto significa que:   

• El Estado ya no podría simplemente no renovar un contrato al finalizar el año sin dar una explicación técnica y legal sólida.

• Se exigirían hechos y fundamentos de derecho, sustentados en criterios objetivos y acreditables (como evaluaciones de desempeño).   

• Se debería notificar con al menos 30 días de anticipación y remitir la justificación a la Contraloría

 

LA MOLESTIA EN LA OPOSICIÓN

Desde la oposisicón acusan que el gobierno actual intenta dejar “protegidos” a sus operadores políticos y activistas en puestos estatales, dificultando que la nueva administración pueda reducir el tamaño del Estado o cambiar equipos. Lo califican como un intento de usar el Estado como un “botín”.

Esto, mientras por parte del gobierno argumentan que no es un “amarre”, sino una medida de trabajo decente para evitar despidos arbitrarios y persecución política por cambios de gobierno. Buscan formalizar la jurisprudencia de la Contraloría (el principio de “confianza legítima”) que ya protege a quienes llevan más de dos años.