Por: Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación UNAB.
Durante demasiado tiempo hemos repetido que el talento está en todas partes, mientras las oportunidades siguen teniendo domicilio. En Chile, el lugar donde se nace, la escuela en que se estudia o la historia educativa de una familia todavía pueden estrechar el horizonte de lo posible.
Frente a esa desigualdad, el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), creado en 2014, ha intentado construir un puente allí donde antes había distancia: acompaña desde tercero y cuarto medio a jóvenes de establecimientos de alta vulnerabilidad, fortalece habilidades y expectativas y los acerca tempranamente al mundo de la educación superior, porque antes de ingresar a una universidad hay algo todavía más profundo: atreverse a imaginar que ese lugar también puede pertenecernos.
Doce años después, los antecedentes presentados por el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) merecen atención. El PACE está
presente en 638 establecimientos de todas las regiones, con un Índice de Vulnerabilidad Escolar promedio de 89,8%, y durante 2025 acompañó aproximadamente a 122 mil estudiantes. El 81,1% de quienes fueron habilitados accedió inmediatamente a la educación superior, frente al 47,4% del promedio nacional. Una vez dentro, su retención de primer año alcanzó el 84%, prácticamente igual al 84,5% de la población universitaria general. Además, la cohorte que ingresó en 2016 alcanzó un 52,4% de titulación al octavo año (CRUCH, 2026).
Detrás de cada porcentaje existe una historia que las estadísticas apenas alcanzan a contar. La OCDE advierte que en Chile el 68% de los jóvenes con, al menos, un padre o madre con educación superior alcanza también ese nivel, mientras la cifra cae al 25% cuando sus progenitores no completaron la enseñanza media (OCDE, 2025).
La UNESCO, por su parte, ha analizado el PACE como una experiencia orientada a favorecer el acceso, permanencia y titulación de estudiantes en riesgo de exclusión educativa (UNESCO, 2025). El talento, entonces, puede estar democráticamente distribuido: las oportunidades todavía no. Por eso, sería un error enfrentar el PACE con la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).
La PAES evalúa competencias para participar del sistema de admisión. El PACE intenta actuar mucho antes, allí donde comienzan a construirse o a derrumbarse las expectativas educativas. Acercar la universidad a un joven de tercero medio no consiste únicamente en enseñarle técnicas de estudio. Significa permitirle recorrer sus pasillos antes de matricularse, conocer sus códigos, reconocerse capaz y comenzar a pronunciar una frase que puede cambiar una trayectoria: “yo también puedo estar aquí”.
Reconocer estos resultados tampoco significa convertir al PACE en una política intocable. Toda política pública debe ser evaluada, cuestionada y perfeccionada. La educación no necesita programas protegidos de la evidencia; necesita políticas fortalecidas por ella. Después de doce años de implementación, los antecedentes
disponibles obligan a formular una pregunta incómoda: ¿puede una política orientada a reducir desigualdades educativas continuar dependiendo de la incertidumbre presupuestaria?
El llamado del CRUCH a asegurar su continuidad y avanzar hacia una mayor institucionalización merece, por ello, una discusión que vaya mucho más allá del
próximo presupuesto (CRUCH, 2026).
Quizás el mayor aporte del PACE no esté solamente en quienes ya cruzaron la puerta de una universidad y obtuvieron un título. También vive en aquella joven o aquel joven que, sentado en una sala de tercero medio donde la educación superior parecía pertenecer a otros, comenzó a imaginar un futuro diferente. Educar es precisamente ensanchar ese horizonte.
Chile puede seguir midiendo cuántos estudiantes llegan a la universidad; el desafío más profundo es preguntarnos cuántos alguna vez creyeron que podían llegar. El origen puede explicar dónde comienza una historia, pero una educación verdaderamente justa jamás debería permitir que decida dónde termina.