¡Gendarmería caja chica pagadora de favores!: Con cuarto medio, madre de diputada Flores encargada de remisión condicional de penas
Por: Daisy Castillo Triviños
Hace una semana que, en Chile, se hizo manifiesto el estadillo social, de una gran parte de la ciudadanía que no es de élite y que, por años se han sentido y visto marginados, fuera de “privilegios” de los que, por ejemplo, admitió que goza la Primera Dama, Cecilia Morel, en una conversación por teléfono que se filtró.
La desigualdad es una tónica que caracteriza a este país, que el ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo calificó como “jaguar” de Latinoamérica, de esa idea del ex Mandatario, hay bien poco, para ser honestos y, por algo, las calles de Santiago y de regiones se han repletado de ciudadanos cansados y que dijeron ¡basta a los abusos!, lo que ha dado vuelta al mundo, a través de los medios de comunicación internacionales.
Y, una de las situaciones que agota, unido a las alzas en las tarifas de transporte –ahora, forzadamente paralizadas-, precariedad en salud, en materia de vivienda y en pensiones, sólo por mencionar algunos ejemplos, es el llamado “pituto”, la llegada a cargos en el servicio público no por formación, estudios ni preparación, sino, simplemente, por ser “cercano” o “amigo de la autoridad de turno” que, muy de turno sea, le garantiza, al menos, cuatro años de trabajo estable y bien remunerado.
A propósito de esta realidad, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores (abogada de la Universidad Andrés Bello), protagonizó un show en la Cámara de Diputados, quitándole de las manos, a la diputada, Pamela Jiles (del Frente Amplio) un papel con una imagen de personas víctimas de apremios ilegítimos en el marco de este estadillo social. La parlamentaria, considera por la izquierda como “Pinochetista”, lo cierto es que, en este primer período en la Cámara Baja, no figura ni se destaca por sus ideas, ni menos por propuestas de ley que apoyen y vayan en mejoría de la sociedad.
Es, simplemente, una parlamentaria más, frente a la que uno se pregunta, ¿cómo es posible tener este nivel de parlamentarios? Esta, ahora funcionaria pública, quien se maneja en política con el poder, fue jefa de Gabinete del ex cuestionado director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, hoy, director de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), entidad que no aparece, que, en medio de la actual crisis, guarda silencio. ¡Ganar un buen sueldo, sin decir nada, sin “quemarse”, tranquilito cuidando su cargo!
Camila Flores se ha hecho conocida por frases como: “Pinochet salvó la patria” y “Bolsonaro piensa lo mismo que yo y muchos chilenos”. Y, además, dijo: “La Brigada Ramona Parra (grupo de artistas que destacaron por sus murales) era “un grupos extremista” que asesinó personas en la Unidad Popular. Y, otra de sus palabras para el anecdotario: “Mejor terminar con el Instituto Nacional, lo que yo haría en ese caso, yo haría correccionales, donde enviaría a estos delincuentes para que aprendan de orden y respeto”.
No se puede dejar al margen, una nefasta declaración, sin argumento alguno, como quien dice algo al aire, sin evaluar ni medir las repercusiones. «Víctor Jara mataba gente con su guitarra».
Pero, hablemos, mejor de la madre de la diputada Flores: Verónica Oporto González, quien con sólo cuarto medio (científico-humanista), ostenta un significativo cargo en Gendarmería. Es la encargada de Remisión Condicional de la Pena de los internos que están bajo vigilancia y custodia estricta por parte de Gendarmería, con una remuneración bruta de $1.108.711, cargo que asumió el 1 de enero de 2019.
Frente a eso, es válido preguntarse, ¿cuántos compatriotas que han estudiado, han realizado estudios extras de perfeccionamiento, no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo y ganar un millón de pesos, que no es poco?, ¿y cuántos profesionales ilustrados cesantes, porque no tienen un “pituto” político, no militan en ningún partido, están diario enviando sus antecedentes a cuanta oferta laboral existe? ¡Usted, juzgue lo que ha sido Chile!
Manuel Catalán, presidente de la Asociación Provincial de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP Santiago), en conversación con “Cápsula Informativa” señala, a raíz de esta nueva denuncia, que “llama la atención que con sólo cuarto medio, esté a cargo de la remisión condicional de las penas de los internos de las cárceles. Estamos en presencia de nepotismo, de que ciertos diputados ligados al actual Gobierno, mantienen trabajando a familiares al interior de Gendarmería, transformándose la institución en la caja chica pagadora de favores políticos. Todo esto, bajo el amparo del actual director de Gendarmería, Christian Alveal”.
Catalán advierte que “este tipo de prácticas de “pituto” en el servicio público, influye a tal nivel que, a la hora de tomar decisiones, respecto de una institución que tiene funcionarios e internos a cargo, resulta grave que incurran en errores, como dar beneficios de libertades condicionales que no corresponden y que sólo están atribuidas a razones políticas”.
Añade que “muchas veces, llegan al Gabinete de Gendarmería, los sumarios administrativos, donde está en juego la fuente laboral del funcionario penitenciario, porque hay que tomar decisiones y éstas pasan por los asesores que trabajan con el director nacional, o con la autoridad de turno, las que no tienen la experiencia suficiente para tomar una determinación y, por lo mismo, se cometen anomalías, dado que estos empleados, en su mayoría, salen de la universidad a trabajar a puestos complejos, altamente, sensibles, mientras otros no han trabajo nunca en una Unidad Penal”.
-¿Por qué es tan delicado que esta funcionaria, Verónica Oporto, con sólo cuarto medio esté a cargo de la remisión condicional de la pena?, ¿cuál es el riesgo ni no está capacitada?
Porque, podría haber una mala aplicación del cumplimiento de la Ley Nº 18.216 –ésta última modificada por la Ley Nº. 20.603 que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, publicada el 27 de junio de 2012-. Esta norma es la que regula la remisión condicional como suspensión del cumplimiento de una pena o condición de que el sujeto condenado no vuelva a delinquir y cumpla una serie de requisitos. El que no se cuente con una persona profesional y que no haya tenido contacto y trabajo directo con la población penal y que sea de su responsabilidad, dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio Público, en relación a que un reo quede firmando una vez al mes en una dependencia de un Centro de Reinserción Social (CRS), implica, que muchas veces, el comportamiento de ese interno no se ajuste a lo acordado y quebrantando el beneficio, lo que se da si el recluso no concurre en tres oportunidades a firmar, igual puede ser premiado con sólo ir a firmar una vez al mes, en una dependencia administrada por Gendarmería de Chile.
-¿En función de qué se basa toda esta reglamentación?
Hay que partir explicando que todas las firmas de los penados que son beneficiados con la resimisión condicional de la pena, quedan registradas en un libro, denominado Nº 409. Esta situación se basa en el Decreto Ley Nº 409 del 18 de agosto de 1932, que establece normas relativas a reos y que, de conformidad al Artículo 1º, toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, por Decreto Supremo, de carácter confidencial, a que se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos, y se le indulten todas las penas accesorias a las que estuviere condenado.
A juicio de Manuel Catalán, “la remisión condicional de la pena pasó a hacer remisión condicional; la reclusión nocturna se contempla, ahora, en la reclusión parcial, la libertad vigilada se divida en libertad vigilada y en libertad vigilada intensiva, y se incluyen dos penas nuevas: expulsión y prestación de servicios en beneficio de la comunidad (modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.603 a la Ley Nº 18.216, es decir, ya no se trata de medidas alternativas, sino de penas sustitutivas a las penas privativas de libertad).
