“Riesgos del Covid-19”: Columna del abogado, Martín Vila

Por: Martín Vila, abogado.

“Hemos asistido a presenciar como espectadores no convocados, previamente, a ver el deficiente manejo inicial de los efectos sobre la salud de los chilenos por parte del Gobierno y, rápidamente, ha surgido la preocupación por la economía, en especial, por los efectos sobre ésta ante las medidas que se han ido haciendo necesarias y se han aplicado progresivamente.

Y es que no sólo Chile puede verse expuesto a una potencial recesión, con todos los perjuicios que se derivarían para los trabajadores y los sectores más vulnerables de la población, sino que ya existen alertas en todo el mundo, al respecto. En este sentido, se ha insistido, en forma majadera en todo caso, que deben dejarse de lado los manuales ideológicos en materia de política económica, fiscal y financiera, porque los países que menos se empobrezcan, serán, en definitiva, los que más pronto se recuperarán.

Efectivamente, no es momento para aferrarse a recetas rígidas de escuelas económicas que basan su discurso en el análisis de lo ocurrido en el pasado, mucho menos cuando nos encontramos con una crisis que reviste características nunca antes vividas y experimentadas en nuestro mundo. Es, a todas luces, un escenario nuevo que está demostrando que las autoridades chilenas no están preparadas para enfrentar esta etapa sin caer en improvisaciones.

Sin embargo, no debe usarse el mismo criterio, ante la institucionalidad jurídica del Estado, porque en esta área no hay novedad y se conocen, con abundancia de casos y ejemplos, las consecuencias de relajar el principio de legalidad al que se debe someter el Estado, sus órganos y autoridades, en el ejercicio de sus atribuciones, máxime si hasta antes del Covid-19, nuestro país se encontraba en pleno estallido social, en contra de los abusos de los poderosos, derivados de la desigualdad.

En ese aspecto, entonces, es preocupante la actitud de algunas autoridades, que mediante reuniones y/o llamados, logran una postergación del alza anunciada por las Isapre, en lugar de usar los canales institucionales, pero, en cambio, vemos a Ministros de Estado, apareciendo en los medios, llamando a no ser tan rigurosos respecto a las críticas que surgen a las medidas que han implementado. Ejemplos, hay varios: el cordón sanitario, antes de lo señalado en la Ley, autoridades de Carabineros imponiendo límites al desplazamiento, no establecidos por la autoridad en la forma que la norma exige y solicitando antecedentes, sin norma alguna que los autorice para ello (recordemos lo relevante que implican los límites al exceso de facultades, cuando estamos frente a otros problemas).

Y los otros problemas que hemos evidenciado, dan cuenta de la tendencia a privilegiar los intereses de unos pocos, pocos, pero lo suficientemente poderosos al punto de hacer que el Gobierno piense en ellos, antes del resto de la ciudadanía.  Tenemos autoridades llamadas a proteger a los trabajadores, pero que legislan contra el Código del Trabajo, mediante interpretaciones antojadizas o creando en la práctica, formas de finiquitar a los trabajadores online, contra  toda la lógica de ser ministros de fe y, lo más relevante, expresamente contra la institucionalidad laboral.

Estos descuidos institucionales, sumados a la crisis económica que se nos avecina para el segundo semestre de 2020, nos hace suponer que, de seguir este camino, el 18-O de 2019, parecerá sólo la primera asonada del verdadero estallido social que azotará a todo el país. Estamos siendo testigos de una historia que ya pocos podrán recordar, porque se convirtieron en víctimas del Coronavirus”.

Abogado, Martín Vila: “Después del dictamen de la DT, los trabajadores están peor que antes”