Con iniciativa legal quieren prevenir discriminación política en instituciones de educación superior

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

El senador, José García Ruminot manifestó su confianza en que la Comisión de Educación y Cultura, aborde a la brevedad el estudio del proyecto que modifica la Ley Nº21.091 sobre educación superior, para erradicar la discriminación que sufren estudiantes universitarios en virtud de su opinión u opción política.

Junto a la senadora, Ena von Baer, García subrayó la importancia de “garantizar que ningún estudiante sea agredido, menos aún en razón de sus ideas y pensamientos.” La iniciativa busca evitar nuevos episodios como el que afectó recientemente a la estudiante de la Universidad de Chile, Polette Vega, agredida y expulsada por sus compañeros en virtud de su posición política.

El senador RN, precisó que el proyecto también pretende que “respecto de las federaciones de estudiantes esté garantizado el pluralismo que corresponde al ámbito de la educación superior.”

Ambos integrantes de la Comisión de Educación agregaron que la moción busca establecer que las instituciones de Educación garanticen un ambiente libre de discriminación por opción u opinión política a sus estudiantes y la libre participación de todos, lo que solo podría limitarse en virtud del respeto por el orden público, los derechos humanos y la vida democrática.

Asimismo, plantearon que dichas entidades no puedan reconocer aquellas organizaciones de representación estudiantil que discriminen a estudiantes por su opinión u opción política; o que limiten la libre participación política por razones distintas al respeto por el orden público, los derechos humanos y los valores democráticos.

El proyecto consiste en un artículo único con dos numerales que modifican el artículo 2 de la Ley Nº 21.091 Sobre Educación Superior que consagra los principios del Sistema de Educación Superior. El primero modifica la letra e) de dicho artículo, estableciendo la prohibición general de discriminación por opción u opinión política, exigiéndole a las instituciones de educación superior el deber de garantizar un ambiente libre de discriminación política.

A los estudiantes que sean víctimas de un acto de esa naturaleza se les da la posibilidad de ejercer la acción de no discriminación arbitraria, contemplada en el artículo 3 de la Ley Nº 20.609 y de demandar a la institución respectiva por la indemnización de todo perjuicio, incluyendo el daño moral.