OPINIÓN: ¡La justicia al revés! Juez Urrutia autoriza videollamadas de reos de alto riesgo
Por: Daisy Castillo Triviños
¡Vamos por parte! Hay decisiones que se pueden cuestionar, porque no nos agradan y, simplemente, no compartimos cierta postura, pero muy distinto es cuando hay determinaciones en las que no hay criterio alguno, mejor dicho, el descriterio. Estamos ante una ola de delincuentes que forman parte de bandas extranjeras de criminales que llegan a Chile, cruzando las fronteras como si nada, y hay quienes los premian. ¿El que otorga beneficios a esos criminales lo hace, porque es amenazado o porque su ideología de izquierda de velar por los derechos humanos de criminales se les sale por los poros?
¿Y de qué estamos hablando? Acá se lo cuento.
Lo que faltaba es que un juez, como es el caso de Daniel Urrutia -juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago-, habría el 25 de enero recién pasado, aceptado la realización de videollamadas a varios reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). No son cualquier interno, ¡Ojo con eso!, son criminales.
La Fiscalía entra en terreno
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Fiscalía detalló que “ha estado en constante coordinación con Gendarmería revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión”. Se añadió que “estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”,
Las críticas ante beneficio a reos peligrosos
El otorgamiento de permisos para realizar videollamadas a reos peligrosos ha causado cuestionamientos en el Gobierno y en Gendarmería. Sin embargo, no es la primera vez que el juez Urrutia se ve envuelto en una polémica, ya que durante el estallido social protagonizó algunas polémicas, mostrándose a favor de los llamados “de primera línea” y que, en la práctica, no fueron más que delincuentes, destruyendo todo a su paso, supuestamente por demandas sociales. ¡Un estallido delictual armado y programado, nada fue al azar!
De la conducta a favor de los delincuentes por parte del juez Urrutia, hay registro: En 2020, quitó la prisión preventiva a 13 imputados de la “primera línea” por delitos cometidos durante el estallido social, dejándolos con arresto domiciliario. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones decidió revocar su resolución. Tras eso, fue apartado varios meses de sus funciones y se abrió un sumario en su contra. Hasta que en el 2021, el pleno de la Corte le permitió regresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que, hoy se desempeña.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago tendrá que determinar si la decisión del juez, Daniel Urrutia corresponde o no y si se establece un sumario en su contra. “Estamos profundamente preocupados por la seguridad del país, no sólo ahora, sino en distintas oportunidades”, dijo en CNN Chile, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, Alejandro Vera.
Cuando el poder está ideologizado… nada certero
Hay que recordar que para el plebiscito de salida de septiembre de 2022, el magistrado se manifestó en su cuenta de X (antes Twitter), en más de una ocasión en favor de la opción Apruebo. “Buenos días a todes! Hoy, es un hermoso día para leer la nueva Constitución, discutirla y echarle ganas para aprobar el 4 de septiembre, querides fuerza para hoy! no se me achicopalen!”, escribió el 13 de julio de ese año. Agregó: “Dignidad ni más ni menos, en septiembre aprobamos… Tiempos acelerados, lleno de esperanzas, miedos, mentiras y verdades, estamos en la campaña más importante de la joven historia de Chile, aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, vamos sembrando y desalambrando, el 4 de septiembre aprobamos por un nuevo Chile más justo”, comentó el 8 de julio de 2022.
Tras estas declaraciones del juez Urrutia, en agosto del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario en su contra, por eventuales faltas a la “necesaria prescindencia política”, que para los miembros del Poder Judicial exigen las normas que regulan esta materia.
El origen
La decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se originó en una visita que Urrutia realizó en enero al Recinto Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago (Repas), ex CAS, tras lo cual envió un oficio al alcaide del penal, ordenándole autorizar que 9 internos pudieran hacer videollamadas a sus parejas y familiares.
Esta decisión alertó a Gendarmería, ya que era inviable controlar que terceros intervinieran en los llamados por video. De acuerdo con el escrito de Gendarmería, el “22 de enero último, el Juez (…) ordenó a este Servicio autorizar una serie de peticiones formuladas por internos privados de libertad en la visita de cárcel llevada a cabo al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (…) el día 19 de enero, convocando sobre la misma a una audiencia para el día 25 de enero para que la Institución diera cuenta de su cumplimiento”.
Desde Gendarmería, se cuestiona la determinación del juez Urrutia, planteando de manera textual que “el hecho de que las personas encarceladas en el Repas (ex CAS) que pertenecen a bandas criminales organizadas y tienen una alta ascendencia dentro de sus pares puedan comunicarse libremente con terceros a través de videollamadas, pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
Se agregó que “esto es particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la Administración Penitenciaria, a quien le asiste por mandato legal la responsabilidad de establecer el Régimen Interno de los Establecimientos Penitenciarios”.
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