2019: ¡El año en que los trabajadores del Ministerio Público fueron ignorados!

Por: Daisy Castillo Triviños

Llama la atención que durante el 2019, considerando las horas que restan para que se acabe este año, a pesar de que los trabajadores del Ministerio Público, plantearan una serie de demandas para el mejoramiento de las condiciones laborales y a favor de la modernización del organismo persecutor, requerimientos que manifestaron, incluso, a través de un petitorio entregado en La Moneda al propio Presidente, Sebastián Piñera, no hay para ellos ninguna respuesta.

Recordemos que en noviembre de este año, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, se hizo el tiempo, no precisamente para referirse a las demandas de los funcionarios del Ministerio Público que, encabeza el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sino para plantear su desacuerdo a la idea de rebajar las remuneraciones de los fiscales y de los jueces. Al respecto, el Secretario de Estado, dijo: “No corresponde. Tienen una tarea distinta, son órganos independientes, funcionarios que requieren de niveles de sueldo adecuados para desempeñar sus funciones con total independencia y autonomía”.

Y lo concreto es que este 2019 que, poco a poco se comienza a despedir, fue el año en que los funcionarios del Ministerio Público no fueron escuchados, fueron ignorados completamente. No es tampoco que en años anteriores se les tomara en consideración, pero en 2019, simplemente, fueron invisibles para las autoridades.

¡Las demandas concretas!

Una pregunta, ¿usted sabe cuáles son las demandas de los funcionarios del Ministerio Público? Aquí, le contamos en detalle.

Uno de los temas que se planteó en el petitorio dirigido al Presidente Piñera, es convocar a un panel de expertos junto a los representantes de los trabajadores,  a fin de analizar la eficacia  de los actuales sistemas de trabajo del Ministerio Público, evaluando sus efectos, tanto para los ciudadanos como para  quienes los ejecutan al interior del organismo, ya que, los funcionarios han sido sometidos a un permanente aumento de tareas administrativas, sin que aquello se relacione por ejemplo, con la disminución de las tasas de archivo de causas.

También está la urgencia de implementar un mecanismo de fiscalización laboral externa para los trabajadores del Ministerio Publico, a fin de contar con  la posibilidad de apelar sanciones emanadas  de investigaciones administrativas, reclamar la eventual  disconformidad ante resultados de concursos públicos, desvinculaciones y calificaciones. Y, además, contar con un  control de legalidad sobre las actuaciones administrativas que se adoptan con los funcionarios, especialmente, en el caso de las desvinculaciones y una regulación financiera como la de los demás servicios públicos.

Otras de las demandas es el envío de un proyecto de ley de incentivo al retiro y asignación profesional para los trabajadores del Ministerio Publico,  en igualdad de condiciones con los beneficios que recibe el Poder Judicial, ya que, de acuerdo a la propia ley Constitucional del órgano persecutor, se encuentra asimilado  a esa escala de remuneraciones, incluyendo bonos y asignaciones.

Además, la implementación de un mecanismo de denuncias por maltrato laboral y/o acoso laboral o sexual, regulado y supervisado por un organismo independiente del Ministerio Público para garantizar objetividad en los resultados de las indagatorias.

Junto con ello, los funcionarios han señalado la necesidad de que se eliminen los cargos de exclusiva confianza, a lo menos, en las jefaturas nacionales y regionales de recursos humanos y direcciones ejecutivas, permitiendo que estos puestos sean concursados por Alta Dirección Pública, asegurando así requisitos básicos.

¡Oídos sordos!

Paulina Ruiz, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (AFFREMSUR), en conversación con “Cápsula Informativa” afirma que “en junio presentamos un petitorio y nunca nos respondieron, lo que consideramos una falta de respeto por parte del Ejecutivo hacia los trabajadores y el no pronunciarse sobre las distintas situaciones que expusimos en la carta remitida al Presidente, Piñera”.

Añade que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, “tampoco nos llamó a integrar una mesa de trabajo, tal como lo hemos solicitado insistentemente. No hubo ni siquiera una contra propuesta a lo que nosotros presentamos para el mejoramiento del Ministerio Público y de las condiciones laborales de los funcionarios”.

La dirigente de AFFREMSUR sostiene que “no hay ninguna demanda que haya sido respondida por la autoridad. El Ministro de Justicia debiera abordar de manera integral la problemática de una institución y no que en todo un año sólo se refiriera a su negativa a rebajar los sueldos de los fiscales. Él conoce la realidad del servicio, le hemos enviado oficios y sabe, perfectamente, cuáles son nuestras demandas y que estamos esperando una actitud distinta de parte de él que no la he tenido, lamentablemente”.

Paulina Ruiz advierte que “los fiscales nacionales no tienen que ser amigo de nadie, tampoco del Gobierno y, desde el momento en que el fiscal nacional decide asumir ese rol de autonomía, va a caer en conflicto con el gobierno de turno, eso es algo natural, es parte del juego. El problema es que los gobiernos tienen que entender que las demandas son de los trabajadores, no de los jefes de servicio, porque los jefes de servicio son aves de paso, cumplen un período y se van de la institución, los que pagan los costos de las falencias de las entidades son los trabajadores de planta, los funcionarios y, por eso, resulta lamentable que un Presidente o un Ministro de Justicia no se pronuncie respecto a nuestras demandas”.

-¿Cómo describe la gestión del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de acuerdo a la visión que tienen los trabajadores?

A nosotros, obviamente, nos gustaría tener un fiscal nacional que se comprometiera con las causas de los trabajadores, pero no hemos tenido un fiscal nacional con esa impronta. Lo más normal sería que la Dirección Ejecutiva de la institución se hiciera cargo o se comprometiera de mayor manera con nuestras demandas.

-¿Cuáles son los desafíos para el 2020?

Los principales desafíos es lograr que el Ministerio Público esté en la agenda del Gobierno, que se avance en la reforma integrada del Ministerio Público y que no se dejen los temas a medio camino como sucedió este año, porque el Gobierno tenía una iniciativa, hubo una minuta que emanó del Ministerio de Justicia, pero que, al final, quedó en nada. Esta práctica de anunciar cambios a las instituciones y después no concretarlos, también causa daño a las organizaciones y a la sociedad, porque se generan expectativas que no se ven satisfechas. Esperamos que el Ejecutivo y el Ministro de Justicia asuman sus responsabilidades y estén dispuestos a hacer sacrificios para tener una mejor persecución penal que es un factor determinante en un estado de derecho, por lo que hay que cuidarlo y fortalecerlo.

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