Por: Daisy Castillo Triviños.

En teoría, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia propone una institucionalidad que tendrá como misión realizar diagnósticos, respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y procurar la reparación de estos mediante programas especializados. Eso, al menos en teoría, porque en la práctica,al final puede transformarse en una suerte de “elefante blanco” para la clase política y que sirva, por ejemplo, para instalar amigos en los cargos, dejando una vez más en la última fila a los menores.

El proyecto será discutido en una Comisión Mixta, ya que, hasta ahora, no hay consenso entre los parlamentarios y algunos consideran que la iniciativa no respondería a un avance estructural que establezca con claridad las garantías de derechos para los niños, niñas y adolescentes, mientras otros, están de acuerdo con echar a andar este nuevo Servicio, aunque, tal como está planteada la iniciativa gubernamental no significa cambios efectivos ni trascendentales.

Aspectos del proyecto

El proyecto, crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la super-vigilancia y fiscalización del Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social, e integrante del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Señala que las acciones del Servicio estarán orientadas a los niños y niñas (menores de 14 años) y a los adolescentes (menores de 18 y mayores de 14 años), incluyendo a sus familias. Las personas mayores de 18 años y menores de 24 seguirán siendo sujetos de atención del Servicio, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios.

Por otro lado, regula la organización del Servicio, disponiendo que su administración y dirección superior estará a cargo de un director nacional y contará con direcciones regionales en cada una de las regiones del país, quedando todas estas autoridades afectas al Sistema de Alta Dirección Pública.

En términos generales, las funciones principales dicen relación con el diseño de los programas de protección especializada a ser ejecutados directamente por el Servicio o a través de colaboradores acreditados, orientados a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; a la prevención de la re-victimización; a la reparación de las consecuencias provocadas por la vulneración de los mismos, incluyendo, el trabajo con sus familias o cuidadores; y a la preparación por la vida independiente de adolescentes acogidos en cuidados alternativos.

En la misma línea, se crea un Consejo de Expertos, conformado por cinco miembros especializados en las áreas ligadas a la niñez, el cual tendrá un carácter de asesor del Servicio en materia de protección.

Alicia del Bastopresidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del SENAME, en entrevista con “Cápsula Informativa”afirma que “nosotros estamos de acuerdo en que al SENAME hay que reestructurarlo, tiene que haber cambios. No creemos que porque se le cambie el nombre, va a ser algo distinto. Si uno lee y revisa el proyecto, vamos a seguir haciendo lo mismo”.

La dirigente plantea que “hemos manifestado desde un principio y siempre lo hemos dicho: si aquí, no hay un proyecto de protección integral a la infancia, un proyecto que asegure los derechos de los jóvenes, no hay ninguna posibilidad de que la calidad de atención del SENAME sea mejor, porque Salud (Ministerio) va a seguir negándose a su rol, educación (Ministerio) también, o sea, no hay ninguna posibilidad que obliguen a estas instituciones a que colaboren con el trabajo que tiene que hacer el SENAME”.

Alicia del Basto señala que “un proyecto de protección integral pone las bases sobre las políticas de infancia de un país y, eso, no está y, entonces, ¿qué va a hacer el SENAME? El SENAME va a seguir haciendo lo mismo. Sólo le van a cambiar el nombre, para decirle a la gente: ¡Saben, cumplimos, el SENAME murió, ya no hay más SENAME, hay otro Servicio que se llamará de forma distinta, pero vamos a seguir haciendo lo mismo!”.

Si ustedes temen que el SENAME continúe siendo lo mismo de siempre, ¿qué proponen para evitar que la situación que arrastra por años el Servicio Nacional de Menores no continúe?

-Primero que todo, tiene que haber una transformación profunda en el país, respecto a las políticas de infancia. El Gobierno se tiene que comprometer con políticas de infancia y aquí no tenemos ni un compromiso formal todavía. No hay un proyecto de protección integral, los niños del país no son sólo los niños del SENAME, el país tiene niños en todos sus espacios y en todas las clases sociales, como dicen algunos. Entonces, las políticas tienen que ser para todos y es la única forma en que vas a poder integrar a los niños, que han sido vulnerados en sus derechos, a la vida normal y real de todos los niños y niñas de Chile.

Cuando las políticas son parcializadas y focalizadas en un solo sector, tú no tienes ninguna posibilidad de que un niño nuestro vaya a un colegio como nuestros propios hijos, que tenga el derecho a la salud igual como lo tengo yo para mis hijos, para mis nietos. Ése es el tema de fondo con este proyecto focalizado para estos niños y no hay una política integral que aborde a todos los niños y jóvenes de Chile. Aquí, los niños van a seguir siendo estigmatizados, van a seguir siendo segregados con políticas que tienen que ver con entregar sólo subvención o plata para hacer algo con ellos.

En ninguna parte, se habla de un plan de prevención potente para mejorar el sistema. La clave tiene que ver con la prevención, invirtiendo recursos, ¿cómo se hace? En las familias, en los barrios, en las escuelas donde están los niños vulnerados.

¿Se puede pensar que se quiere levantar una suerte de “elefante blanco” para darle trabajo y beneficiar desde el Gobierno de turno a los amigos?

-Es complejo el tema. Hoy día, estamos hablando de la crisis del SENAME y las personas no quieren venir a trabajar al Servicio. Hay muchos concursos, hay mucho levantamiento de necesidades, se requieren reemplazos, se ha contratado gente y algunos están dos o tres días y se van. En el Congreso, legislan desde una realidad que no conocen y creen que, porque van a tener puros profesionales, los niños van a estar mejor y no es eso. La realidad que nosotros tenemos no apunta a si fui a la universidad y tengo una profesión, voy a ser el mejor profesional para atender a los chiquillos.

Este trabajo requiere mucha vocación y, en este último tiempo, ha sido muy difícil contratar gente para que llegue y tenga compromiso con los niños y jóvenes.

Esto de la politización del Servicio le hizo mucho daño a la institución. Hoy día, no está entrando gente políticamente al servicio, llega más gente que ha estudiado carreras del área social, pero que en la universidad nunca les dijeron la complejidad que tienen los niños nuestros. Por eso, te digo que legislan desde lo iluso, pensando que si van a tener más profesionales, el Servicio será, necesariamente, mejor. Eso, no es así. Hay gente que no tiene título profesional y trabaja con los chiquillos con tremendo éxito, porque tiene que ver con la intervención que se hace con los chicos, cómo se sienten acogidos, quién los escucha, quién atiende sus problemas.

Hay que preparar a la gente, aunque alguien tenga título profesional tiene que haber una escuela especializada en esta área, donde la gente se prepare antes de entrar a trabajar con los niños y jóvenes.

Estamos en una época compleja y con la pandemia ha sido más terrible y, gracias a Dios si es que no es por los profesionales comprometidos que tenemos, lo más probable es que todo esto hubiera sido un caos.

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