Un fallo que le “falla” a la ciudadanía: Imputados por Caso Procultura con arraigo nacional y sin prisión preventiva

Después de cuatro jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el martes 3 de febrero de 2026, la solicitud de prisión preventiva para los principales imputados del Caso ProCultura.

La decisión ha generado bastante ruido mediático y político, especialmente por el contraste con otros casos de alta connotación pública.

El abogado querellante en la causa, Pablo Toloza aseguró que la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía, “es un fallo judicial que le falla a la ciudadanía y es, verdaderamente, inentendible. Los antecedentes que tuvo un juez, de ese mismo Séptimo Juzgado (de Garantía) para otorgar la orden de detención de los imputados, posteriormente, otro juez establece que esos mismos antecedentes no constituirían delito y no estaría establecida la participación de estas personas”.

LOS IMPUTADOS

El juez Patricio Álvarez desestimó la prisión preventiva y el arresto domiciliario, decretando únicamente arraigo nacional (prohibición de salir del país) para los cinco formalizados:

• Alberto Larraín: Psiquiatra y fundador de la organización.

• María Constanza Gómez: Representante legal.

• María Teresa Abusleme: Ex directora de la fundación.

• Evelyn Magdaleno: Ex funcionaria del GORE Metropolitano.

• Gabriel Prado: Ex administrador regional.

 

El magistrado fundamentó su decisión en los siguientes aspectos:

• Falta de acreditación del delito: El juez señaló que, con los antecedentes actuales, no se puede asegurar fehacientemente la existencia de un fraude al Fisco. Consideró que las irregularidades podrían ser de carácter administrativo y no necesariamente penales.

• Calidad de los imputados: Argumentó que Larraín y otros no son funcionarios públicos, lo que dificulta la figura del fraude fiscal tradicional.

• Bajo peligro de fuga: Se valoró que Larraín ha colaborado con la investigación durante dos años y no ha salido del país desde 2023, a pesar de no tener medidas cautelares previas.

• Sin peligro para la sociedad: El tribunal consideró que la libertad de los imputados no representa un riesgo para la seguridad de la comunidad ni para el éxito de la investigación.

MINISTERIO PÚBLICO APELARÁ ANTE LA DECISIÓN

El Ministerio Público anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones para intentar revertir esta decisión, insistiendo en que hubo un “acuerdo concertado” para defraudar más de $1.600 millones.

La investigación continúa apuntando hacia el Gobernador de la RM, Claudio Orrego (cuyo desafuero está en trámite), por su presunto rol en la supervisión y adjudicación de estos proyectos.

Se fijaron 90 días para el cierre de la investigación.

CONTRATOS BAJO SOSPECHA

Para entender por qué este caso es tan complejo, hay que poner la lupa en cómo se movió el dinero y quiénes están en el centro del huracán político.

LOS CONTRATOS BAJO SOSPECHA

El Ministerio Público cuestiona principalmente convenios firmados con el GORE Metropolitano, donde se acusa que la fundación no tenía la experiencia técnica para las tareas asignadas:

• Programa de Salud Mental ($1.683 millones): El contrato más grande. Se cuestiona que ProCultura, siendo una fundación de carácter cultural, terminara gestionando un programa de prevención del suicidio con fondos de emergencia.

• Limpieza de Fachadas: Otro proyecto polémico donde se alegan sobreprecios y falta de ejecución real de los trabajos en el eje Alameda-Providencia.

• Irregularidades en Antofagasta: Aunque la formalización de ayer fue en Santiago, ProCultura también está bajo la lupa por convenios de habitabilidad primaria (campamentos) donde se habrían desviado fondos para fines distintos a los pactados.

¿Y QUÉ PASA CON EL GOBERNADOR CLAUDIO ORREGO?

La situación del Gobernador Orrego es el punto de mayor tensión política:

• La Tesis de la Fiscalía: Los fiscales sostienen que hubo una “omisión deliberada” en la fiscalización de los recursos. Sugieren que los controles internos del GORE fueron relajados intencionalmente para favorecer a la fundación.

• El Desafuero: Actualmente, el proceso penal contra Orrego depende de su desafuero. Si se concreta, la Fiscalía podría formalizarlo por fraude al Fisco y negociación incompatible. Su defensa sostiene que él solo firmó actos administrativos basados en informes técnicos de sus subalternos.