Inédito en democracia en Chile: vía reajuste salarial del sector público Boric quiere dejar “amarrados” a sus amigos

La polémica que mencionas surgió recientemente en Chile (diciembre de 2025) a raíz de una norma incluida por el gobierno de Gabriel Boric en el protocolo de acuerdo para el reajuste salarial del sector público

El gobierno incluyó un artículo (el número 14) que busca restringir el despido de funcionarios “a contrata”. Actualmente, en Chile existen dos tipos principales de funcionarios: los de “planta” (con estabilidad total) y los “a contrata” (que se renuevan año a año).

• El objetivo declarado: El Ejecutivo y la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) argumentan que buscan dar estabilidad laboral y evitar que cada cambio de gobierno signifique despidos masivos por razones políticas. Buscan formalizar legalmente el principio de “confianza legítima”, que ya ha sido reconocido por la Contraloría y la Corte Suprema (si un funcionario lleva más de dos años, se asume que su contrato debe ser renovado a menos que haya una falta grave).

• La distinción clave: La ministra Camila Vallejo ha aclarado que esto no protege a los asesores políticos ni cargos de confianza, quienes deben cesar sus funciones el 11 de marzo con el cambio de mando.

¿Es una forma de corrupción?

El término “corrupción” es técnico, pero en el debate político la oposición lo utiliza bajo el concepto de clientelismo o “amarre”.

• Crítica de la oposición: Líderes de la oposición y el presidente electo, José Antonio Kast, acusan que se intenta “blindar” a militantes oficialistas antes de dejar el poder, limitando la capacidad de la nueva administración para gestionar el aparato estatal.  

• Falta de reforma de fondo: Expertos señalan que, en lugar de una ley de reajuste (que es rápida y de corto plazo), se debería haber realizado una reforma profunda al Estatuto Administrativo para modernizar el Estado y asegurar que los despidos o contrataciones se basen solo en el mérito y desempeño, no en la ideología.

• Ejemplos en otros países de América Latina

  El fenómeno de intentar estabilizar a empleados públicos antes de un cambio de mando es común en la región, a menudo denominado “leyes de amarre” o “nombramientos de última hora”:

  • Chile (Histórico): Al final de la dictadura de Pinochet, se dictaron las llamadas “leyes de amarre” para dejar a personas de su confianza en cargos estratégicos y dificultar que el gobierno de Patricio Aylwin pudiera removerlos.

  • Argentina: Es frecuente que, antes de traspasos de mando (como ocurrió en 2015 y 2023), se denuncien pases masivos de empleados de contratos temporales a “planta permanente” para evitar que el nuevo gobierno reduzca el gasto público o cambie el personal.

  • Perú y Colombia: En estos países existen fuertes debates sobre la “burocracia dorada”. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional ha tenido que intervenir frecuentemente para equilibrar el derecho a la estabilidad laboral de los provisionales frente a la facultad del nuevo gobernante de organizar su equipo.

  • Impacto en el Presupuesto 2026

    El “amarre” o estabilización de estos funcionarios tiene consecuencias financieras directas para la administración entrante (en este caso, el gobierno de José Antonio Kast que asume en marzo de 2026):

    • Rigidez del Gasto: Los sueldos del sector público representan una de las porciones más grandes del Presupuesto de la Nación. Si el nuevo gobierno quiere reducir el gasto fiscal para cumplir con metas de déficit, tener a 380.000 empleados “protegidos” por ley le impide reducir la dotación de personal.

    • Indemnizaciones: Si el gobierno entrante decide despedir a estos funcionarios de todas formas (argumentando que son cargos políticos), la existencia de esta ley fortalecería las demandas laborales de los empleados. El Estado podría verse obligado a pagar millonarias indemnizaciones por despidos injustificados, lo que impactaría el presupuesto del primer año de gestión.

    • El Reajuste del 3,4%: Como discutimos anteriormente, el costo total del reajuste salarial aprobado para 2026 ya es alto. Si a eso le sumas la imposibilidad de reorganizar los servicios públicos para hacerlos más eficientes (eliminando duplicidad de funciones), el margen de maniobra financiera del próximo ministro de Hacienda será muy escaso.

    • ¿Por qué es tan polémico justo ahora?

      La polémica estalla porque el gobierno está usando una ley de reajuste salarial (que se tramita de forma exprés en diciembre) para meter un cambio estructural en la forma en que se contrata y despide en el Estado.

      Para la oposición, esto es una “cláusula de protección” para que los militantes de la actual coalición (Frente Amplio y PC) sigan recibiendo sueldos del Estado durante el próximo gobierno. Para el oficialismo, es un derecho laboral mínimo para que los trabajadores públicos no dependan del color político del presidente de turno.

    • Los servicios más afectados (El “corazón” del Estado)

      Si esta norma se consolida, los ministerios y servicios con mayor dotación “a contrata” serán los más difíciles de reestructurar por el gobierno entrante. Los sectores críticos son:

      • Salud (Redes Asistenciales): Es el sector con más personal. Aquí la estabilidad suele verse como positiva para no perder médicos o enfermeras, pero la crítica apunta a los administrativos y cargos directivos medios en los Servicios de Salud regionales.

      • Educación: Particularmente en las subsecretarías y en los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que han sido foco de críticas por su gestión y por la cantidad de personal contratado.

      • Ministerio de Desarrollo Social: Históricamente es un ministerio donde se ejecutan muchos programas sociales territoriales y donde suele haber una alta rotación política.

      • Gobiernos Regionales (GORE): Tras los casos de corrupción (como el “Caso Convenios”), la fiscalización sobre quiénes trabajan en los GORE ha aumentado. Un amarre aquí dificultaría la limpieza administrativa que muchos sectores exigen.

      • ¿Qué pasará el 11 de marzo de 2026?

        Cuando el gobierno de José Antonio Kast asuma, se encontrará con un escenario de “guerra jurídica”:

        1. Despidos masivos vs. Demandas: Si el nuevo gobierno intenta desvincular a estos 380.000 empleados (o a una parte significativa), se enfrentará a una ola de demandas laborales basadas en esta nueva ley.

        2. Paralización del Estado: La ANEF ya ha advertido que defenderá “con fuerza” la estabilidad laboral. Esto podría significar paros nacionales a pocos días de iniciado el nuevo mandato.

        3. En conclusión: Más que una medida de justicia laboral, el debate actual en Chile se lee como una estrategia de resistencia institucional. El gobierno saliente deja las llaves del Estado en manos de una burocracia que el gobierno entrante no podrá remover fácilmente.

           Calcular el costo de despedir a estos funcionarios es complejo porque en el sector público chileno no existe la “indemnización por años de servicio” de la misma forma que en el Código del Trabajo (el famoso mes por año), pero la justicia ha creado un estándar muy costoso.

           El cálculo del costo por funcionario

           Si el nuevo gobierno despide a un funcionario a contrata que tiene más de 2 años de antigüedad y no logra probar una causa técnica (como mal desempeño), los tribunales suelen fallar a favor del trabajador exigiendo el pago de:

           • Meses restantes del contrato: Si el despido es en marzo, el Estado suele ser obligado a pagar todos los sueldos hasta el 31 de diciembre de ese año (9 meses de sueldo de una vez).

           • Indemnización por daño moral/daño emergente: En ocasiones se suman montos adicionales por la forma en que se realizó el despido.

           • Ejemplo promedio:

             Para un profesional administrativo con un sueldo líquido de $1.500.000:

             • 9 meses de sueldo (marzo-diciembre): $13.500.000.

             • Si multiplicamos esto por, supongamos, el 10% de la dotación en disputa (38.000 personas), el costo para el fisco sería de unos $513.000 millones de pesos (aprox. 540 millones de dólares).

              

             1. Contraloría como árbitro: La nueva Contralora (o Contralor) tendrá la misión imposible de decidir quién es un “trabajador técnico que merece estabilidad” y quién es un “operador político que debe salir”.

• El escenario político: ¿Qué opciones tiene el nuevo gobierno?

  Ante este costo prohibitivo, el gobierno de Kast tendría tres caminos:

  1. El “congelamiento”: No despedir a nadie, pero tampoco asignarles funciones relevantes. Esto genera lo que se conoce como “brazos caídos”, donde el Estado paga sueldos a personas que no están alineadas con el plan de gobierno, aumentando la ineficiencia.

  2. Sumarios administrativos: Intentar buscar faltas administrativas para despedir con causa justificada. Esto es lento, requiere mucha burocracia y suele terminar también en tribunales.

  3. Negociación de salida: Ofrecer planes de retiro voluntario, lo que también requiere una caja de dinero inmediata que hoy el presupuesto no tiene contemplada.