Se encienden las alarmas y se levantan críticas por el nombramiento de Lidia Amarales como Seremi de Salud de Magallanes

Por: Daisy Castillo Triviños

Un nuevo flanco de cuestionamientos en contra del gobierno, se abrió tras la designación de la médico-cirujano, Lidia Amarales como Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena, quien recientemente asumió el cargo. La alerta se  encendió a nivel político, al recordar que, en 2008, Amarales fue condenada por colusión, junto a otros médicos de Punta Arenas, por infracción a las normas de defensa de la libre competencia, mediante la suscripción de un acuerdo de precios para prestaciones de diversas especialidades médicas (causa rol 74-2008, Rol C Nº 121-06) del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en los autos rol 5937-08 (29 de diciembre de 2008).

En 2008, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento, respecto de 74 de los 84 médicos de Punta Arenas, acusados de suscribir un acuerdo expreso de precios para prestaciones, para lo cual, previamente formaron una sociedad denominada “AM Patagonia S.A.” (Ampatagonia) siendo accionistas de la entidad y establecieron un arancel que materializaba este acuerdo de precios y demostró que era vinculante para los requeridos o pretendía serlo.

Esta situación,  al traerla a colación ahora en 2025 y en la que estuvo involucrada la actual Seremi de Salud de Magallanes, está generando polémica, justo cuando el gobierno atraviesa por cuestionamientos en la designación de cargos, ya sea, por amiguismos o en donde está en juego la probidad.

El senador, por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic señaló que “hoy en los tiempos que vivimos hay que ser extremadamente cuidadoso, y es preocupante que cualquier candidato a autoridad que haya sido imputado o sancionado en un asunto legal sea nombrado, ya que va a generar cuestionamiento y molestia general. Por ello, los gobiernos deben ser extremadamente cuidadosos al seleccionar a sus funcionarios. Estamos atravesando tiempos complejos y es fundamental prestar atención a todo”.

El diputado independiente y también de la región de Magallanes, Christian Matheson manifestó que “estamos enfrentados a un gobierno fallido, que no da respuesta seria al discurso ni a los principios que quiso instalar o prometió respetar ante la ciudadanía”. Agregó que “vemos que el nepotismo, el compadrazgo y, en otros casos,  la ausencia de meritocracia, la falta de transparencia, el servirse del Estado y el aprovecharse del sistema ha sido una constante. Estos no son casos aislados, es una constante que se ve reflejada en el nombramiento de diversos cargos a nivel regional y nacional, incluso, mediante el sistema de Alta Dirección Pública, pero también en la inoperancia y falta de políticas claras que permitan que los chilenos puedan mejorar su nivel de vida de manera sustentable en el tiempo”.

Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, independiente y que representa al distrito 28 de la región de Magallanes, afirmó que “los que deben opinar en esta materia son quienes la contrataron (refiriéndose a Lidia Amarales), o sea, el delegado presidencial regional,  José Ruiz y el gobierno”.

Al ser consultado sobre el hecho de que la nueva Seremi de Salud de Magallanes, esté involucra en una indagatoria en 2008 por colusión, infringiendo la libre competencia, Carlos Bianchi precisó que “si el hecho es así, tal cual se presenta, no he visto el detalle, no lo conozco, no lo conocía, por lo menos, no lo recuerdo, efectivamente es un hecho grave de ser cierto. Lo que debiera llamar la atención es que ese hecho que podría ser grave, no fue advertido por el gobierno ni por el delegado presidencial y, por lo tanto, el punto está en que el delegado presidencial ha sido tremendamente desprolijo, por así decirlo, si es que, efectivamente, designó a esta señora en particular, teniendo esos otros antecedentes”.

El diputado Carlos Bianchi sostuvo que “si es necesario que yo tenga que solicitar antecedentes en mi rol de fiscalizador, por supuesto que es lo que voy a hacer, pero hoy día le pediría al delegado presidencial que responda por la  desprolijidad o no que tuvo al designar a la señora Amarales”.

LOS HECHOS QUE GENERAN LA ALERTA

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) argumentó que “los médicos agrupados en Ampatagonia alcanzaron un considerable poder en el mercado relevante, que se evidencia por: (i) la desvinculación masiva de los convenios individuales; (ii) encontrarse, en los hechos, todos los médicos accionistas cobrando el Arancel; y (iii) el progresivo aumento de los accionistas de Ampatagonia, que se incrementó de 65 a 78”.

La conducta denunciada por la Fiscalía Nacional Económica como constitutiva de infracción a las normas de defensa de la libre competencia, contenidas en el Decreto Ley Nº 211, consiste en que los ochenta y cuatro médicos especialistas de Punta Arenas requeridos se habrían concertado, mediante la constitución de una sociedad anónima –Ampatagonia S.A.- para acordar expresamente los precios de las prestaciones médicas que otorgan.

En cuanto a los efectos del acuerdo, la FNE señaló que éstos se centran en el sector privado de salud, sin descartar efectos en el sector público. Como resultado del acuerdo, “los médicos accionistas logran un efecto positivo sobre sus rentas, en la medida que incrementan tarifas y se desvinculan de Isapre. Éstas son perjudicadas por el incremento en los costos de financiamiento de las prestaciones médicas y por la pérdida de atractivo para sus clientes. Los actuales y potenciales pacientes de los médicos coludidos también son perjudicados, porque se reduce la calidad de su seguro de salud y enfrentan mayores riesgos y costos financieros”.

Se trató de una “nueva forma de organización” que tendría, supuestamente, la finalidad de mejorar las gestiones de cobranza de los honorarios médicos respecto de las distintas entidades pagadoras. Uno de los profesionales que estuvo a cargo de reunir a los médicos de Punta Arenas, el 15 de noviembre de 2004, comunicó a los médicos que se habían comprometido a adquirir una acción que debía procederse a: (i) determinar el nuevo marco arancelario (por especialidad); (ii) formalizar la renuncia de cada uno de los médicos a los contratos que tengan con las Isapres para que el funcionamiento con los nuevos aranceles se inicie colectivamente, teniendo como objetivo principal “regular el mercado a favor nuestro, en la inmejorable situación geográfica en que nos encontramos”; y, (iii) comunicar a las Isapres la nueva
modalidad de organización”.

Se estableció que dicho acuerdo era apto para lesionar la libre competencia, al menos en el corto plazo, para algunas especialidades “a las que pertenecen los 74 médicos sancionados”, esto es, aquellas atenciones primarias, respecto de las cuales el acuerdo concertó el 100% o una proporción significativa de los médicos que la ejercían en Punta Arenas. Esto, en las áreas de neurocirugía, neurología infantil, otorrinolaringología, anestesiología, cirugía general, cirugía infantil, neurología, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, pediatría y urología. El arancel impugnado tuvo como efecto incrementar los precios enfrentados por los usuarios del sistema privado de salud, por las prestaciones médicas otorgadas por los médicos requeridos.

25 millones por concepto de mayores copagos

Hay que señalar que el beneficio económico que se consiguió con el acuerdo entre 74 de los 84 médicos de Punta Arenas, se tradujo en el incremento en los precios en el período durante el cual se habría aplicado el arancel, esto es, entre mayo de 2005 -fecha de las renuncias masivas a los convenios individuales- y mayo de 2006 -fecha a contar de la cual se volvieron a suscribir tales convenios por parte de los requeridos-, obteniendo un beneficio aproximado de $25.000.000 por concepto de mayores copagos.

Cabe mencionar que, en la causa judicial -en la que figura la actual Seremi de Salud de Magallanes-, los requeridos habrían eliminado o limitado los efectos de la infracción por medio de la transformación de la sociedad Ampatagonia en una sociedad de responsabilidad limitada, con reducido número de socios.

¿Y cuál fue la respuesta de los médicos involucrados en la colusión?

Los requeridos señalaron que “la verdadera finalidad de Ampatagonia era resguardar de buena fe los legítimos intereses de los profesionales de la salud de Punta Arenas, mejorando la posición contractual de los médicos frente a las Isapres (contrapeso), y obtener obtener así, condiciones justas, equitativas y de mercado en sus convenios con éstas”. Se defendieron “sosteniendo, fundamentalmente, que no tenían intención de incurrir en conductas contrarias a la competencia, pues Ampatagonia perseguía objetivos lícitos, tales como servir de contrapeso al poder de mercado que las Isapres estaban ejerciendo a su respecto y efectuar la cobranza de honorarios de sus accionistas”.