El escándalo del Caso Kimün, una arista dentro del denominado “Caso Convenios” salió a la luz pública a fines de junio y principios de julio de 2023, cuando se reveló el traspaso de $1.200 millones de fondos públicos desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos, en ese entonces bajo la gestión de Patricio Vallespín (entre 2021 y 2025), quien ejerció como gobernador regional de Los Lagos.
A raíz del Caso Convenios y sus ramificaciones en distintas regiones del país, se instaló la presunción de que las fundaciones y corporaciones se habían convertido en botines políticos, frente a una ciudadanía que percibía un aprovechamiento transversal de los fondos públicos. Una de los personajes de esta trama que concentró las miradas fue Diego Ancalao, profesor de educación física, ex candidato presidencial y reconocida figura de la comunidad Mapuche.
Diego Ancalao, quien fue el primer detenido del Caso Convenios, en la arista Kimün, rompe el silencio y apunta directamente al tráfico de influencias por parte del senador, Fidel Espinoza, del ex gobernador, Patricio Vallespín y de los fiscales ligados a la causa y que filtraron antecedentes. La idea, dice Ancalao, era buscar un “chivo expiatorio” para que no se conociera de los dineros que movía Vallespín y de la llegada a cargos de poder de cercanos al senador, Espinoza y para desviar la atención, entonces, los dardos apuntaron a la Corporación Kimün para que fuera investigada y salvar a la Fundación Chinquihue, detrás de la cual estaba Vallespín.
Usted cumplió más de un año y medio en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Alto Bonito, siendo el primer detenido del Caso Convenios. Otros involucrados de alto perfil han enfrentado el proceso en libertad. ¿Qué piensa al respecto?
-Yo fui sometido a prisión preventiva de manera inmoral, de manera ilegal, sin pruebas. Fui formalizado por ocho cargos, ocho delitos, de los cuales la Fiscalía no tenía ninguna sola prueba. El Ministerio Público, mientras me sometía a prisión preventiva, sus fiscales filtraban información secreta de la carpeta directamente a Patricio Vallespín, a Fidel Espinoza y a todo ese círculo de políticos que intentaba utilizarme como escudo para proteger sus acciones. Además de eso, la prisión preventiva fue sostenida como un método de coerción para presionarme, me ofrecían juicio abreviado para que aceptara los delitos y, de esa manera, se pudieran limpiar todos los pecados de los verdaderos responsables.
Y por supuesto que hay una desigualdad procesal y una desigualdad ante la ley, porque la prisión preventiva se sostuvo bajo el argumento de que yo, por mi condición de mapuche, me podía fugar de una comunidad a otra y por mis especiales relaciones con el movimiento mapuche. Esa fue la argumentación del fiscal, de la fiscalía regional, que aceptaron los jueces en el tribunal. Eso, en ninguna parte del ordenamiento jurídico ni nacional ni internacional, tu condición indígena o étnica es un agravante.
Hoy, la acusación del Ministerio Público es por un solo delito de lavado de activo y piden una pena de cuatro años, de los cuales estuve dos años en prisión preventiva, más el arresto domiciliario, de tal manera que, en términos procesales, jamás se sustentó la prisión preventiva. La utilizaron mediante una campaña comunicacional orquestada por Fidel Espinoza y Patricio Vallespín para que pudieran hacer gala de su poder y utilizar la prensa para levantar su perfil político, porque tenían intenciones presidenciales en aquella época.
El Gobierno Regional de Los Lagos, bajo la administración de Patricio Vallespín, aprobó la transferencia de $1.200 millones otorgados por el GORE de Los Lagos a la Corporación Kimün. Además, Vallespín traspasó $1.628 millones a la Fundación Chinquihue, organización orientada a la pesca artesanal que él mismo presidía. A su juicio, ¿el ex gobernador Vallespín tiene responsabilidad política y administrativa directa en la entrega de estos fondos fiscales?
-Efectivamente, el gobernador es el presidente de la Fundación Chinquihue, en la cual en los mensajes que nosotros con mi defensa mostramos durante mi declaración y que confirmó la ex administradora, Viviana Godoy, él mediante acuerdos con la fiscalía logró que no investigaran a la Fundación Chinquihue, que es la que realmente se está investigando y, en eso, decidieron perseguir a la Corporación Kimün y salvar a Chinquihue.
¿Y por qué no investigar a Chinquihue?
-Porque ahí nunca se rindió cuenta, nunca se supo qué pasó con esos dineros ($1.628 millones). La responsabilidad no solamente es administrativa, porque hay WhatsApp que dan cuenta de reuniones privadas, reuniones secretas, fuera del horario de oficina, donde se juntaba el entonces fiscal, Marcello Sambucetti, la entonces fiscal y esposa de Sambucetti, Lorena Meza, (hija del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jaime Meza). Ese detalle podría explicar por qué rechazaban mi libertad antes del debate. También participaban Fidel Espinoza y Patricio Vallespín.
PRESIONES INDEBIDAS
Se ha filtrado que la ex administradora del Gobierno Regional de Los Lagos, Viviana Godoy, ha manifestado que existe una eventual “Operación Kimün”, con reuniones del ex gobernador Patricio Vallespín con el senador Fidel Espinoza el 6 de julio de 2023. En audiencia se mostraron pantallazos de una conversación que Godoy le envía a Vallespín -17 de julio 2023 a las 16 horas-, donde se puede leer: “Fidel senador: Viviana, te adelanto que la Fiscalía va a lograr determinar que, hubo tráfico de influencias”. ¿Cuáles, a su juicio, podrían ser las motivaciones de estas conversaciones?, ¿era para advertir que algo había que hacer para que no se llegara a la Fundación Chinquihue?
– El proteger a políticos de Los Lagos involucrados en la obtención de fondos públicos del Gobierno regional para actividades políticas de campaña (hay un consejero regional que ahora es alcalde). También para proteger a Vallespín para que el Ministerio Público no persiguiera a la Fundación Chinquihue que presidía y protegerlo, porque financiaba con fondos públicos la Fundación Eurochile en la que trabaja su hijo.
Ellos utilizaban su poder con la fiscal regional para que les filtrara antecedentes de una investigación secreta.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Diego Ancalao asegura que el senador, Fidel Espinoza influyó para que la fiscalía decidiera no investigar a la Fundación Chinquihue. Esta “defensa corporativa” del poder político local, “en contraste con la prisión preventiva de 18 meses que pasé y sin pruebas, constituye una violación a la igualdad ante la ley”.
Ancalao ha denunciado, en el marco de las audiencias, que Fidel Espinoza realizó llamadas telefónicas para exigir que fuera removido de su cargo técnico de coordinación de la Fundación Kimün, bajo el argumento de que “no era una persona honorable”, interfiriendo ilegalmente en la ejecución administrativa de un convenio público.
El ex candidato presidencial plantea que, en el marco de sus declaraciones, dio cuenta de que Fidel Espinoza manejaba información de la carpeta investigativa antes de que la propia defensa tuviera acceso a ella. A modo de ejemplo, ha mostrado en el marco de la investigación y en audiencia, mensajes donde el senador adelantaba que la Fiscalía “va a lograr determinar que hubo tráfico de influencias” en otras fundaciones, lo que evidencia, dice, una violación de secreto y una colusión con el ente persecutor.
Ancalao ha indicado que la irregularidad radica en que se habría acordado “parar eso”, evitar que se hablara de tráfico de influencias, focalizando la persecución exclusivamente en él, evitando investigar financiamientos a familiares de Rodrigo Wainraihgt (alcalde de Puerto Montt) en otras entidades.
Asimismo, denunció, basado en el Informe Policial 1649 (anexo 2), que el senador Espinoza, junto al ex gobernador Patricio Vallespín y fiscales identificados como M1 y M2, coordinaron una “operación comunicacional” para sindicarlo como el único responsable del caso. El objetivo era crear un “chivo expiatorio” para proteger intereses políticos superiores.
¿Quiénes debieran estar sentados en el banquillo de los acusados?
-Los que deberían estar en el banquillo de los acusados es el senador, Fidel Espinoza, el ex gobernador, Patricio Vallespín y los fiscales que filtraron información reservada.
A su juicio, ¿qué hay detrás de toda esta trama?
-Habría abuso de poder, porque el senador actúa fuera del ámbito de su competencia que determina el ordenamiento jurídico. No le compete manipular al poder persecutor que debería ser independiente, no manipular al tribunal de garantía ni al gobierno regional.