Opinión (Eduardo Salas): “La reacción desmedida de políticos tradicionales a garantías democráticas de 34 constituyentes”

Por: Eduardo Salas, abogado.

“He leído y escuchado con detención lo que 34 constituyentes nos dicen sobre el proceso de construcción de la Nueva Constitución y quiero puntualizar algunas cosas:

1. Es muy positivo que aquellos que fueron electos directamente por el pueblo soberano el 15 y 16 de mayo reciente se organicen tanto en la forma como en el fondo.

2. En la forma, es saludable que realicen procesos participativos con asambleas y consultas a todos los que fueron candidatos independientes y no fueron electos y a ciudadanos que quieren aportar en este proceso. Si bien, es la Convención el organismo que debe elaborar la Nueva Constitución que se someterá a plebiscito el 2022, ejercer la democracia participativa y deliberativa sobre la base de la movilización social es una acción necesaria y sustantiva para tener el mejor texto constitucional.

3. En el fondo, es muy comprensible que se aclare, desde ya, que el mandato que ejercen responde al pueblo soberano y que ese básico concepto de soberanía popular es el punto de partida esencial del proceso hacia una Nueva Constitución.

Ellos, dicen “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales”. Una Constitución es, justamente, la expresión jurídica del cuerpo político de la sociedad y afirmar, desde ya, que se sujeta a los derechos fundamentales, es reconocer que estos derechos, suscritos por Chile en leyes, convenciones y tratados internacionales, deben ser la base de todo cuerpo político y jurídico, que soberanamente nos demos, esto es, la nueva Constitución.

Entonces, es plausible y necesario concordar con ellos cuando  afirman que “el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención”. Con esto, nos dicen, simplemente, que toda regla es, democráticamente y ampliamente mejorable.

Ello, implica tener todo el derecho para que la Convención obtenga los quórum mayoritarios necesarios para establecer un reglamento que nadie, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni aquellos que se creen con los conocimientos indispensables, puedan imponérselo. Desde ya resolver, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando en una materia constitucional no están los 2/3, es posible que la Convención acuerde otro quórum igual mayoritario de 3/5 o establezca plebiscitos dirimentes?, Creo que sí.

Entonces, el llamado que hacen a hacer efectiva la soberanía popular de la Constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarse, exclusivamente, a un determinado acuerdo  por la paz, es simplemente hacernos ver que el marco soberano del poder constituyente es superior a dicho acuerdo.

3. En definitiva, resumen su propuesta en  “garantías democráticas” para la  Convención Constitucional, en la “libertad, verdad y justicia, reparación, desmilitarización, fin a las expulsiones, y soberanía”. Esto es, “fin a la prisión política en Chile, liberando a todas las y los presos de la revuelta y mapuche”; verdad y Justicia poniendo “fin a los pactos de secreto y la total impunidad por la violación sistemática de los Derechos Humanos de ayer y hoy”; reparación para “un proceso general de reconocimiento y reparación a todas las miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”; desmilitarización de la Araucanía y, así,  “abrir paso a un Estado plurinacional que ha de comenzar con poner fin a la ocupación del Estado sobre territorios”.

Seguidamente, piden “no más expulsiones, para frenar la persecución y criminalización de personas migrantes”; y expresan la ya mencionada soberanía, al argumentar que “el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular”.

Estos constituyentes, y espero que se sumen otros, nos hablan de condiciones democráticas, señaladas en los puntos anteriores y, con ello, han establecido importantes principios que constituyen el origen de su elección.

Ellos, quieren liberados a los presos políticos de la revuelta. Está en el Estado, es decir, los tres poderes, ejecutar este indulto, puesto que se ha vuelto muy comprensible.

En efecto: hay leyes aprobadas por el Congreso que agravaron las  penas para determinados delitos y para que se proceda de la manera como se hace hoy con los presos; son inexplicables las prisiones preventivas patrocinadas por el Ejecutivo y el Ministerio Público; y el contexto socio político que vivió Chile desde el 18 de octubre de 2019. Todo ello, genera la condición de preso político y por tanto un indulto general es indispensable.

Además, han planteado la desmilitarización de la macro zona de la Araucanía y la libertad de los presos Mapuche. Hemos podido apreciar, todos estos años, no sólo la legítima lucha del pueblo Mapuche, sino que el Estado de Chile debe reconocer la existencia de dicha nación, así como de otras naciones indígenas, sus derechos políticos, colectivos, sociales, culturales y territoriales, conforme al convenio 169 de la OIT y ello debe quedar establecido en la Nueva Constitución. Un primer paso es la desmilitarización de toda la zona donde habitan dichos pueblos y la libertad, mediante indulto, de los presos por la lucha que han dado.

La verdad, la justicia y la reparación en materia de DD.HH. es algo que la sociedad clama desde los años 70 del siglo pasado sobre las violaciones del pasado dictatorial, se ha avanzado en verdad, justicia y reparación, pero aún hay muchas familias que no han obtenido nada de eso. Por ello, siguen abiertos algunos procesos que tienen preso hoy al ex general, Sinclair y prófugo a un ex oficial del FACH. En cuanto a las generalizadas violaciones de DD.HH. recientes, que han determinado más de 5 organizaciones internacionales, no se puede hacer otra cosa que exigir verdad, justicia y reparación.

Agrego unas palabras para los migrantes. La Corte Suprema ha impedido la expulsión de una persona venezolana que no estuvo ajustada a derecho. Se ha dictado una nueva normativa al respecto. Lo único que cabe es el respeto más integró por sus DD.HH.

En fin, los medios tradicionales han sobre reaccionado, los actores políticos de la derecha, centro y alguna izquierda creen defender la democracia y el Estado de derecho que se vería vulnerado.

¿Qué esperábamos? Desde el 18 de octubre de 2019 nos están hablando fuerte. Es natural, vienen en serio, vienen por nosotros, por nuestros egoísmos, cálculos, miserias. Son otra democracia, traen otra república. Son humanos, “demasiado humanos”, no son santos y vienen!”.