Informe ONU sobre Venezuela: ¿una contribución a la post verdad?

Elisa Neumann. Dra@ Ciencias Políticas y Sociales en América Latina. Intervenciones psicosociales con afectados por violaciones a los derechos humanos (1983 a la fecha).

“Desde que se emitiera el informe acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela, las críticas en contra del régimen bolivariano se han intensificado, abarcando a un amplio espectro político. A las diatribas de la derecha, lo que era esperable, se han sumado los “partidos de izquierda”. Todo ellos calificaron el informe como macizo, claro, contundente e irrefutable.

No son pocos los que insisten con particular vehemencia en  que el Presidente, Maduro abandone el poder y permita elecciones libres a la brevedad. Tal vez, la única excepción ha sido el PC quien, tímidamente, señaló la necesidad de que se aclare lo que pudiera entenderse como incongruencias y  contradicciones, lo cual podría ser indicativo de falta de parcialidad.  A su vez, expresó sus reparos por no considerar la violencia de la oposición y sus reiterados llamados a Golpe de Estado.

Lo que tienen en común todas estas reacciones, es que el proceso de examen de la situación de derechos humanos en Venezuela, se da por finiquitada. Olvidan que para que se zanje, definitivamente, la interrogante acerca de si existen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el informe debe ser primero aprobado por el Consejo de Derechos Humanos y ratificado, posteriormente, en la Asamblea General de Derechos Humanos de la ONU, que funciona en septiembre. Todo tiende a indicar que el informe está siendo empleado para presionar una pronta salida del Presidente Maduro y, al mismo tiempo, volver a colocar a Guaidó como la única salida posible al grave conflicto político-institucional por el que atraviesa Venezuela.

Las objeciones del Estado de Venezuela al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, no dejan de estar sólidamente fundadas. Una de sus principales falencias es que se basa en testimonios de personas, la mayoría de las cuales (82%) residían en el exterior. Por otra parte, si bien tomó contacto con diversas ONG´s, al momento de redactarlo, consideró sólo los datos aportados por aquellas que forman parte del movimiento opositor al gobierno bolivariano, cuyo financiamiento proviene directa e indirectamente del Estado Norteamericano.

Cabe señalar, que Estados Unidos viene insistiendo desde que asumiera Chávez, que la apuesta por el Socialismo del SXXI es una seria amenaza para la democracia. Razón por la cual, ha desplegado una ofensiva mediática, económica y política a objeto de desestabilizar al gobierno, no descartando el uso de la intervención militar.

En este contexto, asisten dudas razonables si este informe no será una excusa que justifique dicha invasión. Se volvería a repetir historias ya vividas. La invasión de la OTAN a Libia se justificó con argumentos similares. Lo mismo ocurrió con la condena de Naciones Unidas en contra de Irak, por la tenencia de armas nucleares. Ni mencionar lo ocurrido con Afganistán. Todos países que, actualmente, se debaten entre la violencia y la miseria.

El informe sostiene, en base a los datos entregados por la ONG Foro Penal Venezolano al 31 de mayo del 2019, que 793 personas permanecerían detenidas por haber participado en manifestaciones. A su vez, señala que “el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”. Según el ACNUDH, habría recabado información detallada de 135 personas privadas, arbitrariamente, de libertad, siendo la mayoría de ellas torturadas.

Sin embargo, omite la información acerca de que el Ministerio Público sustancia 72 causas por presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de 174 personas detenidas  en el curso de manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019.

Por tanto, el Estado Venezolano no niega la existencia de estas graves violaciones. Por el contrario, las sanciona e investiga. No podemos decir lo mismo del caso chileno. La dictadura negó sistemáticamente la tortura. En el marco de la transición estos hechos sólo fueron objeto de una Comisión ad-hoc, como resultado de la detención de Pinochet en Londres y la lucha incansable de los ex presos políticos.

Sus testimonios, que permitirían esclarecer casos de desaparición forzada y enjuiciar a los violadores a los derechos humanos, son mantenidos en secreto y los jueces que investigan dichas  causas no pueden acceder a ellos.

En algo tienen razón quienes rasgan vestiduras y señalan que no es comparable el caso chileno al venezolano. Existe una enorme distancia en ambas realidades: en Chile, el acceso a la justicia ha sido posible por la acción del movimiento de derechos humanos, la colaboración del Estado ha sido más bien escasa.

A pesar de lo anterior, en el informe se afirma que: “La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada”. Más aún, postula que el Estado se ha limitado a entregar compensaciones monetarias a las víctimas, lo cual podría ser leído como un intento de comprar su silencio. Con ello, desconoce que la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública no se limita a la entrega de compensaciones monetarias, sino que incluye acompañamiento jurídico, atención psicoterapéutica, atención en salud y medidas de protección social.

El informe sostiene, reiteradamente, que el gobierno venezolano desplegaría una ofensiva mediática que busca criminalizar la oposición. A su vez, insiste en la persecución y represión de la disidencia. Inscribe en este marco, la suspensión de la inmunidad parlamentaria a 22 diputados, entre ellos, al Presidente de la Asamblea Nacional, acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación. Cabe preguntarse, de qué otro modo se podría calificar los reiterados llamados a las Fuerzas Armadas para que desconozcan a un presidente elegido democráticamente, así como las sucesivas peticiones a la intervención militar extranjera. Más aún, en el curso del fallido intento de golpe de Estado, pudo verse a Juan  Guaidó y Leopoldo López, apostados en la vía pública con armas de guerra de grueso calibre que apuntaban hacia población civil indefensa. 

SECTORES GOLPISTAS DE OPOSICIÓN

Tampoco se hace mención a la información entregada por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social(Fundalatin), la cual documentó 123 casos de linchamientos y asesinatos ejecutados por seguidores de Leopoldo López, Henrique Capriles, Juan Guaidó y otros actores políticos que, hoy, promueven la violencia desde la Asamblea Nacional.  Su directora, señaló que Bachelet se entrevistó con la madre de Orlando Figuera, quien fue linchado y quemado vivo y también escuchó al padre de Elvis Durán, degollado por sectores antigubernamentales, casos que no fueron considerados en el informe. Y, con ello, se invisibilizan las acciones crueles y violentas desplegadas por los sectores golpistas de la oposición venezolana.

Finalmente, el informe describe extensamente la “crisis humanitaria” que afectaría a Venezuela. Existiría una aguda escasez de alimentos, elevados índices de desnutrición infantil, deplorable condición en los hospitales, falta de suministros médicos y personal de salud. Todo lo cual, sería resultado de la deficiente administración del Estado, cuyos problemas se habrían agravado con el bloqueo unilateral de Estados Unidos a partir del 29 de agosto de 2017. 

Cabe señalar, que a partir de estas medidas unilaterales se han retenido 5.470 millones de dólares en diversas instituciones bancarias del mundo. Y esto, ha afectado la compra de medicamentos y alimentos. Se calcula que cerca de 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas, las que hacían un total de 39 millones de dólares para la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos.  Ante este panorama, surgen legítimas dudas acerca de la rigurosidad y validez del informe, que minimiza ciertos hechos, distorsiona otros y presentan como verdaderas acusaciones infundadas.

Es de esperar que los procesos de diálogo en Oslo prosperen, evitando así la intervneción norteamericana, cuyas acciones sólo han sembrado pobreza y violencia en el mundo”.