Por: Daisy Castillo Triviños

El 26 de mayo. Con 35 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que limita la reelección sucesiva de senadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Sin embargo, los legisladores no le dieron luz verde a la idea de la retroactividad, que significa que sí se consideren los períodos que llevan en ejercicio, lo que, a muchos, les cerraría la puerta a sus pretensiones de seguir instalados en el Congreso por varios años más, haciendo de la política su profesión.

Lo que los parlamentarios, al parecer, no sabían o no recordaron es que la norma general, en materia de derecho público, es que estas normas rigen in actum, o sea, para todas las autoridades que, en ese momento, se encuentran en ejercicio. Lo concreto, en la práctica, es que con el texto que aprobó el Senado, ninguno de los senadores que tiene más de una reelección y los diputados, alcaldes y concejales que tienen más de dos reelecciones, pueden volver a postular el año 2021.

Esta situación lo que deja en evidencia es que algunos parlamentarios insisten en mantenerse en la nube que les permite el cargo que han mantenido por largo tiempo, por años. Incluso, muchos de nosotros hemos crecido viendo en el Congreso a algunos políticos que partieron siendo diputados, se mantuvieron ahí y, luego, saltaron a ser senadores y siguen sin moverse de sus puestos, sin tratarse de cupos vitalicios, aunque así pareciera que algunos lo asumen.

El abogado, Martín Vila, en entrevista con “Cápsula Informativa” advierte sobre el complejo y poco auspicioso panorama de la clase política chilena y de lo que se viene a mediano plazo, como es la interrogante si se realizará o no el Plebiscito en octubre, para votar a favor o en contra de una nueva Constitución y las sorpresas que, de repente, pueden aparecer.

Martín Vila, abogado.

En este sentido, Martín Vila plantea que “veo esta situación muy grave, porque, efectivamente, hay una negativa de un gran sector de la clase política a entender que estamos ante una situación tremendamente compleja y, tarde o temprano, cuando la estructura económica empiece a hacer agua, la única salida posible para el bienestar de Chile va a ser política y con el desprestigio que ya tienen, le suman este tipo de actitudes, no habrá ninguna posibilidad que sea creíble una salida política, a través de la actual clase política. Eso, significa una crisis institucional futura que se suma a la social que se inició en octubre de 2019, a la de salubridad que estamos viviendo, a la económica cuyos efectos ya se están sintiendo y que se va a profundizar, entonces, si le sumas una crisis de carácter política, el panorama es negativo”.

Agrega que “(los parlamentarios) no entienden en qué mundo estamos viviendo y no quieren soltar la administración del Estado. Encuentro grave esta situación, independientemente, de que coincido en que en derecho público las leyes rigen in actum y es aplicable a los actuales senadores en ejercicio, sin una norma en especial. No obstante, a falta de esa norma especial, el hecho de haber discutido si había retroactividad o no y haberla desechado, ya indica una postura que va a significar que el SERVEL, en su momento, cuando venga la inscripción de candidatos, va a tener que definir esto. Hay aprontes de la Contraloría General de la República, de otras instituciones y mucha historia, pero está claro que hay un interés que va a ser presión sobre el SERVEL para intentar permitir la inscripción de candidaturas de aquéllos que ya no pueden postular, si esta ley se aprueba”.

O sea, al final de cuentas, todo esto puede quedar en manos del SERVEL el determinar quién opta o no a la reelección. El problema es que el SERVEL es un órgano político, aunque varios lo nieguen.

-De aprobarse el texto como salió del Senado, queda en manos del SERVEL el hecho de definir si la candidatura que se inscribe es apta para poder ser postulante o no. El SERVEL va a recibir una tremenda presión de parte de aquellos que ya se han manifestado en contra de esta supuesta retroactividad de la ley, que no es tal la retroactividad.

Insisto, el haber introducido en la discusión si el tema era retroactivo o no, deja en cuestión fundamentos de derecho público que son bastante de consenso dentro del sistema y desecharlo, le pone más leña al fuego.

¿Esto, es un reflejo de que hay parlamentarios que no han entendido nada, que no quieren dejar de recibir los beneficios del Estado y tampoco comprenden el sentido del trabajo real en la política y no seguir sirviéndose de la actividad?

-Estamos hablando de personas, más que de sectores políticos. Estamos hablando de gente que llegó a la política, desconozco y no podría afirmar si con intereses personales o sociales, pero que, claramente, hoy día, están demostrando que priman sus intereses personales de vivir en una posición y un poder que va más allá de las remuneraciones.

¡Los caciques!

¿Cuánto podría cambiar este escenario si se logra el cambio de la Constitución?

-El cambio de Constitución que se vislumbra es una tendencia a limitar la autoridad presidencial y trasladarla hacia el Parlamento, lo que haría bastante más atractivo aún ser parlamentario. Creo que puede estar detrás también de todos estos intereses personales que se ven, pero la verdad es que en una nueva Constitución, lo primero que se debería hacer es limitar de plano la reelección indefinida. Si tenemos un sistema presidencial en el cual ni siquiera, en un período de cuatro años se puede repostular un Presidente (a) que lo ha hecho bien, me parece evidente que los parlamentarios tampoco puedan repostular más allá de un período.

Es muy fácil para un alcalde, para un parlamentario en ejercicio poder volver a ganar una elección, porque tiene todas las redes y tiene la maquinaria armada para ello, durante todo su período. Y los males que produce son mayúsculos, aunque sea un buen parlamentario, el daño que el sistema produce en ese contexto es mayor, porque se tienden a quedar apernados en el poder y terminan siendo caciques. Eso es grave, no permite que haya cambios, que la ciudadanía diga para dónde vamos y, al mismo tiempo, incentiva a los mismos parlamentarios a llegar a acuerdos transversales más cercanos a sus intereses personales que a los intereses de la ciudadanía.

Uno podría maliciosamente pensar que muchos hablan en público de la necesidad de un cambio constitucional para así mantener a su electorado cautivo, pero no dicen que ese cambio sólo lo apoyarían mientras no les afecte.

-Obvio. Hoy, en día, tenemos una clase política que está pensando en su propio interés y no en el interés de la ciudadanía. Quiero recordar que, por lo menos, a nivel de los diputados, siempre se ha hablado de la cámara de los representantes, porque, supuestamente, representan a la ciudadanía, no porque sean unos seres llenos de virtudes que llegan a salvarnos de algo, porque van a representar los intereses ajenos y no los propios.

¿En qué minuto se perdió la esencia de representar, efectivamente, al otro y no los intereses personales?

-Creo que ahí juega un rol la cultura, el sistema de incentivos económicos, el individualismo y también a nivel de la clase política, el tremendo poder que da el ocupar un escaño parlamentario. En algunos casos, en algunos senadores, sobre todo, es inmenso, no sé si compararlo con el poder del Presidente de la República, porque, efectivamente, estamos en una República Presidencial y es enorme, pero si actúan en conjunto, terminan siendo tan poderosos que pueden bloquear las iniciativas del Ejecutivo.

Y es lo que están haciendo…

-Es lo que se está haciendo hace muchos años, no sólo ahora. Ahora, es más evidente, más burdo, con menos estética, pero llevamos años en los cuales, cuando tienes la posibilidad de bloquear por motivos políticos, puedes entenderlo. Sin embargo, tenemos el ejemplo de la Ley de Pesca, donde quedaron en evidencia los intereses de personajes en forma transversal, de los dos grandes sectores de la política en Chile que votaron en forma conjunta, entonces, ¿qué es lo que te hace pensar que hay detrás de eso? La protección de intereses personales.

¡Plebiscito de octubre!: La gran incógnita

¿Cómo se logra cambiar el actual escenario si es que en octubre no se realiza el Plebiscito?

-Creo que el hecho de suspender, eventualmente, el Plesbiscito de octubre, sería dramático para el país.

¿Por qué?

-Porque el espectáculo que está dando la política va a corroborar lo que mucha gente sospecha: el Estado está capturado por un grupo de personas que, independientemente, al partido que dicen pertenecer, actúan para sus propios intereses y, eso, significa que la crisis social que vivimos en octubre de 2019, se va a transformar en un drama de todo el país y, eso, extrema las posiciones.

Así como la gente que reclamó en octubre, estaba muy molesta, ahora, no sólo va a estar molesta, sino que ahora, se va a sumar gente con hambre, por la crisis económica y, además, la gente que se siente asustada, también va a tomar medidas que nos llevan a una crisis institucional. La única forma de evitar eso, es que la política actúe, pero la política tiene que tener un respaldo en la ciudadanía.

Se puede pensar que, ante la eventualidad que no se lleve a cabo el Plebiscito de octubre, esa medida no obedezca a la crisis sanitaria, sino más bien para que el tema se dilate y, así, los beneficiados de siempre en la política, no pierdan.

-Tanto es así que ya hay voces que están hablando de por qué no llamar a una Comisión de Expertos en Derecho Constitucional para que se pongan de acuerdo y le planteen a la ciudadanía y al Congreso, un proyecto de Constitución. Recuerda que en materia de Reforma Constitucional, ésa es una de las múltiples fórmulas de hacerlo, pero lo que requería Chile, más que por tener una Constitución muy distinta a la de 1980, lo que se requería es que una Constitución y un cambio que venga de la ciudadanía.

La gente salió a la calle en octubre para reclamar por todas las injusticias y abusos que han sufrido por años, porque no se sienten parte de la representación que la política dice tener de ellos, entonces, si el ejercicio de este Poder Constituyente es más importante que lo que resulte como nueva Constitución es muy importante, pero lo que resulte va a estar sujeto a todos los vaivenes de la política, de votos más, de votos menos, de cómo llegamos a acuerdos, de cómo reconocemos las legítimas diferencias y, obviamente, no vamos a tener una Constitución ni socialista ni libre mercadista, vamos a tener una Constitución normal. El problema es cómo llegamos a ella.

Y si hubiera una Comisión de Expertos, por muy idóneos que puedan, eventualmente, ser sus integrantes, la participación ciudadana queda en nada, porque se les presentaría un bosquejo, un modelo listo y con la posibilidad de mínimos cambios.

-¿Quién le va a introducir las modificaciones, sino son los mismos parlamentarios en ejercicio que van a decir representar a la ciudadanía? Yo veo esto muy peligroso, lo veo como un juego posible, pero tremendamente peligroso y, eso, significaría, un quiebre político, no de sectores políticos institucionales, sino entre toda la institucionalidad política y un sector político sin estructura, pero tremendamente indignado con todo lo que está pasando.

Tomando en consideración con lo que ocurrió la semana pasada en el Senado en el tema de la limitación a la reelección, sabiendo que hay muchos parlamentarios que no quieren dejar de recibir beneficios de parte del Estado, ¿no debiera llamar la atención, entonces, que se arme un Comité de Expertos que entreguen listo el nuevo modelo de Constitución?

-No me sorprendería y tampoco me sorprendería que este proyecto estuviera escrito y, simplemente, se propusiera como la salida más económica, atendida la crisis económica, la crisis sanitaria y que digan: ¡es lo que podemos hacer! Por supuesto, bajo justificaciones tendenciosas.

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