El aumento de la población penitenciaria y la presión por ampliar la capacidad carcelaria han instalado nuevamente el debate sobre cuánto le cuesta al Estado mantener a una persona privada de libertad y, especialmente, qué tan efectivo resulta ese gasto para reducir la reincidencia.
Para Pablo Galain, académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, esta discusión requiere ir más allá del número de personas que ingresan a prisión y preguntarse por los resultados que el sistema consigue una vez que una persona cumple su condena.
“¿Sabes lo que nos cuesta como ciudadanos bancar a un preso? Es un montón de plata de nuestros impuestos mal gastada”, sostuvo el académico durante una entrevista con el medio La Diaria de Uruguay, planteando que el gasto público asociado al sistema penitenciario debe evaluarse también desde su capacidad para cumplir con objetivos de rehabilitación y reinserción.
El punto central de su análisis está en la reincidencia. Galain advierte que, dependiendo de cómo se mida y del período considerado, esta puede alcanzar niveles cercanos al 60% o incluso al 70%. “Si en el 70% de los casos yo puedo tener personas que van a reincidir ¿Para qué los metí presos?”, cuestionó.
Para el investigador, esta pregunta obliga a revisar uno de los supuestos sobre los que se construyen las políticas criminales: que una mayor utilización de la prisión necesariamente se traduce en mejores resultados en materia de seguridad.
“Pensamos que eso mágicamente sigue siendo una fórmula”, señaló, al referirse a la utilización de la cárcel como respuesta predominante frente al delito. En su opinión, el sistema debería distinguir entre distintos perfiles y circunstancias, evitando aplicar una misma respuesta penal a todos los casos. “No todos los casos son iguales. Hay que ir caso a caso”, afirmó.
El costo de encarcelar y la efectividad de la pena
Galain plantea que la discusión sobre el sistema penitenciario no puede separarse de la pregunta por la finalidad de la pena. Si una persona permanece privada de libertad durante un determinado período, pero posteriormente vuelve a cometer delitos, el análisis de la política pública debería considerar no solo el cumplimiento de la condena, sino también qué ocurrió durante ese tiempo y qué herramientas recibió para evitar una nueva conducta delictiva.
En este sentido, el académico cuestiona que la respuesta frente al delito se concentre principalmente en el encarcelamiento. “Si ese fuera el objetivo principal, pongámosle las tobilleras, pongámosle pulsera, hagamos otro monitoreo”, planteó, aludiendo a la existencia de mecanismos de supervisión que pueden utilizarse en determinados casos sin recurrir necesariamente a la prisión.
El objetivo, explica, no sería eliminar la cárcel del sistema penal. Por el contrario, reconoce que existen personas respecto de las cuales la privación de libertad sigue siendo necesaria. “La cárcel todavía funciona para determinadas personas con las que la sociedad no quiere seguir conviviendo porque quizás esas mismas personas no quieren seguir conviviendo con nosotros”, sostuvo.
Alternativas para evitar nuevos delitos
En su análisis, Galain menciona experiencias internacionales que muestran modelos donde la prisión tiene un uso más acotado y existen mayores mecanismos de
supervisión fuera de los establecimientos penitenciarios, como ejemplo, menciona a Países Bajos, donde —según explica— se han implementado distintas medidas
alternativas que permiten reducir la utilización de las cárceles. También destaca el caso de Alemania: “El 90% de las penas son de multa. Entonces tienen cárceles para un 10% de delincuentes que tengo que tener en la cárcel”.
Más que replicar mecánicamente esos modelos, el académico plantea que estas experiencias permiten abrir una discusión sobre las herramientas disponibles para enfrentar el delito y sobre la necesidad de evaluar qué respuesta resulta más adecuada en cada caso.
“Hay libertad vigilada, hay mil formas de estar controlando a una población que ha cometido delitos mientras purga su pena, que no son meterlos en la cárcel”, explicó.
Esta perspectiva también incorpora una dimensión económica. Si el Estado destina recursos importantes a mantener a una persona privada de libertad, la pregunta, desde el punto de vista de la política pública, es si esa inversión está logrando reducir la probabilidad de que vuelva a delinquir o si existen mecanismos alternativos que podrían producir mejores resultados.
Trabajo, estudio y reinserción
Para Galain, una de las dificultades del modelo penitenciario consiste en que la prisión puede terminar interrumpiendo procesos de integración social que, en determinados casos, podrían ser precisamente factores protectores frente a la reincidencia.
“¿Por qué le tengo que hacer perder trabajo a personas que tenían trabajo?”, preguntó durante la entrevista.
El académico plantea que las políticas criminales deberían considerar elementos como el trabajo, el estudio, el deporte y otras herramientas desarrolladas durante el período de cumplimiento de una condena. A su juicio, estos componentes pueden contribuir a generar condiciones distintas para la vida posterior a la prisión.
En esa línea, también destaca el trabajo de organizaciones civiles que desarrollan actividades al interior de los recintos penitenciarios. “Disminuyen las violencias, crean comunidad, crean humanidad”, señaló al referirse a iniciativas que buscan generar espacios de formación y convivencia dentro de las cárceles.
La discusión, por tanto, no se limitaría a cuánto cuesta mantener a una persona privada de libertad, sino a qué resultados produce ese gasto y qué condicione genera el sistema para que, una vez cumplida la condena, esa persona no vuelva a delinquir.
Una discusión de política criminal
Desde la perspectiva del académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, abordar la seguridad pública requiere distinguir entre la función de la policía, orientada a la prevención, y la del Derecho Penal, que actúa una vez que se ha producido una afectación a un bien jurídico.
Esta distinción forma parte de una mirada más amplia con la que Galain aborda las políticas criminales: evitar respuestas uniformes y evaluar las consecuencias
concretas de las decisiones adoptadas.
“Yo analizo una realidad y pretendo que la política criminal responda a esa realidad”, afirmó hacia el final de la entrevista. En ese sentido, el debate sobre el costo de mantener a una persona en prisión no sería únicamente presupuestario. Para el investigador, también implica preguntarse qué tan eficaz es el sistema para cumplir sus objetivos, qué alternativas existen para determinados delitos y perfiles, y cuánto puede aportar una política centrada en la reinserción para disminuir la reincidencia.
La pregunta de fondo, plantea Galain, es si el éxito de una política penitenciaria debe medirse por cuántas personas ingresan a las cárceles o por su capacidad para generar mayor seguridad y reducir efectivamente los nuevos delitos.