El primer imputado en el marco del Caso Convenios y quien permaneció dos años en prisión preventiva, afirma que gestión de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer actúa funcionalmente como vocera defendiendo intereses políticos para encubrir responsabilidades de otros actores involucrados en la red de fundaciones.
Diego Ancalao, figura política y reconocido dirigente mapuche, fue uno de los rostros emblemáticos y el primer privado de libertad, en el marco del denominado Caso Convenios, en la arista Kimün. Estuvo 18 meses privado de libertad y hasta hoy rechaza las imputaciones en su contra, declarando su inocencia y cuestionando las decisiones y el criterio de la persecución penal en la Región de Los Lagos.
En entrevista con Cápsula Informativa reitera su inocencia y abre un abanico de cuestionamientos hacia el rol que ha desempeñado el Ministerio Público en Los Lagos y algunos actores políticos e influyentes de la misma zona y que, a su juicio, sólo quieren verlo caer, para evitar que la justicia haga, efectivamente su trabajo, y persiga a los responsables de toda una operación orquestada, sumamente organizada para ir en su contra.
Usted acusa a la fiscal, Carmen Gloria Wittwer de armar una persecución política y usarlo como ‘chivo expiatorio’ por su rol público, su condición política y étnica, pero la Fiscalía no trabaja con discursos, sino con cartolas bancarias. ¿Cómo explica a las comunidades vulnerables de la región que los más de 1.200 millones de pesos públicos destinados a la regularización de tierras, terminaron sirviendo para la adquisición del IP Los Lagos, institución donde usted pasó a tener el control? ¿No resulta conveniente calificar de ‘persecución’ lo que, en la práctica, es simplemente seguir la ruta del dinero?
-La acusación que se me formula carece de sustento jurídico y se enmarca en un sistema punitivo que está proscrito en Chile desde la dictadura y que se conoce como derecho penal de autor.
Hablamos de una pena que se fundamenta en quién es el individuo, su personalidad, sus características sicológicas, su ideología o su supuesta “peligrosidad social”.
-En mi caso, se me persigue no por hechos concretos, sino por mi condición política y étnica. En consecuencia, la Fiscalía ha construido un relato ocultando pruebas exculpatorias y manipulando a la opinión pública, en abierta transgresión al principio de objetividad que rige su actuar.
Un ejemplo claro de la manipulación de antecedentes es la omisión deliberada del comprobante del depósito de $33 millones realizado por el presidente de la Corporación Kimün, Jaime Huincahue, en el Banco BCI. Dicho depósito fue confesado ante el fiscal regional el 10 de agosto de 2023, apenas cinco días después de que se me impusiera la prisión preventiva. Esta prueba, sumada al certificado laboral emitido por la propia ministra de Bienes Nacionales el 8 de agosto de 2023 —que acredita mi experiencia de más de cuatro años en el saneamiento de propiedades raíz a nivel central—, ha sido ocultada hasta hoy. Ambas evidencias demuestran fehacientemente que mi labor fue lícita y remunerada conforme a derecho.
Si la Fiscalía realmente hubiese seguido la ruta del dinero, habría constatado lo que establecen los peritajes N°117 de la Brigada de Lavado de Activos de la Región Metropolitana y los peritajes 03:2024 y 12:2024 de la Brigada de Delitos Económicos de Los Lagos: ningún peso ingresó a mis cuentas personales. Por tanto, jamás he cometido lavado de activos, delito por el cual se me persigue.
Se ha planteado que su participación en esta arista del Caso Convenios se relaciona con el uso y desvío de parte de los $1.200 millones de pesos transferidos de forma irregular desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a la Fundación Kimün, a través de operaciones comerciales y de traspaso de propiedades de instituciones educativas (como el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Los Lagos). ¿Qué responde a esa acusación?
-Lo primero es que nunca recibí los $1.200 millones de pesos que se mencionan en la causa. Esos fondos ingresaron a la Corporación Kimün, presidida por Jaime Huincahue, entidad a la cual jamás pertenecí.
La confusión proviene de una falacia instalada por el senador, Fidel Espinoza y replicada por la fiscalía regional, sindicándome falsamente como dueño de dicha corporación. En segundo lugar, jamás se perfeccionó la adquisición del Instituto Profesional ni del Centro de Formación Técnica Los Lagos. No hubo acto jurídico válido ni transferencia de recursos. Aun así, se me atribuye el control de una institución que nunca administré, lo que confirma el carácter político y arbitrario de esta persecución.
A propósito del senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza —quien se hizo parte querellante en la causa de manera particular—, interpuso acciones legales directas en contra de usted por ilícitos vinculados al fraude, estafa, lavado de activos y posibles delitos de corrupción o cohecho.
-Hay aquí una operación política sesgada, que utiliza el poder del Estado para proteger intereses privados de ciertos grupos de la Región de Los Lagos. Si se hubiese seguido la verdadera ruta del dinero, los responsables estarían hoy formalizados y privados de libertad. En cambio, se me mantuvo en prisión preventiva por casi dos años, mientras la Fiscalía filtra información reservada para blindar a actores políticos.
Esto no es justicia, es persecución. Y es, precisamente, esa utilización indebida del aparato estatal lo que debe ser denunciado ante las comunidades vulnerables y ante la opinión pública nacional.
LA FIGURA DEL EX GOBERNADOR VALLESPÍN: LA MANO NEGRA
¿Por qué originalmente el Gobierno Regional de Los Ríos destinaría 600 millones de pesos a la Corporación Kimün y, luego, el monto final fue de 1.200 millones de pesos?
-Se ha comprobado en el juicio y en la carpeta de investigación que fue netamente una decisión orquestada por Patricio Vallespín y los CORES, pero fundamentalmente fue una decisión de Vallespín, el aumentar de 600 millones de pesos a 1.200 millones de pesos a la Corporación Kimün y es muy importante aclarar a la Región de Los Lagos que a mí se me acusó como representante de Kimün y yo no soy el representante, nunca lo he sido. Ésa es una acusación falsa que sostuvo durante tres años la Fiscalía.
¿Y por qué figura, usted, entonces?
-Fui contratado para ser coordinador técnico en la ejecución del programa de saneamiento de la tenencia irregular de la propiedad RA. Y me contrató Jaime Huincahue. De los cinco meses en los que estuve a cargo del programa, el programa se terminó al inicio. Éste era un programa por 24 meses y el programa se cortó a los cinco meses.
¿Por qué se cortó el programa?
-El programa se cortó por una operación política denominada “Chao Kimün”. El que organizó esta operación política para terminar el programa fue Patricio Vallespín.
El tratamiento del caso Kimün incluyó filtraciones de la carpeta investigativa y un despliegue mediático que respaldó la medida de prisión preventiva en su contra. ¿Hasta qué punto la gestión de la fiscal Wittwer propició un “juicio paralelo” en la opinión pública para anular su presunción de inocencia antes de llegar a un tribunal?
-El tratamiento del caso revela un patrón alarmante: filtraciones indebidas de la carpeta investigativa y un despliegue mediático que legitimó la prisión preventiva antes de que un tribunal pudiera pronunciarse. En los hechos, la gestión de la fiscal Wittwer configuró un “juicio paralelo” en la opinión pública, anulando de facto la presunción de inocencia.
Desde la formalización, la fiscal regional recurrió a lo que la doctrina denomina Populismo Penal, práctica expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico chileno y condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra México y El Salvador. Se trata de acusar públicamente a una persona sin pruebas, instrumentalizando su origen étnico, color de piel o condición social como agravantes, para dar una falsa sensación de eficiencia investigativa.
Este proceder vulnera el principio de inocencia consagrado en el Pacto de San José y en el artículo 4 del Código Procesal Penal. En vez de proteger a los más débiles, la fiscal regional utilizó el poder del Estado para blindar a los poderosos. La lógica fue perversa: primero me encarcelaron, para cumplir una exigencia política, y luego buscar cómo justificar la prisión. La investigación, sin embargo, demostró mi inocencia, obligando a eliminar siete delitos y dejar solo uno: lavado de activos, con una pena solicitada de cuatro años, de los cuales cumplí dos, es decir, utilizaron la prisión preventiva como condena anticipada, una práctica sistemática del Estado, en contra de líderes mapuche, como el caso Lonkos por el cual fue condenado el Estado de Chile, el caso de Daniel Melinao, el Lonko Curamil y la Machy Linconao.
El trato ha sido desproporcionado: el primer formalizado, el más tiempo encarcelado, el único con caución de diez millones de pesos, y todo ello bajo el argumento de “peligro de fuga” por ser mapuche. Una interpretación que contradice el Convenio 169 de la OIT y el artículo 54 de la Ley N°19.253, que establecen que la condición indígena sólo puede operar como atenuante o eximente, nunca como agravante.
A esto se suma la complicidad de la fiscal regional en la violación de la carpeta secreta, entregando información reservada a actores políticos como Patricio Vallespín y el senador Fidel Espinoza. Tal conducta constituye tráfico de influencias y una omisión grave de su deber legal de denunciar ilícitos dentro de la institución que dirige y, por supuesto, una violación flagrante al principio de objetividad que rige al Ministerio Público. La pregunta inevitable es: ¿qué poder político la respalda y por qué permanece impune?
El resultado es devastador: un sistema jurídico que, en la práctica, establece una relación desigual entre débiles y poderosos. Como sostienen los doctores en derecho, Juan E. Vargas y José Muñoz, en Chile existe “una justicia penal para pobres y una justicia penal para poderosos”. Si aceptamos un sistema que trata con benevolencia al poderoso y culpable, y con dureza al pobre, mapuche e inocente, no podemos afirmar que la justicia chilena sea justa.
LA MIRADA CENTRADA EN LA DESCONFIANZA Y EN LAS PRÁCTICAS DE IMPUNIDAD
Desde su experiencia en la causa, ¿de qué manera el actuar de la fiscal Wittwer erosiona la confianza en el Ministerio Público y reafirma la idea de que la persecución penal está instrumentalizada?
-En todas sus intervenciones públicas desde 2023, la fiscal regional Wittwer ha difundido afirmaciones falsas sobre mi persona. Me atribuyó ser representante de Kimün, recibir 30 millones de pesos, postular a fondos del GORE, cometer fraude al Fisco, lavado de activos y utilizar ilegalmente personalidad jurídica. Ninguna de esas imputaciones tiene sustento en la carpeta investigativa. Hemos documentado más de 30 falsedades discursivas que, lejos de ser errores, configuran un patrón de manipulación comunicacional.
Este actuar erosiona la confianza ciudadana en el Ministerio Público por tres razones fundamentales:
- Violación del principio de legalidad: La fiscal no representa a una institución privada, sino al Estado. Su mandato está limitado por la ley, y en ningún ordenamiento jurídico se autoriza a un fiscal a faltar a la verdad para perseguir a un ciudadano.
- Juicio en los medios, no en tribunales: La fiscalía ha operado como si fuese la antigua CNI, condenando por condiciones políticas y étnicas más que por hechos probados. Al instalar un relato en la prensa, sustituye el rol exclusivo de los tribunales colegiados, debilitando el estado de derecho y reforzando la percepción de una justicia de “doble vara”.
- El 9 de agosto de 2026, la fiscal Wittwer actuó como si fuese defensora penal pública, declarando la inocencia de un imputado sin investigación exhaustiva, pese a que las pruebas de la propia fiscalía lo incriminan. Ese doble estándar —acusando sin pruebas a unos y exculpando sin rigor a otros— confirma la instrumentalización política de la persecución penal.
En Chile, existen ciudadanos de “primera y segunda clase”. El caso Wittwer reproduce ese patrón: trato privilegiado a autoridades vinculadas al poder político y económico, y persecución agravada contra líderes mapuche. Tal práctica recuerda episodios como la Operación Huracán y el Caso Linconao, donde se comprobó la fabricación de pruebas y el sesgo racial en la persecución penal.
Si los agentes del Estado vulneran la ley, el sistema democrático pierde gobernabilidad por la caída de credibilidad, que ninguna persona está por sobre la ley, la fiscal regional no es la excepción, es la prueba del trato desigualdad y la impunidad.
Cuando un fiscal de alto perfil actúa con lo que usted describe como sesgo y desproporción, el daño trasciende su caso personal. ¿Qué mensaje le transmite la conducción de la fiscal Wittwer a la ciudadanía respecto a la imparcialidad de la justicia chilena frente a los delitos de corrupción?
-El mensaje que transmite la conducción de la fiscal Carmen Gloria Wittwer es devastador para la confianza ciudadana en la imparcialidad de la justicia chilena frente a los delitos de corrupción. Cuando un fiscal de alto perfil actúa con sesgo y desproporción, la señal que recibe la ciudadanía es que la verdadera corrupción jamás será condenada, porque la fiscalía se comporta como un partido político encubierto, lleno de operadores que responden a distintos colores y poderes, y que utilizan la persecución penal como un instrumento de anulación contra quienes son percibidos como enemigos internos del sistema.
La consecuencia es doble: por un lado, se instala la idea de que la justicia opera con doble vara, protegiendo a quienes están vinculados al poder político y económico, mientras se persigue con dureza a quienes representan voces críticas o pertenecen a pueblos originarios. Por otro, se erosiona el principio de objetividad, que debería ser la columna vertebral del Ministerio Público, transformando la Fiscalía en un espacio de arbitrariedad y manipulación.
Tal como señalé en la carta abierta a Gabriel Boric, para que exista verdadera justicia en Chile, la fiscalía debe estar libre de persecución sesgada y de presiones políticas. Mientras fiscales actúen como operadores de intereses ajenos al bien común, la ciudadanía seguirá percibiendo que la corrupción real —la que involucra a autoridades y redes de poder— queda impune, y que el Ministerio Público se convierte en un instrumento de control político más que en un garante de justicia.
CASO “MUÑECA BIELORRUSA”: UNA TRAMA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y COHECHO
La fiscal Carmen Gloria Wittwer también es parte de la investigación del Caso “Muñeca Bielorrusa” / Ángela Vivanco, por eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias. Durante las audiencias y tramitaciones del caso contra la ex ministra de la Corte Suprema, las defensas técnicas han cuestionado la oportunidad de sus formalizaciones y la velocidad de ciertas diligencias procesales (como la toma de declaraciones a otros integrantes de salas judiciales). ¿Qué piensa sobre este tipo de situación?
-Resulta inverosímil que el fiscal nacional haya designado a la fiscal regional de Los Lagos, para encabezar una investigación de la magnitud del Caso Muñeca Bielorrusa / Ángela Vivanco, donde se ventilan eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Estamos hablando de una funcionaria que ya ha demostrado irregularidades en la persecución penal, vulnerando el principio de objetividad, filtrando información reservada y protegiendo a políticos y fiscales en causas previas. Con ese historial, su nombramiento no puede leerse como un acto de confianza institucional, sino como una decisión política. La única explicación plausible es la presión de senadores y operadores que utilizan al Ministerio Público como herramienta de poder.
Si la vara fuese la objetividad y el profesionalismo, esta fiscal no sería la adecuada. Por el contrario, su designación se interpreta como un premio a la obediencia política demostrada en el caso Convenios, arista Kimün, donde cumplió órdenes sin pruebas y sin respeto al debido proceso. Una fiscal “a sueldo” convertida ahora en fiscal “a premios”.
¿Qué opina del hecho de que cuando se investigan redes de poder político, económico y judicial, en el caso de esta fiscal regional, sus decisiones de formalización y sus tiempos investigativos han enfrentado la resistencia y las acusaciones de sesgo o persecución por parte de los querellados?
-El hecho de que las decisiones de formalización y los tiempos investigativos de la fiscal regional Wittwer enfrenten resistencia y acusaciones de sesgo por parte de los querellados no es casualidad, ya que refleja un modo de operar que atenta directamente contra el estado de derecho.
Cuando se investigan redes de poder político, económico y judicial, la ciudadanía espera que la fiscalía actúe con objetividad y rigor probatorio. Sin embargo, lo que se observa es una práctica que recuerda a los regímenes autoritarios: en la dictadura chilena o bajo el nacionalismo nazi, la prueba y los hechos eran irrelevantes; lo central era asegurar la prisión preventiva como mecanismo de neutralización política, más que encontrar a los verdaderos responsables.
Ese patrón se repite hoy: la formalización se convierte en un instrumento de presión, no en un acto de justicia. Por ello, las defensas han reaccionado en derecho, denunciando un actuar irresponsable que vulnera garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia.
¿Sigue sosteniendo que la fiscal, se ha comportado como vocera política del ex gobernador Patricio Vallespín, encubriendo filtraciones, ocultando pruebas exculpatorias, ejerciendo presiones indebidas?
-Sí, lo sostengo con firmeza. La conducta de la fiscal Carmen Gloria Wittwer refleja que es más vocera política del ex gobernador Patricio Vallespín que representante imparcial del Ministerio Público. Su conducta no se limita a errores aislados, sino que configura un patrón sistemático: encubrimiento de filtraciones, ocultamiento de pruebas exculpatorias, presiones indebidas sobre imputados y defensas, aplicación de tortura procesal y hasta la invención de delitos en una carpeta secreta bajo su mando.
Las razones para proteger al ex gobernador Vallespín no son jurídicas, sino políticas. Se ha comprobado en los chats extraídos de la carpeta investigativa —informes periciales de la PDI mediante— que existía un acuerdo de impunidad pactado en reuniones secretas con el senador Fidel Espinoza, fiscales y el propio Vallespín. Este pacto no sólo se refleja en los mensajes interceptados, sino también en las declaraciones públicas y entrevistas tanto del senador Espinoza como de la fiscal regional, cuyas palabras y actos confirman la denuncia.
El costo de ser el primero: ¿Fue Diego Ancalao el chivo expiatorio del Caso Convenios?
Se ha hablado, respecto de la impunidad de las redes de poder regional, que la fiscalía concentró su fuerza punitiva sobre usted, pero la responsabilidad de altos funcionarios del GORE de Los Lagos y los administradores originarios de Kimün, pareció diluirse. ¿Considera que fue utilizado como un “chivo expiatorio” efectista para dar una falsa señal de severidad a la ciudadanía sin tocar el poder político local?
-La pregunta sobre si fui convertido en un “chivo expiatorio” no es meramente retórica: es el núcleo de cómo se construyen narrativas de poder en Chile. Durante el Juicio Oral en Puerto Montt, los chats incorporados en la carpeta investigativa —peritajes de la PDI incluidos— revelaron reuniones entre el senador Espinoza, el ex gobernador Vallespín y fiscales que actuaron como asesores privados. Esa operación, denominada en los propios mensajes “Chao Kimün”, no fue una ficción: está documentada en informes oficiales con fecha 17 de julio de 2023.
La Fiscalía necesitaba mostrar severidad ante la ciudadanía y el camino más rápido fue concentrar la fuerza punitiva en mi persona, porque era más visible y más fácil de asociar con el caso. En cambio, una investigación de verdad, habría implicado investigar a fondo las responsabilidades del gobernador regional de Los Lagos, pero fue desplazado por conveniencia política.
La prueba más clara de este blindaje es la declaración pública de la fiscal regional, descartando delitos penales respecto de Patricio Vallespín. Esa afirmación excede las atribuciones del ente persecutor: corresponde a los jueces determinar culpabilidad o inocencia, no a la Fiscalía anticipar un veredicto. Al hacerlo, se envió una señal política de protección, mientras se construía una condena mediática contra mí.
A ello se suma un hecho aún más grave: está acreditado en audio que un fiscal afirmó textualmente que “el señor Ancalao debe mantenerse preso por sus particulares nexos con la causa indígena”. Se me atribuyó un riesgo de fuga por mi condición de mapuche. Convertir la identidad indígena en un factor de criminalidad es una vulneración directa a la igualdad ante la ley y un sesgo racial que erosiona el artículo 5 de la Constitución y las garantías judiciales.
Ese sesgo se tradujo en condiciones inhumanas: mi esposa fue detenida en Frutillar por una causa diversa, dejando a mis hijos menores abandonados en la vía pública de un sector rural, mientras yo permanecía en prisión preventiva. He estado 18 meses privado de libertad por una formalización que comenzó con ocho cargos y que se reduce a uno solo, de lavado de activos, por mis honorarios.
Lo más escandaloso: la fiscalía regional ocultó la prueba exculpatoria fundamental. Tenía desde el 10 de agosto de 2023 la declaración de Jaime Huincahue y el comprobante de depósito que acredita que los $33 millones cobrados por caja volvieron inmediatamente a las cuentas de la institución y no a mi patrimonio. Renovó el secreto de la investigación sólo para impedir que mi defensa accediera a ese documento forense que probaba mi inocencia, manteniendo mi prisión de forma arbitraria.
En definitiva, fui utilizado como un símbolo punitivo, un expediente rápido para satisfacer la demanda ciudadana de justicia, mientras el verdadero poder local quedó impune. Esa es la paradoja: cuando el sistema judicial se deja llevar por el impacto mediático, sacrifica la racionalidad.
¿Por qué insiste en autodefinirse como “un chivo expiatorio?
–Al ser el primer detenido de alto perfil mediático cuando estalló el escándalo, cumplí un extenso período de prisión preventiva (más de un año y medio en el penal Alto Bonito), mientras que otros implicados enfrentaron las etapas iniciales en libertad. La Fiscalía me formalizó inicialmente por una gran cantidad de delitos que carecían de pruebas sólidas y terminaron diluyéndose o desestimándose parcialmente con el avance de la investigación.
La carga punitiva y mediática recayó fuertemente sobre mí, sirviendo para calmar la presión pública, mientras que otros actores políticos o institucionales vinculados a la firma y aprobación de los convenios no habrían enfrentado el mismo nivel de persecución judicial.