The Economist califica propuesta constitucional de “magno error” y “fiscalmente irresponsable”

La publicación inglesa, The Economist publicó un artículo bajo el título de “Los votantes deberían rechazar el nuevo borrador constitucional de Chile”, calificándolo de un “magno error” y de un “desastre fiscalmente irresponsable”.

En el artículo, se señala que la propuesta de Constitución resulta ser un documento “absurdamente largo, con 388 artículos. Es también fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista”.

En picada

¿Y qué más dice? Lo siguiente:

“Para ser justos, omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, dominada por los izquierdistas. Entre ellas, la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la supresión de la Cámara Alta. El banco central mantiene su independencia, aunque se han ampliado sus competencias para incluir “la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural”.

Advierte que “algunas ideas son loables. El documento exigiría la devolución de algunas competencias a las regiones, y daría a los indígenas el derecho a ser enseñados en sus propias lenguas en las escuelas”.

Sin embargo, agrega que “en general, el borrador es un embrollo confuso, lleno de un lenguaje impreciso que garantiza más o menos décadas de disputas sobre lo que realmente significa. La ‘naturaleza’ tendría derechos. El proyecto menciona el “género” 39 veces. Las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrán que funcionar con una “perspectiva de género”, que no define”.

También alerta que “el documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual. Da a los sindicatos el derecho exclusivo a representar a los trabajadores, les garantiza la participación en la toma de decisiones de las empresas y les permite hacer huelga por cualquier motivo, no sólo los relacionados con el trabajo. Dice que todo el mundo tiene “derecho al trabajo” y que “se prohíbe toda forma de precariedad laboral”. Esto podría dificultar el despido.

Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder los derechos de propiedad del agua en sus tierras. La compensación por las tierras expropiadas no sería a precio de mercado, sino a lo que el Congreso considere “justo”.