José Andrés Murillo, candidato a constituyente: ¿Dónde está el bienestar y felicidad de los niños y niñas?

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

José Andrés Murillo, es candidato constituyente por el distrito 10, de los Independientes No Neutrales. Es doctor en Filosofía, pero quizás, usted, recuerda su nombre, porque es uno de los denunciantes de abusos sexuales contra el ex sacerdote, Fernando Karadima.

Pero, en esta entrevista con “Cápsula Informativa”, no hablamos del Caso Karadima, sino de la amplia trayectoria de Murillo en temas de infancia y adolescencia y la necesidad de que se garanticen y se respeten sus derechos, no en teoría, en un papel, sino en la práctica y de una buena vez.

¿Qué lo motiva a ser candidato a Constituyente?

-Llevo diez años trabajando en temáticas de niñez y adolescencia, en particular, en lo que es la protección y fortalecimiento de sus derechos. Y me he encontrado, constantemente, con trabas, para que los derechos de los niños y niñas puedan ser fortalecidos a nivel nacional y legal.

Pareciera que se utiliza la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, como casi una justificación en este país…

-Así es. Como ya fue ratificada, no se hace más que eso y queda la Convención como letra muerta, porque no tiene un correlato legal vinculante en nuestro país para que se haga efectiva. Me he dado cuenta, además, que los derechos de la niñez, permean todas las instituciones, como una necesidad y una carencia en todas las entidades, en todas las leyes y en toda la administración, pública e, incluso, privadas.

Según distintas investigaciones, a nivel global, el fortalecimiento de los derechos de la niñez, es decir, transformar el país en una comunidad nacional que la fortalezca, significa que es un país que crece y puede acoger también los derechos de todas las personas.

Es, en resumen, afinar el Norte. Me he encontrado con esa necesidad y creo que, en eso, yo podría ser un aporte para que se avance. Hay personas de distintos distritos que trabajan en esto, que también ponen el foco en los derechos de la niñez y, ojalá que fuéramos todos, pero no lo veo en las candidaturas, probablemente, más políticas.

En cuanto a los derechos de la infancia y adolescencia, los problemas que, estructuralmente, se evidencian, ¿tienen que ver con falta de gestión, una gestión ineficiente o la no existencia de una política integral en materia de derechos de niños y adolescentes?

-Hay gestión, pero hay una gestión que no tiene prioridad absoluta por la garantía de los derechos de la niñez, pero también hay otras situaciones que son graves y que son importantes.

¿Cuáles?

-Hay un tema de gestión, de administración, de legislación, de presupuesto, de prioridad. Cuando se habla en Derechos Humanos y, en particular, de Derechos de la Niñez, de su prioridad absoluta, eso, tiene un efecto presupuestario.

No puede haber una administración, no puede haber un Gobierno que plantee una Ley de Presupuesto, sin que tenga como prioridad la niñez y la adolescencia, casi como en rojo, sobre su escritorio. Eso, debiera ser el mínimo en nuestro país.

Sabemos que hay recursos suficientes para hacerlo y el compromiso del país, al haber ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, dice que si no tiene los recursos debe, incluso, endeudarse para poder asegurar y garantizar que las distintas instituciones cumplan su rol.

¿Faltan, a su juicio, instituciones?

-Sí, faltan instituciones. No sólo se trata de un problema de administración o de gestión, sino que, hoy día, no tenemos oficinas locales con competencia, con potestad suficiente y real para poder incidir en garantizar los derechos de la niñez.

Hoy, existen las OPD  (Oficinas de Protección de Derechos) y pronto van a existir las oficinas locales de infancia, pero que no están en todas partes, tienen una estructura administrativa, tremendamente, débil que no es suficiente para garantizar los derechos de la niñez.

Incluso, las agrupaciones de las OPD no tienen contrato, hay un nivel de rotación que hace imposible que haya seguimiento, no tienen potestad administrativa para poder intervenir y prevenir que los niños lleguen, finalmente, a residencias como el Sename y, sabemos cuáles son las consecuencias de ello.

Sename y lo que se viene

Cuando se habla de vulnerabilidad en la niñez, el primer referente que la gente asocia es el Sename, ¿Qué opinión le merece que se cree lo que el Gobierno define como el “Servicio Mejor Niñez?, ¿puede ser una suerte de elefante blanco si sólo se cambia el edificio, pero la estructura es la misma?

-Es muy difícil que haya un recambio total de las personas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y que no están en la mirada. Continúa, exactamente, el mismo mecanismo de licitaciones públicas para poder administrar los recursos para llevar a cabo los proyectos, lo que no significa una garantía de éxito o de calidad de la atención individualizada de cada niño.

Aquí, estamos hablando de licitaciones de recursos para administrar proyectos, pero no está el foco en la restitución de derechos, en la reinserción, en el fortalecimiento. Y, finalmente, hay una palabra: el bienestar y felicidad de los niños y niñas. Eso, mientras no esté plasmado, tatuado en una ley de garantías que tenga un rango constitucional, para que después el Servicio de Protección Especial esté obligado, esté mandatado explícitamente para poder hacerlo, no va a pasar.

Pueden cambiarle el nombre, puede haber mejoras y lo reconozco, pero también hubo un veto ante lo que nosotros pedíamos, desde la sociedad civil, que existiera una ley de garantía, una ley de protección integral a los derechos de la niñez como marco para una protección especial, y no está. Entonces, van a seguir pasando cosas, las mismas personas que están en trato directo tienen mala formación, no tienen capacitación permanente, ni cuentan con un soporte centralizado para poder capacitarse.

Estamos hablando, quizás, del corazón de la protección de la infancia y si damos dos pasos hacia atrás y pensamos en la protección universal, cómo hacemos para que no lleguen a la protección especial, es decir, al Sename, tampoco hay instancias suficientes. Hay resistencia de parte de muchos sectores y también legales para entrar a esa proyección.