Abogado Martín Vila: “Chile debe afrontar la corrupción y la colusión de lo público y lo privado”
Por: Martín Vila, abogado.
“Diez días. Ése es el tiempo exacto en que, en este mismo medio digital que usted está leyendo ahora, me entrevistaron acerca de la posibilidad de que grandes empresas, es decir, los retails, se acogieren a la Ley de Protección al Empleo.
En esa oportunidad, señalé que me parecía un despropósito, pues el uso de los escasos recursos fiscales y de los trabajadores para hacer frente a las consecuencias de la Cuarentena, cuarentena que, recordemos, busca proteger la vida y salud de todos los ciudadanos, sólo se justificaba para evitar la destrucción del empleo existente en el mediano plazo.
Esos empleos o puestos de trabajo, una vez destruídas las Pymes, difícilmente se recuperarán, mientras que, en el caso de las grandes empresas, es posible que éstas reduzcan sus plantas, temporalmente, para pasar estos tiempos con mayor liquidez, pero que luego volverán a contratar.
En definitiva, en esos casos, no hay destrucción de empleos, sino que una suspensión temporal de la demanda de trabajo y, por tanto, no se justificaba aplicar la misma vara, pues se trata de una medida extrema.
Hasta ahí, dentro de la lógica de la razón, si bien, se trataba originalmente de una medida extrema, no pasó una semana y nos comenzamos a enterar que varias empresas IPSA estaban haciendo uso de la Ley. Y, frente a esa realidad, muchos empezamos a preguntarnos si, de antemano, el escenario se creó, precisamente, para que esas grandes empresas no vieran mermadas aún más sus utilidades y se aferraran al salvavidas que el Gobierno y los políticos del Congreso, les lanzaron cuidadosamente, sin que hubiera aspavientos de por medio, en un principio.
Pero, nos comenzamos a enterar que grandes empresas, por un lado hacían uso de la Ley para obtener mayor liquidez a costa de sus trabajadores,y, por otro, se daban el lujo de retirar la misma o mayor liquidez, mediante el reparto de dividendos a sus accionistas. Y leímos en los medios de prensa que el Presidente, Piñera, llamó a los empresarios a anteponer los empleos y la salud de los trabajadores por sobre la repartición de dividendos. Esto, claro, sólo después que nos enteramos de que Cencosud repartiría utilidades de 2019 a sus accionistas, teniendo entre su grupo, a empresas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo.
Recuerdo que advertí en la misma entrevista que menciono al comenzar esta columna, que parecía increíble que, con todo lo que demoró la tramitación de la Ley de Protección al Empleo, nadie (refiriéndome a los parlamentarios y a su séquito o grupo de asesores, como quiera usted denominarles), se haya percatado de esta incongruencia e injusticia. Me pregunto, ¿será solamente un error? ¿qué sentido tiene promover, ahora, una Ley para restringir a las empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo, si ésta no puede ser retroactiva? Las que ya tomaron el salvavidas del Gobierno y del Congreso, se salvaron y el eventual freno será para las que aún no deciden si aplicar la normativa o no.
Hace un par de días un connotado periodista destacaba ¨Perfectamente Legal¨ y no puedo, sino ratificar, que antes de pensar en cambiar el sistema neoliberal, tenemos que afrontar un problema mayor: en Chile, nunca se ha instaurado un modelo neoliberal para todos, en efecto, porque en un modelo neoliberal se entrega el funcionamiento de la economía al mercado y el Estado se abstiene de intervenir, es cruel, es la Ley de la selva, es cierto, pero es para todos.
En Chile, en cambio, en un país a medias tintas, de este supuesto “jaguar de Latinoamérica”, se nos aplica dicho modelo a la mayoría, pero no a la casta privilegiada que ostenta el poder económico y las influencias que, eso, permite.
A dicha casta, la que tiene el poder económico en sus manos, el Estado la ayuda, el Gobierno corre a protegerla, mal que mal, son sus amigos, sus parientes. No hay modelo neoliberal para solucionar los problemas de ellos, hay que entregarles los beneficios que su poder implica para la administración de turno en La Moneda, porque en la lógica del Gobierno, pareciera que es preferible que la ciudadanía se vuelque a las calles, que el estallido social reflote, antes de que el empresariado les dé la espalda y se convierta en un enemigo, conocido, pero enemigo y poderoso.
Lo que Chile tiene que afrontar antes que cualquier cosa es la corrupción, la colusión de lo público y lo privado, el nepotismo, el amiguismo. No existe modelo económico que funcione para bien de los ciudadanos, si en sus fundamentos, los privilegiados de siempre tienen permitido usar al Estado, con total desparpajo y de forma cínica, según sus mejores intereses y es, ahí, donde está uno de los pilares de la rabia del 18-O. Porque, ¿qué tanto entiende la calle de escuelas económicas?, si sufre sus resultados, pero lo principal, es que lo que la calle ve y observa, es una desigualdad que ampara el abuso sistemático y contumaz de una casta que, a fuerza de contubernios, se ha autoerigido por sobre el resto de la ciudadanía.
Primero, No+corrupción, luego veremos, entre todos, qué sistemas o modelos económicos mejor se ajustan a nuestras necesidades, para someterlos a la decisión de las mayorías”.
