Las reservadas propuestas del Gobierno para “mejorar” funcionamiento del Ministerio Público

Por: Daisy Castillo Triviños

A pesar de que tanto el propio Presidente, Sebastián Piñera se ha reunido con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y los fiscales regionales, lo cierto es que, desde el Ministerio de Justicia, a cargo del ex senador, Hernán Larraín, ya existe una propuesta formal sobre los cambios que se debieran introducir en el órgano persecutor para mejorar su funcionamiento.

En la Cuenta Pública de este año del Presidente, Sebastián Piñera, el Mandatario habló de la necesidad de alcanzar un Gran Acuerdo Nacional que permita mejorar, en la práctica, en mejoramiento de las instituciones públicas y recuperar, dentro de lo possible, la confianza de la ciudadanía. Tarea que no es, por lo demás, nada de fácil.

Hay que señalar que antes de formular las propuestas para el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia hizo  un drástico diagnóstico sobre el escenario actual del Ministerio Público. El diario digital “Cápsula Informativa” accedió al documento, en el que se señala de manera explícita que “desde hace un tiempo se vienen generando críticas al Ministerio Público producto del actuar de fiscales regionales y adjuntos, referente a casos de filtraciones en algunas investigaciones, estas críticas se han extendido a reproches éticos por el actuar de fiscales que no han visualizado posibles conflictos de interés o falta de prudencia en el proceder, producto del paso desde el Ministerio Público a otras instituciones, así como falta de control en relación con sus actuaciones”.

¿Cuál es el problema central que al interior del Ministerio Público detectó el Ministerio de Justicia? Uno y concreto: “Falta de mecanismos de control interno acordes a las necesidades -actuales- del servicio y que, hoy, son exigidos o demandados por la sociedad”.

Frente a esa conclusion, vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las causas que han motivado la falta de mecanismos de control? Los factores son varios, según se detalla en el mismo reservado informe de la cartera que encabeza, Hernán Larraín: “inobservancia de normas que regulan la conducta funcionaria, procedimiento de selección inadecuado o que no propende a la incorporación de nuevos y mejores profesionales, falta de regulación de reuniones o encuentros entre candidatos a fiscal y tomadores de decision; y estándares de transparencia insuficientes”.

Después de este análisis, desde el Gobierno formularon varias propuestas vinculadas a modificaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en los aspectos de: nombramiento de fiscales, sistema de control y auditoria, régimen penal y disciplinario; régimen de reclamaciones; inhabilidades posteriores al cese de funciones; y ámbito de aplicación de normas de lobby y transparencia.

¡La regla!: No tocar designación del Fiscal Nacional

Actualmente, tanto los fiscales regionales como los adjuntos, son nombrados por el Fiscal Nacional de una terna que, en el primer caso, confeccionan las Cortes de Apelaciones y, en el segundo, los fiscales regionales.

El Ministerio de Justicia propone –de acuerdo al documento reservado al que accedió Cápsula Informativa- “modificar el actual sistema de nombramiento, incorporando parámetros objetivos para ambos casos y la participación de un organismo colegiado en la confección de las ternas, denominado Comité de Selección y cuya integración dependerá del cargo que se nombre”.

En tal sentido, para nombrar fiscales regionales, el Ministerio de Justicia, señala que el Comité de Selección estará integrado por: “el presidente de la Corte de Apelaciones respective, un representante del Consejo de Alta Dirección Pública, y un académico designado por el Consejo de Rectores de entre las Facultades de Derecho que se encuentren acreditadas por un mínimo de 5 años”.

A su vez, para nombrar fiscales adjuntos, el Comité de Selección tendría la siguiente composición: “el Fiscal regional respectivo, un representante del Consejo de Alta Dirección Pública y un académico designado por el Consejo de Rectores de entre las Facultades de Derecho que se encuentren acreditadas por un mínimo de 5 años”.

Se agrega que “la elaboración de las bases, perfiles y contenido de evaluaciones escritas seguirán estando a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, la revisión y evaluación de los antecedentes de cada candidato, evaluaciones (escrita y oral), y proceso de selección será labor exclusiva del Comité de Selección”.

Además, se establece en el informe del Ministerio de Justicia que, “con la finalidad de mejorar el proceso de selección para Fiscal Regional se propone hacer extensivos los requisitos que hoy se exigen en el proceso de selección de los fiscales adjuntos, esto es rendición de exámenes escritos, orales y una evaluación de los antecedentes académicos y laborales de los postulantes. Se incorpora en ambos procedimientos de selección (fiscal regional y adjunto), una evaluación psicolaboral a cargo de una consultora externa, cuya selección será responsabilidad del Comité de Selección”.

Sistema de control y auditoría

En la actualidad, el Ministerio Público cuenta con tres sistemas de auditoría o control de gestión: (i) compromisos de Gestión Institucional (CG!), establecido por ley, la medición apunta principalmente a temas de gestión, es de tipo anual, la realiza una empresa externa contratada por el Ministerio de Hacienda; los indicadores se negocian anualmente entre el Ministerio Público y Dipres y sus resultados están asociados a un bono de gestión institucional, (ii) Plan Institucional Anual (PIA) que contiene la misión, las principales líneas de acción, los objetivos estratégicos, respecto del cual el Fiscal Nacional da cuenta pública de los resultados a la ciudadanía, a través de la cuenta pública anual que realiza y (ii) el modelo interno de gestión, establecido por reglamento, se confecciona anualmente por la Unidad de Estudios del Ministerio Público y su objetivo es velar por el fiel cumplimiento de las normas, tanto legales como reglamentarias y de las instrucciones, procedimientos y políticas que regulan u orientan el funcionamiento administrativo de la institución y está dirigido a evaluar principalmente a los fiscales.

Para fortalecer el sistema de auditoría interna, el Ministerio de Justicia, propone lo siguiente:

1.- “Elevar a rango legal la existencia y regulación del modelo interno de gestión que permita evaluar a los fiscales regionales, adjuntos y a los jefes de división; y velar por el fiel cumplimento de normas legales, reglamentarias, instrucciones y procedimientos, el cual seguirá siendo elaborado por el Ministerio Público.

2.- La evaluación antes mencionada será efectuada cada dos años y deberá contar con un informe elaborado por un organismo externo, cuya selección se realizará por medio de un proceso licitado y cuyo informe final, si bien no será vinculante, será público y se entregará al Fiscal Nacional para su consideración y resolución.

3.- Incorporación de examen de ingresos y gastos por parte de la Contraloría General de la República.

4.- Criterios conforme a los cuales se fijen las metas institucionales deben estar alineados, principalmente, con política criminal”.

Responsabilidad penal, disciplinaria y sanciones por filtraciones

Asimismo, el Ministerio de Justicia plantea, bajo el objetivo de hacer transparente la persecución penal y, asimismo, lograr independencia en la investigación y ejercicio de la acción penal en contra del Fiscal Nacional, fiscales regionales y adjuntos, la creación “de una Unidad Interna con suficiente autonomía y recurso profesional (equipo de trabajo), para llevar adelante esta labor”.

Y, también, propone “modificar el régimen para la determinación de la responsabilidad disciplinaria que hoy es ejercida por un fiscal del Ministerio Público designado por el Fiscal Regional, en el caso que el involucrado sea un fiscal adjunto, o el Fiscal Nacional, en los casos en que el inculpado sea un Fiscal Regional, entregando dicha función a la misma Unidad Interna que tendrá a cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal pública”.

En el Informe de la cartera de Justicia, se advierte que “esta nueva Unidad denominada Comité de Asuntos Internos, tendrá rango legal y será liderada por un profesional designado por un comité externo que determine la ley. El profesional que la lidere poseerá características propias de un fiscal (regional), y con dedicación exclusiva a los objetivos propios del Comité. Se dividirá funcionalmente en dos equipos de trabajo, cada uno a cargo de un fiscal (con carácter de adjunto) que tendrá dedicación exclusiva, uno encargado de investigar y sostener la acción penal y otro de investigar las infracciones disciplinarias”.

¿Cuáles serían las funciones de este Comité de Asuntos Internos? Tal como se precisa en el document, las labors serían: “investigar y sostener la acción penal, I nvestigar las infracciones disciplinarias y proponer sanciones al Fiscal Nacional, en los casos que corresponda. Este Comité también revisará las situaciones de infracción a las normas de reserva legal y de no publicidad, divulgación e información de los actos relativos a investigaciones en curso, ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas o testigos, pudiendo dar origen a responsabilidad penal como disciplinarian”.

Se agrega que “el Comité poseerá la facultad de suspender temporalmente al Fiscal Regional y/o Adjunto una vez formalizado o acusado, cuando la naturaleza del delito o infracción disciplinaria así lo requiera o cuando sea necesario para llevar adelante una correcta investigación”.