Las causas de violaciones a los DD.HH. que claman justicia en la Región de Valparaíso

Por: Daisy Castillo Triviños 

 

 

Magallanes, Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes y Rengo, por mencionar algunas ciudades de Chile no estuvieron al margen de transgresiones a los DD.HH., cometidas por parte de funcionarios del Estado, durante 1973 hasta 1990. Esos registros que, hasta el día de hoy se mantienen con nitidez, permanecen anclados en las memorias de las víctimas y son parte de los testimonios plasmados en los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura y la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

El abogado, Juan José Sdranovic presentó una demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, en favor de su representado, Manuel Eduardo Bugueño Egurrola. 

Hay que señalar que este hombre nació en la ciudad de Chañaral, Región de Atacama, el 31 de mayo 1942. Sus padres biológicos fallecieron cuando tenía 5 años y fue criado por sus abuelos que vivían en Santiago. Realizó sus estudios sin mayores inconvenientes: en la “Escuela de Aplicación”, luego en la escuela Normal José Abelardo Núñez y, finalmente, en 1956 pasó a finalizar sus estudios en la Escuela Industrial de Ñuñoa. 

El abuelo del hombre, por razones de trabajo, fue trasladado a la comuna de San Felipe, junto a su nieto. Al cumplir 14 años, postuló a la Armada de Chile, preparándose debidamente y fue parte de la institución por un período de 8 años, hasta 1965, fecha en que se retiró y contrajo matrimonio el 19 de septiembre de 1965. 

El 20 de septiembre de 1965, Manuel Bugueño ingresó a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, donde se desempeñaba como electricista de mantención, contratado en un primer término como obrero hasta que, en 1967, pasa a ser “Empleado Particular”, trabajando en tres turnos rotativos. 

Bugueño era militante del Movimiento Acción Popular Unitaria (MAPU) desde 1969. Este partido político fundado el 19 de mayo de 1969, desde sus inicios estuvo vinculado al campesinado y a los movimientos estudiantiles universitarios. El MAPU, nació a partir de un fraccionamiento producido en el seno del Partido Demócrata Cristiano, cuando un grupo de militantes se demostró disconforme con el lineamiento ideológico y político del partido en el contexto de las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en 1970. Este grupo de declaró públicamente marxista, formó su propia colectividad política, e integró posteriormente la coalición de partidos de izquierda Unidad Popular, que llegó al gobierno con la elección de Salvador Allende. 

Durante la dictadura militar en Chile, que ocurrió entre 1973 y 1990 bajo el régimen de Augusto Pinochet, muchas personas fueron perseguidas, detenidas, torturadas y despedidas de sus empleos o cargos públicos debido a motivos políticos. En 1973, Manuel Bugueño era parte del MAPU, participaba en las marchas que se organizaban por el partido político en la Quinta Región, vivía en Viña del Mar, era presidente de la JAP en la población Achupallas de Viña del Mar y dirigente de la Unidad Popular. 

El 11 de septiembre de 1973, a eso de las 18:00 horas colegas de trabajo de Eduardo Bugueño concurrieron a su hogar para avisarle que no podían salir de sus casas, ya que las calles se encontraban totalmente ocupadas por funcionarios militares. Frente a esa situación, Bugueño salió de igual manera de su casa a observar el ambiente y en el camino se encontró con tres colegas con quienes se dispone a caminar por varias cuadras con la idea de, en algún minuto, tomar locomoción colectiva en dirección a la empresa ENAMI, sin embargo, se toparon con funcionarios de la Armada quienes portaban ametralladoras calibre punto 30 y les ordenan regresar a sus hogares. 

El 12 de septiembre de 1973, una vez transcurrido el golpe militar, Eduardo Bugueño se encontraba junto a otros compañeros con los que pernoctó desde la noche anterior y se entera del fallecimiento del expresidente Salvador Allende, y que sus restos serían trasladados al cementerio de Santa Inés en Viña del Mar. 

En esas circunstancias, deciden concurrir al funeral, percatándose que, en las cercanías del cementerio indicado, existía un piquete de militares, entonces, llega la carroza fúnebre con el cuerpo del expresidente Allende. 

El 14 de septiembre de 1973, se reanudó el transporte público en Valparaíso y Viña del Mar, y comenzaron a circular buses de locomoción colectiva. Eduardo Bugueño se trasladó al Cerro Barón – Valparaíso-, lugar donde vivía un tío suyo, con el fin de permanecer allí, ya que recibió fuertes rumores de que se encontraba individualizado en un listado de personas a detener con el cual andaban los funcionarios militares en las calles. 

En la casa de su tío, este hombre dice haber presenció piquetes de carabineros que se ocultaban tras los postes de alumbrado público y realizaban disparos al aire, con el fin de intimidar a las personas que circulaban por el sector y conminándolos a todos a permanecer en sus casas. 

LA GÉNESIS DEL CASO 

 Eduardo Bugueño recibió un comunicado desde su partido (MAPU) en el que se le indicaba que debía presentarse el lunes 16 de septiembre a trabajar. Y lo hace, pero al llegar, se encuentra con casi 300 colegas de trabajo en las puertas de la empresa ENAMI Ventana y estando allí, es cuando un piquete de funcionarios de la Armada pregunta por él, reconociéndolo en el acto y llevándolo detrás de los muros de la empresa, donde lo pusieron boca abajo junto a otras seis personas que mantenían en la misma condición, todo ello previos empujones e insultos. 

En ese lugar, el afectado relata que había un teniente quien lo apuntaba con su fusil en la cadera, amenazándolo de muerte y diciéndole que debía confesar si era o no terrorista, si participaba en actos contra el Estado. 

Después de permanecer por horas boca abajo en el suelo en la entrada de la empresa ENAMI Ventana, junto a otras personas fue trasladado a la Base Quinteros de la Fuerza Aérea, allí fue ubicado en formación para ser interrogado, cuando llegó su turno lo llevaron a una celda, en la que permaneció dos días junto a otras cuarenta personas, completamente hacinados y con una comida al día. 

Al tercer día lo sacaron a las 5:00 AM y con una manguera de bomberos, le lanzaron agua e interrogaron con medios característicos de tortura, con golpes de puño y piernas, fusilamiento simulado, además de insultos, así fue durante una semana. 

Después, junto a un grupo de personas fue trasladado a otro lugar en un bus del Regimiento a la denominada “Academia de Guerra Naval”, en dicho bus, habría una hilera de personas tendidas en el piso, los ubicaron boca arriba y fueron situándose unos sobre otros en el mismo espacio hasta llegar a su destino. El afectado señala que una vez en la Academia de Guerra, lo trasladaron a otra sala, donde fue golpeado e insultado en reiteradas oportunidades, existían personas que, al no poder acudir a un baño, se orinaban o defecaban en el lugar y los funcionarios militares los obligaban a ingerir sus desechos. 

Esa Academia de Guerra recibió el seudónimo de “Palacio de la Risa”. El mismo día fue trasladado a ese recinto, tras haber sufrido torturas y ser sometido a intensos interrogatorios, después lo subieron a una camioneta y lo trasladaron al denominado “Buque Lebu”, en dicha camioneta, había cinco personas todas arrinconadas, dentro de las personas había otra también de apellido Bugueño. 

Una vez llegado al Buque Lebu, a eso de las 2 AM, los hicieron bajar a una bodega en la cual había aproximadamente cien personas. La nave tenía residuos de ácido muriático y los obligaron a tenderse en el suelo, mojándolos con una manguera de bomberos, junto con insultarlos, golpearlos. Los carceleros eran militantes del denominado movimiento “Patria y Libertad”. 

Durante su estadía en el Buque Lebu, Eduardo Bugueño presenció cómo tomaban personas y las trasladaban a distintos lugares, unos fueron derivados a otro buque, para llevarlos al Vapor “Pisagua” o al Buque “Chacabuco”. A una de esas naves, fue derivado por error el otro sujeto de apellido Bugueño. Luego de aproximadamente tres meses fue enviado a un campamento habilitado por las fuerzas armadas como campo de prisioneros, denominado Campamento de Prisioneros Melinka, en la comuna de Puchuncaví. 

En dicho campo de prisioneros fue denominado prisionero de guerra, había cerca de cien personas y todos los días llegaban más personas. El recinto era custodiado por infantes de marina, estaba cercado con alambres de púas y rodeado de campos minados, incluso, Bugueño se enteró de que un grupo que pretendió escapar fue acribillado por los mismos custodios. 

Permaneciendo en ese lugar, asegura haber sido constantemente torturado, obligado a trabajos forzados, con apenas dos comidas al día, sufriendo golpes e insultos y con una constante presión y temor de que, en cualquier momento, acabarían con su vida. Allí, permaneció desde diciembre de 1973, hasta el 13 de marzo de 1974, día en que lo llevaron al cuartel Silva Palmas, donde le dieron su libertad. 

Una vez en libertad, tenía que concurrir a firmar al mismo cuartel Silva Palmas, de forma mensual durante un año. 

Después del fin de la dictadura, se establecieron mecanismos de reparación para las víctimas de la represión política. En 1991 se creó la Ley N° 19.234, conocida como “Ley de Reparación y Reconciliación”, que estableció un sistema de reparación económica para las personas que fueron exoneradas políticamente durante la dictadura. 

Eduardo Bugueño siempre sintió una persecución hacia él y su familia, ya que era conocido que las F.F.A.A. realizaban la detención de personas, a través de sus departamentos de inteligencia, por lo que nunca pudo realizar una vida tranquila, siempre sintiendo la presión y el temor de circular libremente por las calles, únicamente por sus convicciones políticas. 

Eduardo Bugueño intentó reinsertarse laboralmente, pero le fue imposible por su condición de prisionero político. Únicamente, sobrevivió durante, al menos, dos años con trabajos esporádicos para poder mantener a su familia, hasta que, en agosto de 1975, por información de otros compañeros y por averiguaciones propias, realizó diversos trámites que lo llevaron a salir del país, con dirección a Melbourne (Australia), lugar donde permaneció exiliado hasta el día de hoy. 

Este hombre figura en el Informe Valech 1, con el número 3538. 

Juan José Sdranovic Arcos, abogado de las víctimas.

El abogado, Juan Sdranovic  señala que “el punto de esta demanda y el monto de indemnización no busca desconocer el trabajo que se ha realizado para promover los DD. HH. Sin embargo, aquello no es, ni será una solución. No se traduce dicho trabajo en compensación alguna para los presos, exiliados y sus familias, no permite cerrar el capítulo de dolor. Y es entendible que un monto económico no podrá cumplir con aquello, sino que la reparación pecuniaria busca cumplir con el acercamiento a una solución. No es lo mismo tener dolor, que tener dolor con algún apoyo pecuniario que permita a la víctima y/o a sus herederos la posibilidad de salir adelante y poder colaborar con dar vuelta la página”.  

Agrega que “los preceptos para considerar del Código Civil son los artículos 2314 y 2320, que permiten entender que todo daño debe ser reparado (indemnizado) y de que toda persona es responsable tanto de sus acciones como de las que estuvieren a su cuidado, aplicándose perfectamente al Estado para responder por los hechos ocurridos durante la dictadura. 

Según el jurista, los hechos relatados en la demanda corresponden a la comisión de un delito de lesa humanidad, el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, contempla una acción constitucional para hacer exigible la responsabilidad extracontractual del Estado, al prescribir. “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. 

El abogado, Juan José Sdranovic sostiene que “el daño moral directo causado a mi mandante se trasunta en los siguientes hechos: el autoexilio, la pérdida del trabajo, la persecución y el aislamiento ocasionaron un impacto significativo en la salud mental del actor. El actor al atravesar situaciones tan traumáticas experimentó ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras condiciones psicológicas”. 

Añade que “eran recurrentes las palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, molestias estomacales, tensión muscular. La preocupación excesiva, los pensamientos intrusivos sobre la seguridad de sus familiares en Chile y la carencia económica, la dificultad para concentrarse, el miedo irracional, y pensamientos catastrofistas”. 

De la misma forma, dice que representado tuvo alteraciones del sueño, dolores corporales inexplicables, flashbacks, pesadillas, pensamientos intrusivos, reacciones físicas intensas frente a recordatorios del evento traumático; irritabilidad, insomnio, hipervigilancia, respuestas exageradas ante estímulos, dificultad para concentrarse. 

MÁS HISTORIAS DE ABUSOS 

También hay otro caso denunciado y que se refiere a transgresiones a los derechos humanos, con una demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, a favor de Carlos Nelson Beltrán Lira, presentada por el abogado, Juan José Sdranovic.  

Es de público conocimiento que en Chile hubo una dictadura militar desde 1973 hasta 1990, abarcando todo el territorio nacional. En ese escenario, los Derechos Fundamentales (DD.HH.) fueron violados sistemáticamente, comprendiendo actos como torturas, ejecuciones, secuestros, confinamiento, campos de concentración, entre otros. Algunos compatriotas lograron escapar, otros resultaron exiliados, pero no todos tuvieron dicha suerte. 

Se han registrado evidencias en los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura y la Comisión de la Verdad Y Reconciliación, que evidencian la implementación de esta política del Estado de Chile, en todo el país. 

La historia de Carlos Beltrán es la siguiente: el 21 de octubre de 1947 nació en la comuna de Viña del Mar. Después, el 6 de enero de 1969 ingresó a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en Ventanas, comuna de Puchuncaví, donde se desempeñó como instrumentista de primera en el laboratorio de instrumentos de la fundición. 

Beltrán era militante del Movimiento Acción Popular Unitaria MAPU desde el año, 1969. Se casó el 6 de marzo de 1971 con Cecilia Zamora Carvajal. En 1972 nació su primera hija, Karla Beltrán Zamora. Vivían en Viña del Mar y él viajaba a la empresa por el transporte de esta última. 

Trabajaba normalmente desde las 08:00 AM hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. El 14 de septiembre de 1973, Carlos Beltrán se encontraba por ingresar a su lugar de trabajo, pero antes hubo una redada tipo 08:30 – 09:00 AM (se efectuó una revisión de las personas que estaban a punto de ingresar al recinto) por parte del personal de la Fuerza Aérea y lo sacaron a la fuerza en la micro en que se disponía a regresar a su hogar. 

Se habían confeccionado listas de personas a las cuales estaba prohibido el ingreso a la empresa, esto por contar con una afiliación política. Por ese motivo, es detenido y transportado a la base aérea de Quintero, desde donde fue derivado al Vapor Maipo 15. El día 14 de septiembre de 1973, lo llevaron al Vapor Maipo donde también se encontraba Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, jefe del Departamento de Investigaciones de Aduanas, profesor universitario y militante del Partido Socialista, quien ese día murió a bordo del carguero «Maipo» producto de las torturas. 

Beltrán permaneció hasta el domingo 16 de septiembre del mismo año, 1973. Respecto a la detención, lo sacaron de la micro con empujones, le hicieron poner las manos en la nuca, lo ingresaron a la entrada de la empresa, lo tiraron al suelo y de ahí, lo transportaron al cabo de un par de horas a la base aérea de Quintero. 

Durante esas dos noches detenido, le efectuaron interrogatorios. Lo trataron como detenido de guerra, en esta ocasión. no fue golpeado, pero sí interrogado. Luego, el 16 de septiembre del mismo año, fue traslado a la Superintendencia de Valparaíso, en este último lugar estuvo alrededor de 5 horas detenido, y ahí sufrió interrogatorios con maltratos y golpes; para luego de esas 5 horas, ser trasladado a la Motonave Lebu de la Compañía Sudamericana de Vapores. 

Al llegar a este último lugar, fue sujeto de maltratos ingresando al Barc Maipo y fue ubicado en una bodega. Cabe señalar que fueron 16 personas que inauguraron el barco como lugar de prisión. En el puerto de Valparaíso las embarcaciones “Lebu”, “Esmeralda”, “Maipo” y “Orella” fueron utilizados como barcos-prisiones por la Armada.  

Durante el tiempo de permanencia en el Lebu, fue sacado en varias oportunidades a la Academia de Guerra y al Fuerte Silva Palma, lugar en que tuvo interrogatorios constitutivos de tortura, con amenazas de muerte, golpes, maltrato psicológico, con los cuales realizaban disparos y se oían gritos que hacían pensar que, en el propio recinto, estaban fusilando personas. 

En el barco permaneció hasta el 23 de diciembre de 1973, fecha en la que fue trasladado al Fuerte Silva Palma. Es decir, se encontró 114 días en este Barco. Durante esos días, Carlos estuvo compartiendo celda con sus mejores amigos, que eran a su vez compañeros de trabajo: Héctor Soza; Manuel Bugueño; Román; García. El Dr. Fischer que era del equipo del Dr. Kaplan; Nelson Osorio, Decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. 

En el Fuerte Silva Palma permaneció hasta el 28 de diciembre de 1973, fecha en la cual fue liberado. Después de esa experiencia, siempre sintió una persecución hacia él y su familia, ya que era conocido que las F.F.A.A. realizaban la detención de personas, a través de sus departamentos de inteligencia, por lo que nunca pudo realizar una vida tranquila, siempre sintiendo la presión de circular libremente por las calles. 

El abogado, Juan José Sdranovic relata cuáles han sido algunas de las secuelas con las que han quedado atrapadas las víctimas. “El autoexilio, la pérdida del trabajo, la persecución y el aislamiento ocasionaron un impacto significativo en la salud mental del actor. La preocupación excesiva, los pensamientos intrusivos sobre la seguridad de sus familiares en Chile y la carencia económica, la dificultad para concentrarse, el miedo irracional, y pensamientos catastrofistas”. 

Añade que “esta situación produjo cambios en la personalidad como irritabilidad, inquietud, nerviosismo, sensación de peligro inminente, tristeza persistente, desesperanza, vacío emocional, irritabilidad, culpa excesiva, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, pensamientos negativos recurrentes, falta de interés en actividades que solían ser placenteras. De la misma forma tuvo alteraciones del sueño, dolores corporales inexplicables, flashbacks, pesadillas, pensamientos intrusivos, reacciones físicas intensas frente a recordatorios del evento traumático; hipervigilancia, respuestas exageradas ante estímulos, dificultad para concentrarse”. 

CAUSA DE LESA HUMANIDAD 

El abogado, Juan José Sdranovic interpuso una demanda en juicio de hacienda por indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado y a favor de Miguel Valderrama Molina.  

¿Por qué la medida? En este reportaje, le contaremos todos los antecedentes. Miguel Valderrama nació en la comuna de Rengo, Región de O’ Higgins, el 1 de abril de 1942.  

Después, su familia se trasladó a la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso, donde realizó sus estudios secundarios y en la Armada, específicamente, en la Escuela de Grumetes de Valparaíso, hasta ser expulsado en 1956, ya que, junto a otros compañeros realizaron una huelga de hambre por mejores condiciones. 

Tras ser expulsado de la Armada, comenzó a trabajar en la Empresa ENAMI, en Ventanas, comuna de Puchuncaví Miguel Valderrama era dirigente de la JAP, en la población Victoria de Villa Alemana. 

El mismo día del golpe militar, Valderrama se encontraba en su domicilio particular, ya que debía ir a su trabajo, pero el transporte que lo trasladaría no llegó, permaneciendo en su casa. Luego de unas horas, sintió ruido y desórdenes en las calles: se trataba de un grupo de pobladores a las afueras de su hogar, vociferando a las patrullas de funcionarios de la Armada, que él, mantenía escondidos y almacenados numerosos alimentos; y, además, exponiendo que era dirigente de la denominada JAP y que dichos alimentos se encontraban en un almacén cercano, denominado “Donde don Nino”. 

El hombre concurrió con los funcionarios al local “Donde don Nino”, lugar en el cual se exhibieron las guías de despacho y las dependencias del recinto.  Los funcionarios de la Armada instaron a que se retiren todas las personas que se encontraban en el lugar, con amenazas y apuntándolos con fusiles. 

Luego se emitió un comunicado en el que se señalaba que todos los dirigentes de la JAP concurrieran a las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores de Valparaíso y Valderrama asistió a la cita, allí, funcionarios de la Armada, con fusil en mano, los tomaron a todos detenidos por sorpresa. 

Luego de ser torturados y maltratados, un miembro de la Armada lo identificó, ya que durante su adolescencia en la Escuela de Grumetes lo conoció y le permitió a Valderrama irse. 

Transcurrieron, entonces, cinco días y a Miguel Valderrama no se le permitió regresar a su trabajo en ENAMI Ventanas, hasta que su jefatura habló con el interventor militar presente en la empresa y se le permitió regresar. Sin embargo, era constantemente vigilado y recibía amenazas anónimas, acusándolo de organizar revueltas y que escondía armas, todo ello claramente sin justificación alguna. 

Corría noviembre de 1973, cuando Miguel Valderrama estando en su lugar de trabajo en ENAMI Ventanas, desempeñando el cargo de Supervisor de Electricidad, se produjo su detención por parte de funcionarios de la Armada, quienes lo trasladaron hasta la Base de la Fuerza Aérea, ubicada en Quinteros, donde estuvo detenido por tres días. 

En la Base de la Fuerza Aérea fue interrogado, con amenazas y golpes, torturado psicológicamente, amenazado con secuestrar a alguien de su familia y acusándolo de esconder armas. Después, fue puesto en libertad, pero no pudo reinsertarse laboralmente, ya que, sorpresivamente y, sin razón alguna, fue desvinculado de su trabajo ENAMI Ventanas. 

Todo lo anterior, llevó a que esta víctima en su desesperada búsqueda laboral regresara a la comuna de las Cabras en la Región de O´´ Higgins, dejando a su hijo y a su esposa en Villa Alemana, dividiéndose su familia por siete años, hasta que luego de trabajos temporales que le permitieron mantener a su familia, decidió volver. 

Según el abogado, Juan José Sdranovic frente a este caso se está ante un delito de lesa humanidad, el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, contempla una acción constitucional para hacer exigible la responsabilidad extracontractual del Estado, al prescribir. “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. 

El jurista menciona que aquellos que fueron despedidos injustamente, debido a su afiliación política o a actividades de oposición al régimen fueron considerados “exonerados políticos”. “El término exonerado político en el contexto de la dictadura chilena se refiere a las personas que fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo, en su mayoría en el sector público, debido a su oposición política al régimen militar. Estas desvinculaciones solían ser arbitrarias y sin justificación legal, y tenían como objetivo perseguir y silenciar a los opositores al régimen”. 

Sdranovic recuerda un punto que es central y que dice relación con los preceptos para considerar del Código Civil son los artículos 2314 y 2320, que permiten entender que todo daño debe ser reparado (indemnizado) y de que toda persona es responsable, tanto de sus acciones como de las que estuvieren a su cuidado, aplicándose perfectamente al Estado para responder por los hechos ocurridos durante la dictadura. 

Asegura que “el autoexilio, la pérdida del trabajo, la persecución y el aislamiento ocasionaron un impacto significativo en la salud mental de Miguel Valderrama. Al atravesar situaciones tan traumáticas experimentó ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras condiciones psicológicas”. 

Asimismo, advierte que “eran recurrentes las palpitaciones, sudoración, temblores, la dificultad para respirar, las molestias estomacales, la tensión muscular. Esto sumado a la carencia económica, a la dificultad para concentrarse, el miedo irracional y los pensamientos catastrofistas”. 

OTRA VÍCTIMA DE LA DICTADURA 

El abogado, Juan José Sdranovic interpuso una demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, y en favor de Víctor Ponce Olivares.  

Víctor Ponce nació en la comuna de Valparaíso, el 7 de octubre 1947. Luego, realizó sus estudios en el Liceo Salesiano de la Ciudad Puerto y en el Liceo Guillermo Rivera, donde terminó sus estudios secundarios. 

En 1970, comenzó a trabajar en la Empresa ENAMI, en Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, en el departamento de Fundición. Ponce era militante del Partido Radical y, posteriormente, de la Democracia Cristiana. 

El 11 de septiembre de 1973, el mismo día del golpe militar, no pudo concurrir a trabajar, ya que el transporte que lo llevaría desde su casa jamás llegó. Sin embargo, días posteriores, logró concurrir a su trabajo, al llegar allí, en la puerta de entrada, fue detenido por funcionarios de la Armada, con fusil en mano, ya que su nombre figuraba en una lista que ellos manejaban. Fue detenido y trasladado a la Base de la Fuerza Aérea de Quinteros. 

En ese lugar, permaneció tres días detenido en un calabozo. Lo interrogaron, le dieron golpes con la culata del fusil, y golpes de puños y recuerda, incluso que, por mera casualidad, tenía en su poder la cédula de identidad de uno de sus colegas de trabajo, la cual para no delatar la ingirió de manera rauda, tomando el riesgo de lo que ello significara. 

Una vez transcurridos esos tres días, los que describe la propia víctima como una pesadilla, ya que no hubo día en que no fuera sometido a torturas. Fue puesto en libertad, regresando sin más a su hogar, después, volvió a trabajar a la empresa en 1974 hasta ser repentinamente despedido de ENAMI por ser adherente al gobierno de Salvador Allende. 

Víctor Ponce ha narrado haber sido también víctima de amenazas, de controles de identidad y de las visitas inesperadas a su hogar de miembros de la DINA. Por la tensa situación política del país y para una seguridad para él y su familia, decidió irse a Argentina, para terminar, viviendo en Buenos Aires, lugar en el cual también contaba con una complicada situación política y social. 

Al darse cuenta de que lo habían “fichado” como “izquierdista”, se refugió con su familia en la embajada británica. 

En Buenos Aires, Argentina, Ponce sufrió una complicada situación de persecución, incluso, en una oportunidad, allanaron la casa en que vivía de forma inexplicable, dejando impávida a toda su familia con hijos pequeños, hecho que lo obligó a irse del país y terminar viviendo en Europa, específicamente en Escocia, hasta 1981, donde se mantuvo todos esos años en calidad de Refugiado Político. 

El abogado, Juan José Sdranovic sostiene que “el punto de esta demanda no busca desconocer el trabajo que se ha realizado para promover los DD. HH. Sin embargo, aquello no es, ni será una solución. No se traduce dicho trabajo en compensación alguna para los presos, exiliados y sus familias, no permite cerrar el capítulo de dolor. Y es entendible que un monto económico no podrá cumplir con aquello, sino que la reparación pecuniaria busca cumplir con el acercamiento a una solución. No es lo mismo tener dolor, que tener dolor con algún apoyo pecuniario que permita a la víctima y/o a sus herederos la posibilidad de salir adelante y poder colaborar con dar vuelta la página”. 

Añade que “los preceptos para considerar del Código Civil son los artículos 2314 y 2320 que permiten entender que todo daño debe ser reparado (indemnizado) y de que toda persona es responsable, tanto de sus acciones como de las que estuvieren a su cuidado, aplicándose perfectamente al Estado para responder por los hechos ocurridos durante la dictadura”. 

LA SEGUIDILLA DE ACCIONES DE CRUDEZA 

El abogado, Juan José Sdranovic también interpuso una demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, y a favor de Adrián Quiroz Rojas. 

Aquí, en este reportaje, contamos su historia. Quiroz nació en la comuna de Los Andes, el 26 de noviembre de 1951. En 1971, a los 18 años, ingresó a la Armada, donde estuvo cerca de tres años, primeramente, en calidad de Grumete. 

En 1973, se encontraba embarcado en el Buque destructor Blanco Encalada. Estaba realizando un   curso de Radio Transmisores y fue catalogado como “hombre proyectil”, lo que llevó aparejado a que lo incorporaran a un listado como funcionario destacado con habilidades de guerra especiales. 

Así las cosas, corría el fuerte rumor que un grupo de funcionarios de la Armada adherentes a Salvador Allende buscaba tomarse el denominado Buque Montt, y por figurar en la ya mencionada lista de funcionarios de alto rendimiento, fue sorpresivamente detenido en agosto de 1973. 

Luego de su detención, fue llevado a la denominada Cárcel Silva Palma, de Valparaíso, pudiendo ser testigo de todo lo sucedido el 11 de septiembre de 1973 desde la Cárcel, además, fue considerado como prisionero de guerra, interrogado mediante actos característicos de tortura, incluso, se le practicó el “fusilamiento simulado”, se le interrogaba si tenía armas ocultas, si conocía a (Carlos) Altamirano o a (Raquel) Garrido, si planeaba algo contra la Armada o el Ejército y sobre sus vínculos con la UP. 

Adrián Quiroz estuvo detenido en la Cárcel Silva Palma de Valparaíso catalogado como “desafecto” a las Fuerzas Armadas, donde permaneció cien días detenido, siendo dado de baja, además, de la institución por ser considerado “peligroso” y “rebelde”. Esta víctima fue considerada, en ese momento, como prisionero político, únicamente por figurar en la lista de personal destacado, de una manera completamente arbitraria, a pesar de no pertenecer a ninguna afiliación política. 

Luego, fue trasladado a la Cárcel Publica de Valparaíso, lugar en el cual permaneció detenido por 20 días, donde, al fin pudo comunicarse con su familia, compuesta por su pareja y 2 hijos pequeños de 2 y 3 años, respectivamente. 

En la Cárcel Publica, pasó por un solo interrogatorio, donde fue golpeado e insultado reiteradamente. Así, así, luego de 20 días de detención, fue llevado a la, entonces, Intendencia de Valparaíso, donde para otorgarle su libertad le solicitaron una fianza, ascendiente a $500.000 lo cual para la época era una gran cantidad de dinero y, claramente, no contaba con los recursos suficientes como para poder costearlo. Justo en ese momento, se encontró con un conocido que lo reconoció y le pagó la fianza. 

Quiroz recuperó su libertad a las 16 horas, saliendo de las dependencias de la Intendencia de Valparaíso y el toque de queda comenzaba a las 17:00 horas, por lo que rápidamente debió buscar refugio, ya que no contaba con recursos para poder regresar a su hogar. Afortunadamente, en ese momento, fue acogido por una familia conocida que vivía en la comuna de Valparaíso, quien lo recibió esa noche, hasta poder regresar a los Andes al día siguiente, pudiendo finalmente reunirse con su familia. 

Después, el reinsertarse laboralmente fue sumamente complicado, realizando únicamente labores menores en el campo, intentando salir adelante con su familia, sin poder lograr alguna estabilidad completa. Es entonces cuando en 2001 recién logró conseguir un puesto de trabajo en la empresa ICAFAL, hasta el año 2009, pero desde que recuperó su libertad en 1974 fue la única estabilidad que logró esos pocos años para poder mantener a su familia.  

Adrián Quiroz se refugió en la intimidad de su hogar y tratando de lograr reinsertarse, no pudo avanzar más en sus aspiraciones y metas, no logró obtener mejores puestos de trabajo, durante más de 15 años, únicamente logró acceder a empleos temporales pues ya contaba con la calidad de “preso político” y era mal visto a la hora de buscar un nuevo empleo. 

El abogado, Juan José Sdranovic afirma que “en materia de daño extracontractual moral, las vulneraciones a los derechos humanos son imprescriptibles, por lo que el límite de los 4 años del Código Civil no será un impedimento para exigir la reparación a esta parte. Es así, que de los artículos 2314, 2317, y 2329 del Código Civil, se regula el daño moral, mediante normas que exigen que todo daño debe ser reparado”. 

Agrega que “inclusive se ha dedicado un día para el preso político, según lo expone el sitio web http://www.ddhh.gov.cl/n119_30-10-2015.html; que se realiza el 29 de octubre. Sin embargo, aquello no es una solución, sino un mero reconocimiento de que fueron violados derechos y que debe de buscarse medidas para encontrar la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de la dictadura”. 

El jurista recuerda que, en esta materia, ya se ha declarado que procede la indemnización de los presos políticos. Con objeto de mencionar algunos fallos de la Excelentísima Corte Suprema constan las causas Rol N° 3058-2014, Rol N° 1092-2015 Rol N° 13762-2016, entre otros. 

Este caso es un ejemplo de la violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile, mediante actos de secuestro, y desaparición de persona, actos que ninguna suma de dinero podrá reparar en su totalidad. 

LAS VULNERACIONES NO PARABAN 

El abogado, Juan José Sdranovic, interpuso una demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual en contra del Estado de Chile y en favor de Jorge Aedo Bilbao. 

Ésta es la historia de un hombre que nació en la comuna de Valdivia, el 8 de abril 1946. En 1969, ingresó a ENAMI en Ventanas, comuna de Puchuncaví, donde se desempeñó como técnico de Maquinarias, encargado de las calderas de la empresa. Trabajaba normalmente por turnos rotativos de 8 horas diurno y nocturno, todo en la misma empresa. 

Aedo era activo dirigente del sindicato de la empresa, era delegado de turno y cumplía funciones de difusión y cooperación con el mismo. 

El 11 de septiembre de 1973, se encontraba saliendo del turno nocturno y se dirigió a su hogar en la población Villa Dulce de Viña del Mar, en circunstancias que un vecino le avisa que había noticias de que las Fuerzas Armadas habían tomado posesión de la empresa ENAMI Ventana. Lo que hace, después Jorge Aedo es llamar a la empresa y un compañero de trabajo le contesta y le confirma la información, además de señalarle que no se acerque a la empresa por, a lo menos, una semana, ya que el ambiente estaba muy tenso y peligroso que estaban llevándose a otros colegas detenidos sin explicación alguna. 

Después de una semana, Aedo se dispuso a volver a su trabajo. Una camioneta lo fue a buscar a su domicilio para llevarlo y este antes de salir advirtió a su familia que, ante cualquier eventualidad, mantuvieran la calma que él no tenía por qué correr peligro, ni menos aún, existían motivos para que lo tomaran detenido. 

¿Y qué pasó? Al llegar a las dependencias de la empresa ENAMI Ventana, fue detenido en la entrada, lo retuvieron mientras verificaban su identidad y lo buscaban en eternos listados de personas en libros que portaban los funcionarios de la Armada, se mantuvo así, hasta que el denominado “jefe de turno” se apersonó e indicó a los funcionarios de la Armada que Jorge Aedo no era la persona a quien buscaban y que, únicamente, existía un alcance de nombre. 

A Aedo se le permitió el ingreso a trabajar y estuvo 10 días corridos, hasta que pudo al fin ser relevado por otro compañero de trabajo, quien también debió sortear dificultades para ingresar a la empresa. 

Luego, al volver a su hogar, no logró pasar un día en casa, cuando una patrulla de la Fuerza Aérea lo fue a buscar, lo detuvieron y llevaron hasta la Base de la Fuerza Aérea ubicada en la comuna de Quintero. En la base, lo trasladaron a un calabozo, donde fue objeto de interrogatorios, con amenazas y actos constitutivos de tortura. 

Si bien, no sufrió golpes, oía gritos, disparos y vio cómo golpeaban a otras personas, él sufría constantes amenazas, gritos y empujones, estuvo todo el día detenido hasta que de pronto, sin más, aparece un oficial, quien ordenó que lo liberaran y derivaran nuevamente a la empresa. 

Esta situación se repitió 10 veces desde 1973 hasta 1976, es decir, por tres años, era sacado de su puesto de trabajo por funcionarios de la Fuerza Aérea, luego llevado a la Base Quintero y allá nuevamente era interrogado, amenazado, torturado y retenido el día completo, acusándolo de participar en actividades subversivas, hasta que recobraba su libertad. 

Finalmente, en 1976 ENAMI Ventana lo despidió sin motivo alguno y sin derecho a indemnización. Esto, mediante un decreto en el cual indicaba que debía hacer abandono de su puesto de trabajo y que, desde ese momento, era despedido. 

El 14 de septiembre de 1973 fue llevado al Vapor Maipo donde también se encontraba Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, 38 años, jefe del Departamento de Investigaciones de Aduanas, profesor universitario y militante del Partido Socialista, quien ese día murió a bordo del carguero «Maipo» producto de las torturas. 

Aedo relató que estando en una de las Bodegas del Maipo, desde allí Sanguinetti fue sacado en diversas oportunidades para ser interrogado y sometido a torturas y malos tratos a que fue sometido lo dejaron en deplorables condiciones físicas y sicológicas. 

En cuanto a su detención, lo sacaron de la micro con empujones, le hicieron poner las manos en la nuca, lo ingresaron a la entrada de la empresa, lo tiraron al suelo, todo esto, con las manos en la nuca, y de ahí, lo transportaron a la Base Aérea de Quintero. 

Jorge Aedo, después de todas estas experiencias y quedando en libertad, intentó reinsertarse desde el punto de vista laboral, pero durante cinco años sólo accedía a empleos temporales, pues era considerado un “preso político”. durante más de 5 años 

El abogado, Juan José Sdranovic recalca que “los Delitos de Lesa Humanidad como el Secuestro Permanente, también denominada la “desaparición forzosa de personas” Se trata de den un tipo de delito que, dada su particular envergadura, no es olvidado. El recuerdo de su comisión permanece en las sociedades, en particular cuando existen víctimas desaparecidas, pues el temor, la intranquilidad y la aversión contra el delincuente permanecen vigentes, como también las consecuencias de su perpetración”. 

UN REFERENTE DE LA RESISTENCIA

El abogado, Juan José Sdranovic interpuso una demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual en contra del Estado de Chile y en favor de Rubén Eduardo Machuca Díaz.  

El jurista asevera que “respecto a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país se mantienen pactos de silencio por personal de las FF.AA. Lo que impide obtener el total de la información de lo ocurrido en el período”. 

La historia de Rubén Machuca es la siguiente y por la que reclama justicia. Nació en la comuna de Con- Con, el 21 de agosto de 1943. El 13 de diciembre de 1971, ingresó a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en Ventanas, comuna de Puchuncaví, donde se desempeñaba como soldador. 

Machuca era militante y dirigente del Partido Socialista de Chile desde 1963.  

El 6 de enero de 1965, se casó y tuvo cuatro hijos, su hija mayor en esa época y desde su nacimiento, tenía infecciones urinarias y era tratada por los beneficios como trabajador de la empresa ENAMI. 

Este hombre trabajaba normalmente desde las 08:00 de la mañana hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. El 11 de septiembre de 1973, se encontraba en su lugar de trabajo en ENAMI, en la comuna de Tiltil, lugar al que había sido destinado, desempeñando el cargo de Práctico de Minas y Coordinador con el Departamento de Fomento de ENAMI. 

El 18 de septiembre de ese mismo año, fue detenido por una patrulla de Carabineros, quienes allanaron su casa, bajo el pretexto de buscar armas. La detención en dicha instancia duró 5 días en la Tenencia de Carabineros de Concón, donde fue torturado e interrogado con golpes de puño y pie, con tres costillas quebradas, además de recibir amenazas de muerte. Durante todos esos días fue golpeado con las culatas de las armas largas de Carabineros, incluso, fue obligado a arrancarse su propio pelo de la cabeza y comérselo, todo ello con el único fin de que reconociera si tenía armas, o delatara a otros compañeros que pudiesen tenerlas. 

Luego, fue dejado en libertad, debiendo concurrir todos los días a dicha Tenencia a firmar durante un mes, para luego pasar a firmar una vez a la semana. 

Respecto a la exoneración, el documento oficial editado por la empresa señala que ingresó a trabajar el 13 de diciembre de 1971 hasta el 31 de octubre de 1973, cuestión que falta a la verdad, toda vez que, realmente, Rubén Machuca –asegura su abogado defensor- trabajó hasta el 18 de septiembre de 1973, día en que fue detenido, no regresando más a trabajar a la empresa. 

En dicha época, al momento de ser detenido perdió de inmediato los beneficios médicos como trabajador que le otorgaba la empresa, no pudiendo seguir siendo tratada su hija, la cual contaba con constantes recaídas de fuertes infecciones urinarias, presentando sorpresivamente, un cuadro grave, que la llevarían a operarse de urgencia de sus riñones, la cual pudo salvarse apenas, al denegarse su atención por los médicos en convenio con la empresa, siendo finalmente intervenida de urgencia, gracias a las gestiones familiares en el Hospital Van Buren de Valparaíso. 

Ante la insostenible situación económica, Rubén Machuca, en 1974 y a través de un amigo, consiguió una oportunidad laboral en la ciudad de Constitución, en el montaje de la empresa papelera que se instalaría en dicha ciudad, para lo cual solicitó autorización a la Tenencia de Concón para firmar cada dos semanas y así lograr viajar constantemente a cumplir con dicha medida que se le había impuesto. 

Una vez terminada la faena, el mismo año 1974, se le pagó su finiquito y compró un pasaje a Mendoza, Argentina, donde prácticamente huyó buscando un futuro mejor, tanto para él como para su familia. Al año siguiente se reunió con su familia y permanecieron viviendo en Argentina por un período de tres años, para finalmente, a través de trámites y averiguaciones, lograron emigrar a Canadá, donde vivió con su familia por más de diez años hasta poder regresar a Chile. 

Según el abogado, Juan José Sdranovic, “los relatos de Rubén Machuca son un testimonio de un capítulo oscuro en la historia de Chile. Su experiencia, marcada por la violencia y la opresión, no es sólo su historia, sino la de miles que vivieron el mismo terror. En la memoria colectiva del pueblo chileno, la historia de Rubén debe ser recordada, no sólo para honrar a las víctimas, sino para garantizar que nunca más se repita. Las cicatrices de su experiencia son un llamado a la vigilancia y a la defensa de los derechos humanos, un recordatorio de que el coraje de uno puede convertirse en la esperanza de muchos”. 

Machuca Díaz, es un ciudadano que se atrevió a alzar su voz en contra del régimen, se convirtió en víctima de esta represión estatal cuando su hogar fue allanado bajo el pretexto de buscar armas. La madrugada que marcó un antes y un después en la vida de Rubén comenzó con el estruendo de puertas derribadas y el grito de comandos uniformados, quienes irrumpieron en su hogar con la violencia que caracterizaba a esos días oscuros.  

Sin dar explicaciones, lo arrastraron, llevándolo a la Tenencia de Carabineros de Concón. Allí, el ciclo de tortura y sufrimiento que había comenzado en su hogar se intensificó. Durante cinco interminables días, Rubén fue sometido a un infierno de abuso, donde cada golpe que recibía parecía tener el eco de las risas crueles de quienes buscaban hacerle confesar lo que no sabía. 

Aunque finalmente Rubén fue liberado, la prisión no terminó con la apertura de la puerta; más bien, se transformó en un sufrimiento distinto. Se le obligó a presentarse diariamente en la Tenencia, una mascarada de libertad que sólo recordaba lo que había padecido. La firma diaria se convirtió en un recordatorio constante de la vigilancia que lo seguía, incluso, cuando creía haber recuperado un poco de su vida anterior. Un mes después, el régimen decidió que su situación se ajustaría a una firma semanal, pero el daño ya estaba hecho. 

Rubén se convirtió en un referente de resistencia, no por elección, sino por el dolor que había sufrido. Cada día que pasaba, la lucha por reconstruir su vida se mezclaba con los memorables ecos de la tortura y el sufrimiento.