Ante veto a proyecto de tutela laboral: Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur llaman a no dar luz verde

Por: Equipo “Cápsula Informativa”

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (AFFREMSUR), llamó al Ejecutivo a no insistir en el veto al proyecto de tutela laboral, considerando que “se trata de una materia altamente sensible para los funcionarios públicos y, en especial, para los organismos como el Ministerio Público que no cuenta con fiscalización laboral externa”.

Paulina Ruiz, presidenta de AFFREMSUR, señala que “de aprobarse este veto, nos dejarían en un estado de indefensión absoluto, toda vez que los conflictos laborales de mayor envergadura se están resolviendo, en este minuto, precisamente, en los tribunales laborales”.

Llamado al Ejecutivo para no aplicar el veto

La dirigente plantea: “Hacemos un llamado al Presidente, Sebastián Piñera, para que considere este tipo de situaciones, porque de darse luz verde a este veto, se generará un perjuicio para los trabajadores públicos y, en especial, a aquellos que no son fiscalizados por la Contraloría General de la república, ni ningún organismo externo como ocurre en el Ministerio Público”.

La situación en el Ministerio Público

Paulina Ruiz, afirma que “las sentencias laborales dan muestra de despidos injustificados, de maltratos y acoso dentro del Ministerio Público, situaciones que han ocurrido durante los años en que existe la institución y es una falencia histórica. Durante las distintas administraciones ha habido vulneraciones contra los trabajadores y que se ven acentuadas por la falta de fiscalización externa”.

Agrega que “nos estarían, con este veto, bloqueando una vía de defensa de los derechos fundamentales de nuestros trabajadores”.

Lo que establece el proyecto

Hay que recordar que el proyecto de tutela laboral permite recurrir a la justicia en caso de que un trabajador vea afectado alguno de sus derechos fundamentales. Y establece que “el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la administración pública, del Congreso, del Poder Judicial; de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría y del Banco Central”.